Phoenix (CNN) — La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de decidir si Arizona puede implementar su controvertida ley migratoria ante las fuertes objeciones del gobierno de Barack Obama. El miércoles se presentarán los argumentos orales.
Un fallo a favor de la gobernadora Joe Brewer en tiempo de elecciones presidenciales podría provocar una renovada atención política en un asunto con cada vez más peso desde que la ley entró en vigor el 29 de de julio de 2010.
Los tribunales federales han bloqueado cuatro partes clave de apoyo de la propuesta de Arizona conocida como la ley Apoye nuestras fuerzas del orden público y los vecindarios seguros, o SB 1070.
El gobierno de Arizona ha argumentado que la inmigración ilegal crea dificultades financieras y problemas de seguridad para sus residentes, y que el gobierno federal no ha podido controlar el problema. El estado del suroeste es el corredor más transitado del país por inmigrantes ilegales.
En Washington, D.C., los argumentos para echar atrás la ley antimigratoria son: “Estos asuntos (los migratorios) sólo están bajo nuestra exclusiva autoridad y la “interferencia” estatal sólo empeoraría las cosas.
La jueza Elena Kagan se ha mantenido imparcial en las acciones para la reanudación de la ley. Antes de asumir el cargo el año pasado, se involucró en la inicial oposición jurídica a la enmienda de bloqueo que emprendió el gobierno de Obama.
La solución más probable es que la Corte tenga una decisión de cuatro a favor y cuatro en contra por el alto tribunal, con esto la ley de Arizona se mantendría en un limbo legal, que impediría que las disposiciones de la ley entren en vigor.
Las cuatro disposiciones de la ley de Arizona que están a la espera son:
- La exigencia de que los policías locales verifiquen el estado migratorio de una persona en caso de que exista una “sospecha razonable” de que la persona se encuentre de manera ilegal en Estados Unidos.
- Una disposición que autoriza a la policía a arrestar a inmigrantes sin orden judicial previa, siempre que exista una “causa probable” de que hayan cometido algún delito público, lo cual los lleva a la deportación del país.
- Una sección que convierte en un delito estatal el hecho de que “inmigrantes no autorizados” no porten sus papeles de registro y otras identificaciones oficiales.
- La prohibición de aplicar, solicitar o ejercer un empleo para aquellos que no están autorizados a trabajar en EU. Eso incluiría a los inmigrantes parados en un estacionamiento que esperan para realizar algún trabajo.
Otras leyes parecidas se encuentran bajo controversia en tribunales menores de Georgia, Alabama, Utah y Carolina del Sur. La apelación en el caso de Arizona es la primera en llegar a la Corte Suprema de Justicia de EU.
El debate gira en torno a si los estados tienen autoridad para implementar leyes sobre asuntos migratorios o si esa es función exclusiva del gobierno federal.
Esta instancia sostiene que permitir tal facultad a los estados dañaría las relaciones entre Estados Unidos y otros países, al interrumpir los esfuerzos de cooperación existentes y perseguir injustamente a los inmigrantes legales.
Entre simpatizantes y detractores
Los legisladores republicanos, el alcalde del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, han presentado documentos de apoyo a favor de la ley. Entre los opositores a la enmienda están el gobierno mexicano, la Liga Antidifamación, la Asociación Estadounidense de Abogados Migrantes y la ciudad de Tucson.
El gobierno de Arizona argumenta: “Nuestro estado gasta cada año varios cientos de millones de dólares en encarcelar a los delincuentes foráneo, y en ofrecer educación y atención médica a los extranjeros que entraron y residen en el país violando las leyes federales”.
Los defensores de los derechos civiles y los grupos minoritarios, así como algunos organismos judiciales, temen que la ley sólo fomente la discriminación racial, merme los recursos para hacer válido el cumplimiento de la ley, obstaculice la investigación de delitos más graves y mutile las relaciones con las comunidades migrantes.
En 2010, una juez federal detuvo la implementación de las disposiciones más polémicas. A otras partes de la SB 1070 se les dio el visto bueno, entre ellas la prohibición de las “ciudades refugio”, o de los municipios con leyes o políticas que las convierten en lugares relativamente seguros para los inmigrantes indocumentados.
El fallo de la juez Susan Bolton también permitió los aspectos de la ley relacionados con las sanciones a los empleadores que contratan a inmigrantes ilegales.
La apelación de Arizona podría sentar un importante precedente en leyes parecidas que están aún por definirse en cortes de todo el país. En la primera mitad de 2011, las legislaturas estatales en los 50 estados y Puerto Rico presentaron un número nunca antes visto de proyectos de ley o resoluciones relativas a los inmigrantes o refugiados, según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Los estados presentaron 1,592 de esos proyectos de ley o resoluciones, en comparación con los 300 presentados en 2005.