Por Rafael Romo, CNN
Lima (CNN) — Durante los últimos 15 años, Victoria Vigo ha tratado de encontrar la verdad sobre su infertilidad. Después de que su tercer hijo naciera muerto, la instructora de liderazgo de 49 años residente en Lima, la capital de Perú, nunca más pudo concebir.
Tres meses después de perder a su hijo, un doctor le confirmó sus peores miedos: sus trompas habían sido ligadas sin su consentimiento ni conocimiento. “Me sentí mutilada. Esa es la verdad. Mis derechos como madre y mujer fueron violados”, dijo Vigo.
Vigo no es la única mujer en Perú que fue esterilizada en los 90 durante el mandato del presidente Alberto Fujimori. Organizaciones de derechos humanos afirman que hay más de 2,000 casos documentados de mujeres cuyas trompas fueron ligadas sin su consentimiento.
Nadie sabe realmente cuántas mujeres fueron esterilizadas a la fuerza en todo Perú, pero Víctor Cubas, el fiscal especial que reabrió la investigación en octubre, afirma que el número alcanza millares.
“La Fiscalía General de Perú tiene conocimiento de alrededor de 2,000 mujeres (en esta situación), sin embargo, basándose en la cantidad de personas (que participaron en la campaña), los casos de esterilización forzada podrían ser mayor a nivel nacional. Hay muchas mujeres quienes estoy seguro que no lo han reportado y por lo tanto, sus casos todavía no están documentados”, señaló Cubas.
Todas las solicitudes de información sobre las esterilizaciones fueron archivadas en 2009 y a finales de octubre el nuevo gobierno del presidente Ollanta Humala solicitó a Cubas reabrir la investigación.
Rossy Salazar, abogada de derechos de Demus, una organización a favor de los derechos humanos de las mujeres en Perú, también señala que podrían haber muchos más casos. “Lo que pasó es que (el gobierno) implementó una política de cuotas, forzando e incentivando a doctores, ginecólogos y enfermeras para esterilizar un mínimo de tres mujeres al mes”, comentó Salazar.
Ambos funcionarios de gobierno y organizaciones de derechos humanos coinciden en que alrededor de 300,000 mujeres en todo Perú participaron en una campaña de control natal en los 90. La campaña contemplaba varios métodos, incluyendo lo que autoridades peruanas denominan “cirugía anticonceptiva voluntaria” o ligamiento de trompas de Falopio.
Sin embargo, dice Salazar que este método en particular se utilizó en las mujeres en el Perú rural, especialmente en aquellas que no hablaban español, sin su conocimiento y, a veces, por la fuerza.
En un documental realizado por el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, varias mujeres testificaron que fueron esterilizadas por la fuerza o por coacción.
En la lengua quechua, una mujer no identificada dice que fue llevada por la fuerza a una clínica donde fue esterilizada a pesar de sus objeciones. Otra mujer dice que ella y su esposo fueron obligados a firmar un formulario de consentimiento para la esterilización.
Marino Costa Bauer fue el ministro de Salud del Perú entre 1996 y 1998. Él negó las acusaciones cuando testificó ante el Congreso peruano en aquella década. Y él lo negó de nuevo, en una reciente entrevista en su oficina de Lima.
Costa Bauer admite que la campaña podría haber sido mejor ejecutada. “Por supuesto que hubo problemas”, dijo Costa Bauer. “Yo no voy a negarlo. Nunca he negado la existencia de problemas, pero ¿qué podemos hacer al respecto En primer lugar, se han investigado todas las acusaciones que se presentaron…? Absolutamente todas ellas sin excepción”.
Costa Bauer niega categóricamente que el gobierno estuviera dirigiéndose a las mujeres pobres, indígenas en comunidades rurales. “Nunca hubo ninguna orden o instrucción de mi oficina a favor de un método sobre otro, y mucho menos jamás ofrecimos incentivos para que eso sucediera”, dijo el exministro de Salud.
Hasta ahora Victoria Vigo es la única mujer en el Perú que ha ganado un caso de la esterilización forzada. Después de un juicio de siete años, ella fue compensado con 2,750 dólares, pero su médico no fue enviado a prisión.
Ella ahora trata de demostrar que su médico actuaba bajo las órdenes del gobierno y que todo era parte de una campaña para engañar a las mujeres, especialmente las más vulnerables. “Como mujer, me siento indignado y por eso hace 15 años dije que ninguna mujer debe permanecer en silencio cuando su cuerpo ha sido violada”, dijo Vigo.
Han pasado más de una década desde aquellos considerados responsables de las esterilizaciones forzadas dejaran el cargo. Para las mujeres como Victoria Vigo, la reapertura de las pruebas es la primera esperanza en años de que la justicia puede estar a su alcance.
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