La denuncia contra Rosana Lodovico, Directora General de Aduanas
(CNN Radio Argentina) – Yamil Santoro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y fundador de la Fundación Apolo, habló este lunes en CNN Radio sobre la denuncia que su fundación presentó contra Rosana Lodovico, Directora General de Aduanas, por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
En CNN Primera Mañana, con la conducción de Pepe Gil Vidal, Santoro informó: "Lodovico, junto a su ex marido y jefe de la sección de Encomiendas Fiscales Internacionales de la Aduana, habrían recibido un préstamo por 250 mil dólares por Promarlon SA, que es una empresa que tiene relaciones con la Aduana. El problema de esto es que habría algún tipo de retorno o devolución de gentileza al estar recibiendo, por parte de una empresa, otorgando un crédito en condiciones muy conveniente a este matrimonio relacionado a actividades aduaneras". Y afirmó que dicha empresa tiene denuncias por contrabando.
En ese sentido, señaló que depende del encuadre que le de el Poder Judicial al caso. Sin embargo, afirmó que a la situación le aplicarían las figuras de negociaciones incompatibles con la función pública y el incumplimiento de deberes de funcionario público.
"Habría que ver si se relacionan ambas causas y el encuadre jurídico, pero lo más importante es que hay que aclarar que fue algo anormal desde cómo se opera este tipo de causas. Esperamos que la justicia avance con la mayor celeridad posible", agregó.
A su vez abogó por extremar los controles patrimoniales y procesos de las personas a cargo de organismos como Aduana, de inspección o AFIP, por ejemplo. Y justificó: "Tiene que ver con algo tan simple con que, en cabeza de un funcionario se muevan miles de millones de dólares, la tentación se torna cada vez más alta".
Por último, Santoro habló de su proyecto de ley, en donde establece que para ser legislador se debe contar con título secundario: "Hay que aclarar que los requisitos están planteados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y no establecen requisitos en el nivel de formación".
"Nosotros planteamos que, como la Ley de Educación establece que contar con el título secundario es obligatorio, corresponde y tiene sentido que los funcionarios que apuesten a regular la vida de otros a través del Poder Legislativo, mínimamente cuenten con él", concluyó.
