Por Charles García, especial para CNN
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Nota del editor: Charles García es presidente de García Trujillo, una empresa enfocada en el mercado hispano, y autor de “Leadership Lessons of the White House Fellows”. Oriundo de Panamá, vive en Florida. Puedes seguirlo en Twitter en @charlespgarcia
La decisión que tomó la Corte Suprema el mes pasado en el famoso caso sobre la ley de inmigración de Arizona rompió moldes por omitir las palabras “inmigrantes ilegales” y “extranjeros ilegales”, que no aparecen en el fallo más que cuando se citan otras fuentes. El lenguaje utilizado por la corte, sin emitir juicios, le dio un enfoque más humanista al actual proceso de reestructuración de la política inmigratoria.
Cuando uno etiqueta a alguien como “inmigrante ilegal” o “extranjero ilegal”, o, simplemente como “ilegal”, lo que uno está diciendo es que el individuo es ilegal, en lugar de las acciones que ha realizado. Los términos implican que la mera existencia de un emigrante no autorizado en Estados Unidos es algo criminal.
En este país todavía existe una presunción de inocencia de tal forma que exige un jurado para que se pueda condenar a alguien de un juicio. Si no pagas los impuestos, ¿eres ilegal? ¿y si te ponen una multa de tráfico por exceso de velocidad? ¿y si te condenan por asesinato? No. No por eso eres ilegal. Incluso los presuntos terroristas o abusadores de niños tampoco son etiquetados como ilegales.
Al erigirse en juez, jurado y verdugo, deshumanizamos al individuo y generamos animosidad hacia él. El editorialista de The New York Times Lawrence Downes dice que la palabra “ilegal” suele ser una expresión de “odio racial o étnico”
El término “inmigrante ilegal” se utilizó por primera vez en 1939 como una forma de insulto de los británicos hacia los judíos que huían de los nazis y entraban sin autorización a Palestina. El sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel dijo entonces acertadamente que “ningún ser humano es ilegal”.
Los trabajadores inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos no son, y nunca han sido, criminales. Están sujetos a deportación mediante un procedimiento civil-administrativo diferente a un procesamiento penal, y en el que los jueces tienen discreción para permitir quedarse a algunos.
Otra idea falsa es que la gran mayoría de los trabajadores inmigrantes en situación irregular en la actualidad entraron al país cruzando la frontera en medio de la noche. De hecho, casi la mitad de ellos entraron a Estados Unidos como turistas o con una visa válida de trabajo y terminaron quedándose más tiempo del permitido. Muchos estudian, trabajan, se casan y empiezan una familia. Algunos, incluso se alistan en las fuerzas armadas, como el cabo José Gutiérrez, de la infantería de marina, que fue el primer combatiente en morir en la Guerra de Iraq. Aunque el gobierno estadounidense le dio la ciudadanía a título póstumo, hay otros 38.000 soldados indocumentados defendiendo nuestro país.
El juez Anthony Kennedy, al escribir en nombre de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, junto al presidente del tribunal John Roberts y otros tres jueces, dijo: “Por regla general, no es un crimen que un extranjero deportable se quede en Estados Unidos”. La corte también falló que no es un crimen buscar un trabajo o realizarlo sin la autorización debida.
Como explicó Kennedy, la deportación de un inmigrante no autorizado es un asunto civil en el que, incluso aunque la persona no tenga el estatus debido, las autoridades federales gozan de amplia discreción para decidir si tiene sentido la deportación .Por ejemplo, si una persona no autorizada trata de mantener a su familia trabajando o tiene “hijos nacidos en Estados Unidos, amplios vínculos con la comunidad o una trayectoria distinguida en el servicio militar”, las autoridades pueden permitirle que se quede. También, si los individuos o sus familias corren peligro de ser perseguidos políticamente o sufrir daño a su regreso al país de origen, también pueden permanecer en Estados Unidos.
Aunque la Corte Suprema eligió un lenguaje que no promueve el odio y la división, los periodistas siguen usando estas expresiones ofensivas.
El profesor de periodismo de la Universidad de Memphis Thomas Hrach realizó un estudio basado en 122.000 artículos de prensa entre el año 2000 y el 2010 para determinar qué términos se utilizaban para describir a los extranjeros que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos. Lo que descubrió es que en el 89% de los casos los periodistas utilizaron términos como “inmigrante ilegal” o “extranjero ilegal”.
Hrach detectó un incremento substancial en el uso de “inmigrante ilegal”, que corresponde con la decisión del Libro de Estilo de la Agencia Associated Press que en 2004 recomendó el uso de esa expresión (Es también el término preferido en CNN y The New York Times). El Libro de Estilo de AP es la autoridad en el uso de la palabra en prácticamente todos los diarios de Estados Unidos, así como el preferido por los medios de televisión, radio e Internet. Según AP, el término es “preciso y neutral”:
Que AP diga que “inmigrante ilegal” es “preciso y neutral” es como que la agencia de calificación crediticia Moody’s le diera una calificación de triple-A a un fondo de Bernie Madoff por su seguridad y crédito.
Es casi como si AP siguiera el guión del encuestador y colaborador de Fox News Frank Luntz, considerado el mayor experto republicano en la elaboración de mensajes políticos perfectamente conservadores. En 2005, escribió un memorándum secreto de 25 páginas que alteraría radicalmente el debate sobre la inmigración para distorsionar la percepción pública del tema.
El memorándum recoge casi a la perfección la postura de Mitt Romney frente a la inmigración, al igual que la de todo político anti-inmigrante y conservador. Para lograr el mayor impacto, Luntz insta a los republicanos a apelar a la retórica del miedo: “Se trata de que va a haber hacinamiento en tus escuelas, caos en las salas de emergencia en TUS hospitales, un aumento de TUS impuestos y el crimen en TUS comunidades”. También los alienta a hablar de “seguridad fronteriza” porque, después del 11 de septiembre, este “argumento funciona bien entre todos los votantes, incluso entre los más demócratas”, ya que evoca el fantasma del terrorismo.
El clásico de George Orwell “1984” muestra cómo incluso una sociedad libre es susceptible a la manipulación mediante el uso repetitivo de frases manidas y prefabricadas que convierten a la gente en maniquíes, presas fáciles de la clase política.
En este libro, Orwell crea un personaje llamado Syme que me recuerda demasiado a Luntz. Syme es un genio de la palabra que trabaja en el departamento de investigación del Ministerio de la Verdad. El se inventa los dobles discursos del Gran Hermano y edita el Diccionario de la Neolengua destruyendo las palabras que puedan inducir a “crímenes de pensamiento”. La Sección B contiene las palabras del doble discurso con implicaciones políticas que se propagarán en las mentes de los oradores como un veneno.
En el apéndice B del libro de Luntz “Words That Work” (Palabras que funcionan) enumera “las 21 palabras y frases políticas que nunca deberías decir”. Por ejemplo, destruye “trabajador indocumentado” y en su lugar utiliza “inmigrante ilegal”, porque “la etiqueta” que usas “determina la actitud de la gente hacia ellos”.
Y el veneno es eficaz. No es casual que en 2010 los crímenes de odio contra los latinos fueran el 66% de los actos de violencia por motivos de etnia, un aumento notable con respecto al 45% de 2009, según el FBI.
En su ensayo “Política y el idioma Inglés”, Orwell advertía que uno debe estar siempre en guardia contra las frases hechas que “anestesian una parte del cerebro de uno”. Pero Orwell también escribió que “de vez en cuando uno puede incluso, si grita lo suficientemente alto, mandar a la basura algunas de esas frases manidas e inútiles”, como hizo la Corte Suprema.
(Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a Charles García)