WASHINGTON (CNN) — Los demócratas dicen que el comité de la Cámara no ha encontrado evidencia que muestre que los principales funcionarios del Departamento de Justicia estaban detrás de la investigación sobre tráfico de armas que permitió que cientos de ellas llegaran a los cárteles mexicanos de la droga.
El jefe republicano de la Comisión, por su parte, acusó al departamento de obstruir su investigación de la operación fallida y amenazó por desacato al fiscal general, Eric Holder, ante el Congreso. Holder podría comparecer antes de la Supervisión de la Casa de Gobierno y Reforma de este jueves.
El panel ha conducido una investigación de alto perfil en la Operación Rápido y Furioso, a cargo de agentes federales en Arizona.
Las operaciones estaban destinadas a rastrear el flujo de armas estadounidenses que eran compradas por los cárteles mexicanos; sin embargo, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), permitieron el paso de armas a través de la frontera sin ser interceptadas.
En un informe publicado este martes, la minoría demócrata del panel dijo que no se encontró evidencia de que los jefes del Departamento de Justicia en Washington habían “concebido o dirigido” el plan.
El senador republicano Charles Grassley, uno de los principales críticos de la operación, calificó los hechos como “una defensa instintiva (del Departamento de Justicia) de sus aliados políticos en el Congreso”. Y el presidente del Comité de Supervisión, el representante republicano de California, Darrell Issa, emitió una carta este martes en la que repite la demanda de documentos del Departamento de Justicia ya que argumenta son necesarios para determinar “en qué medida” el departamento “ha obstaculizado nuestro trabajo”.
“Si el departamento sigue obstruyendo la investigación del Congreso y no proporciona la documentación e información, este comité no tendrá más remedio que seguir adelante con los procedimientos por desacato al Congreso”, escribió Issa.
Un funcionario del Departamento de Justicia, que habló bajo condición de anonimato, dijo este martes a CNN que el departamento “ha trabajado continuamente con el comité en sus solicitudes de información.”
Issa ha atacado al titular del comité durante el curso de la investigación y acusó a funcionarios del Departamento de Justicia de engañar al Congreso.
La operación salió a la luz después de la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry en 2010, a mano de dos variantes de armas AK-47 que estaban dentro del programa y que se encontraron en el lugar de la escena. Este hecho provocó duras críticas de altos funcionarios, quienes han dicho que las armas de EU están impulsando la sangrienta guerra contra los cárteles de la droga en México.
Issa ha pedido al Departamento de Justicia todos los documentos relacionados desde febrero 2011.
Pero el informe Demócrata de este martes afirma que el comité de Issa “no ha obtenido evidencia que indica que el fiscal general autorizó el paso de armas y que estaba al tanto de estas denuncias antes de que se hicieran públicas”.
“Ninguno de los 22 testigos entrevistados por el comité afirma haber hablado con el fiscal general acerca de las tácticas específicas empleadas en la operación Rápido y Furioso antes de la controversia pública”, escribieron los demócratas.
Los registros del Departamento de Justicia mostraron que uno de los principales lugartenientes de Eric Holder, Lanny Breuer, jefe de la División Criminal, y el entonces director de ATF, Kenneth Melson, discutieron si las armas ilegales pueden ser capturadas en México si las autoridades de ambos países trabajan juntas.
Grassley señaló que en el documento de este lunes se evidencia que Breuer sabía de una investigación de tráfico de armas en abril de 2010 y “permaneció mudo”.
“Hicieron caso omiso de las señales de advertencia”, dijo Grassley en un comunicado en el informe demócrata.
Un inspector general independiente del Departamento de Justicia está llevando a cabo su propia investigación de Rápido y Furioso, y el presidente Barack Obama dijo a ABC News en octubre que “las personas tendrán que rendir cuentas”.