Por Juan Pablo Mayorga
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La geografía y la diplomacia han encallado el asilo diplomático otorgado este jueves por el gobierno de Ecuador al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Luego de casi dos meses de vivir refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, el australiano de 41 años recibió del gobierno de Quito una respuesta positiva a su solicitud de asilo para librar su extradición por parte de Gran Bretaña a Suecia, donde enfrenta cargos de abuso sexual.
Para gozar de los privilegios plenos de la protección diplomática, Assange debe salir del territorio británico y llegar a Ecuador, algo que el gobierno británico ha informado que no permitirá y que mantiene el caso trabado entre los argumentos legales de ambos países.
Assange ingresó en la representación ecuatoriana el 19 de junio, ignorando las condiciones de su libertad condicional que lo obligaban a permanecer en una residencia en Norfolk —este de Inglaterra— y recibir una visita diaria de revisión.
Salvoconducto, única salida
Para salir de la sede diplomática, el fundador de WikiLeaks debe contar con un salvoconducto del gobierno británico, el cual solo puede ser conseguido a través de la negociación con Ecuador, dijeron a CNNMéxico analistas en derecho internacional.
“No existe la obligación (para Gran Bretaña) de otorgar un salvoconducto. Esto tiene que ser una situación concertada”, dijo Gabriela Rodríguez Huerta, especialista en derechos fundamentales y garantías del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Gran Bretaña no está obligada a ceder el paso a Assange debido a que el “asilo político” otorgado por Ecuador no implica el reconocimiento internacional de Assange como “refugiado político”, la figura legal para estos casos suscrita por la comunidad internacional en la Convención de Ginebra, detalló Rodríguez.
Uno de los abogados de Assange, el español Baltasar Garzón, aseguró este jueves que la defensa y el gobierno de Ecuador reclamarían “ante los tribunales que sean necesarios” el salvoconducto, que consideró “ineludible” para Gran Bretaña, según información de EFE.
Horas antes, el ministro de Exteriores británico, William Hague, reiteró la intención de su gobierno de extraditar a Assange a Suecia, en cumplimiento con la orden de extradición en su contra, y aseguró que Gran Bretaña no está obligada por ningún documento a reconocer el asilo diplomático al australiano.
“No permitiremos al señor Assange un pase hacia fuera del Reino Unido, ni hay una base legal para nosotros para hacerlo. El Reino Unido no acepta el principio de asilo diplomático”, dijo Hague.
Gran Bretaña es ajena a la figura de asilo diplomático porque es un principio tradicionalmente de América Latina, desarrollado en el contexto de golpes de Estado de los últimos dos siglos, según el doctor en Derecho Miguel Rábago Dortbecker, académico de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Para alcanzar el reconocimiento de Assange como refugiado político y evitar su extradición, es necesario probar que enfrenta riesgos en el país que lo requiere. “El problema es que Suecia es una de las jurisdicciones criminales que más garantías tiene para los procesados, entonces es difícil argumentar que su vida corre un riesgo al ser procesado”, dijo Rábago.
La defensa de Assange también necesita comprobar que es un perseguido político, un argumento que no es compatible con los cargos de abuso sexual que enfrenta en Suecia, detalló el analista.
El gobierno ecuatoriano argumentó esta mañana en el anuncio que hay indicios de que los países afectados por WikiLeaks pueden tomar represalias contra Assange y que, de ser trasladado a Estados Unidos, sería juzgado por tribunales especiales y militares recibiendo “un trato cruel o degradante”.
Gran Bretaña enfrenta una mayor presión jurídica para cumplir con los acuerdos de cooperación penal de la Unión Europea que con los acuerdos sobre refugiados políticos o los tratados con Ecuador, según Rábago.
“Bajo nuestra ley, habiendo agotado el señor Assange todas sus opciones de apelación, las autoridades británicas están bajo una obligación vinculante de extraditarlo a Suecia. Debemos cumplir con esa obligación y por supuesto que intentamos totalmente hacerlo”, aseguró este jueves el ministro de Exteriores británico.
Conflicto de normativas
La situación refleja una contradicción entre dos principios jurídicos internacionales, el de protección a los refugiados políticos y el de cooperación en materia penal, aseguró Miguel Rábago.
“Estamos ante un conflicto de normatividades en las que, o se privilegia el estatuto de refugiado o de asilado político de Assange, o se privilegian las obligaciones de Reino Unido de cooperación penal con Suecia”, dijo Rábago. “En los dos casos habría una violación de una norma y el cumplimiento de otra, es lo complicado del caso”.
Sin opción a huida
Paul Whiteway, exdiplomático británico y director de la consultora con sede en Londres Independent Diplomat, dijo a CNN que es “muy improbable” que Assange pueda escapar del territorio británico.
Podría huir de la embajada en un automóvil diplomático, que en teoría no podría ser revisado por gozar de inmunidad, pero la representación no cuenta con un estacionamiento anexo, por lo que para subir a un vehículo tendría que pisar las calles de Londres, donde lo esperan los agentes de Scotland Yard, detalló Whiteway.
En cuanto a un posible vuelo a Ecuador, podría ser detenido en cualquier aeropuerto británico donde pretendiera tomarlo, añadió. El analista además consideró que el gobierno británico no otorgaría el permiso para entrar al espacio aéreo a una aeronave que goce de inmunidad y represente un potencial escape para Assange.
Otra alternativa para Assange recae en el gobierno de Rafael Correa. Ecuador podría concederle un grado de representación diplomática para gozar de cierta inmunidad, aunque esto no es una garantía de que los agentes de Scotland Yard no lo detendrán.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió este jueves que su Consejo Permanente se reúna de forma extraordinaria este viernes, para definir si convoca o no a un encuentro de cancilleres de la región el 23 de agosto para discutir el tema, reportó la agencia EFE.
¿Intervención en la embajada?
El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo el miércoles que había recibido una notificación escrita de las autoridades británicas afirmando que podrían “asaltar” la representación en Londres si decidían asilar al australiano.
Gran Bretaña cuenta con una ley que le permite retirar la inmunidad a una representación diplomática y, teóricamente, intervenirla en casos de terrorismo y seguridad nacional. La medida fue adoptada en 1987 tras el asesinato de una policía británica por una persona que disparó desde la embajada libia.
“Esa ley va en contra del derecho internacional y de las normas mínimas de las relaciones diplomáticas” contempladas en la Convención de Viena, aseguró la analista Gabriela Rodríguez.
La aplicación de la medida, contemplada para casos de flagrancia, significaría para Gran Bretaña romper el principio jurídico de reciprocidad al cual ha apelado en otras ocasiones, lo que implícitamente pondría el riesgo a sus representantes diplomáticos en el mundo.
En medio de la polémica, el tiempo no es un factor que presione al cerebro detrás de WikiLeaks, ya que puede permanecer indefinidamente en la representación ecuatoriana siempre que cuente con la autorización de Quito.
Un caso que exhibe esta posibilidad es del excardenal católico Jozsef Mindszenty, quien permaneció 15 años refugiado en la embajada de Estados Unidos en Budapest, Hungría, huyendo del régimen soviético.
En tanto, una orden de aprehensión permanece vigente contra Assange por violar las condiciones de su libertad provisional.
El australiano ha denunciado en el pasado que la causa de abuso sexual en su contra es una persecución derivada de su trabajo al frente de WikiLeaks, un sitio que ha ventilado miles de documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos en asuntos como la guerra contra el terrorismo.
El principal temor de Assange es que, de llegar a Suecia, enfrente otra extradición a Estados Unidos, donde un nuevo juicio en su contra podría contemplar la pena de muerte.
Nick Thompson contribuyó con este reporte