Bogotá (CNNMéxico) — El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negocian estos días la paz tras casi 50 años de conflicto. Miles de combatientes aguardan una solución con el recuerdo de fondo de la fracasada desmovilización de los paramilitares con el gobierno de Álvaro Uribe.
El proceso enfrenta el desafío de reinsertar a 10.000 guerrilleros en la sociedad, además de la población que nutre sus redes de apoyo rural. Según Ariel Ávila, del centro de estudios Nuevo Arco Iris, se trata de “unas 40,000 personas”.
La historia reciente de Colombia es un referente en este sentido. En los últimos 20 años, facciones disidentes de grupos guerrilleros y paramilitares han dejado las armas y se han enfrentado a un proceso de desmovilización y reinserción.
“La desmovilización de la guerrilla del M-19 a principios de los años 90 fue globalmente una experiencia positiva”, recuerda el director del centro de estudios De Justicia, Rodrigo Uprimny. El Movimiento 19 de abril, M-19, nació tras las elecciones de 1970, cuando militantes de la Alianza Nacional Popular denunciaron fraude y optaron por la lucha armada apoyados por disidentes de las FARC y del partido comunista.
Uprimny dice que la “vocación” del M-19 era más urbana que rural. Uno de sus líderes, Carlos Toledo Plata, resumía ese talante en una entrevista concedida al diario El País en 1979: “No tiene sentido estar peleando en el campo sin enfrentarse al enemigo en la ciudad y permanentemente”.
Alcanzaron gran influencia a finales de la década de 1970 y principios de 1980, con la convocatoria de marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, pero finalmente aceptaron desmovilizarse. La mayoría de sus miembros se benefició de la política de indulto promovida durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990). Los guerrilleros entregaron las armas y fundaron un movimiento político que consiguió 19 asientos en la asamblea nacional constituyente de 1991.
Uprimny añade otro caso de éxito en la desmovilización de una facción del Ejército de Liberación Nacional, ELN en 1994. El ELN nació en el nororiente colombiano en 1964 con aspiraciones parecidas a las de los revolucionarios cubanos. En su momento de mayor expansión contó con más de 4,000 guerrilleros. Con los años, un grupo crítico con la dirección, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, tomó un camino distinto y acordó con el gobierno su desmovilización. Los militantes de la CRS abandonaron las armas y la corriente se reconvirtió finalmente en un centro de estudios del conflicto colombiano.
El número de combatientes desmovilizados en ambos episodios fue en todo caso menor del que hoy se contempla en el proceso de paz. En el caso de la CRS, fueron 430, y en el del M-19, 900.
La experiencia paramilitar
Entre 2003 y 2006, más de 30,000 paramilitares dejaron las armas en Colombia. Los grupos paramilitares o de autodefensa habían acaparado un inmenso poder en los últimos 30 años con la excusa de luchar contra los guerrilleros.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en 2004 concluía que “estos grupos se vincularon a sectores económicos y políticos en ciertas zonas del país y se fortalecieron notablemente hacia fines de la década de los setenta y principio de los años ochenta. Durante ese período, los grupos paramilitares establecieron estrechos lazos con el narcotráfico. Hacia la década de los ochenta, comenzó a hacerse notorio que estos grupos eran responsables por la comisión de asesinatos selectivos y masacres de civiles”.
El gobierno de Álvaro Uribe fomentó la desmovilización y dio por concluido el asunto con la entrega de armas. Los principales líderes, los más visibles, se plegaron a la justicia y fueron a prisión, pero la mayoría de mandos medios y bajos quedaron fuera. Muchos volvieron a las armas, esta vez bajo la marca de diferentes bandas criminales. Nuevo Arco Iris denuncia esta mutación desde hace años. Primero les llamó neoparamilitares y más tarde adoptó el vocablo que ideó el gobierno, bacrim, bandas criminales. “El gobierno de Uribe nunca desmanteló el poder mafioso de los paramilitares”, explica Uprimny. “Los mandos medios y bajos de los bloques paramilitares tomaron el relevo”, añade, “y empezaron a comportarse de otra forma. Pasaron a ser grupos criminales con vinculaciones narco y ahora matan por el control del territorio”.
“En la desmovilización de los paramilitares, muchos se colaron para obtener los beneficios que daba el gobierno [sueldos] y porque algunos, más narcos que paras, tenían su aparato militar y querían aprovechar para aparecer como paramilitares y obtener total inmunidad. Fue una desmovilización falsa”, según el analista. Tras la desmovilización, el gobierno ha detenido a más de 13,000 “neoparamilitares”, de acuerdo con los datos de Nuevo Arco Iris.
El caso de las FARC
Las FARC producen, procesan y transportan cocaína desde hace años en Colombia. En 2011, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (UNODC) calculó que en el país se cultivaron 64,000 hectáreas de mata de coca, la mayoría en regiones con fuerte presencia de las FARC, caso de Nariño y Putumayo, en la frontera con Ecuador y el Cauca. Miles de guerrilleros y campesinos participan de este negocio cuidando cultivos y operando cocinas en regiones montañosas y selváticas de estos departamentos. La UNODC estima que el mercado de hoja de coca y sus derivados tiene un valor bruto de 420 millones de dólares solo en Colombia.
Uprimny considera que este tema “no se plantea explícitamente en la mesa de negociación”. “Tiene que haber garantías de reinserción y eso es difícil”, matiza. La agenda que manejan gobierno y guerrilla plantea “sustituir cultivos ilícitos con planes integrales de desarrollo” y, en general, una “solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”. En otro de los puntos, se añade el objetivo de “reincorporar a las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses”.
Un general retirado del Ejército colombiano que combatió durante años la guerrilla en el norte y el sur del país entiende que “la mesa de negociación debe establecer perfectamente qué va a pasar con la gente, como se va a reincorporar, si van a tener empleos, si van a tener subsidios, si van a ser castigados jurídicamente…”. “Yo veo una posibilidad en el tema de los cultivos ilícitos”, propone, “el gobierno contrata civiles para que vayan a erradicar, así que podríamos decirle a las FARC: ¡Ustedes que son los que han controlado los cultivos y los que han sembrado minas, bueno, vengan a erradicar y el gobierno les paga’”.
El gobierno colombiano arrasó el año pasado 137,472 hectáreas de mata de coca, según sus propios datos. En opinión del general, los exguerrilleros encontrarían aquí una salida interesante por dos motivos. Primero por la cantidad de matas que hay que arrancar, la mayoría manualmente, y segundo porque nadie mejor que un exguerrillero sabría en qué zonas yacen minas antipersona y en cuáles no. El Ejército colombiano acusa habitualmente a las FARC de sembrar de minas los territorios por dónde se mueven. Según datos del gobierno, 328 ciudadanos colombianos fueron víctimas de las minas entre enero y septiembre de este año.
Ariel Ávila, de Nuevo Arco Iris, apoya la opción que propone el general. “El proceso podría constituirlos en líderes en sus comunidades y que así ayudasen a arrancar los cultivos ilícitos”. Ávila añade otras posibilidades. “Otra opción es que manden a los guerrilleros y a sus redes de apoyo a las ciudades a que reciban formación. Esto entraña un peligro, la mayoría de esta gente es campesina y el entorno urbano supondría un duro choque para ellos. Podría pasar como con los paramilitares”, sostiene, “que encuentren rechazo en las ciudades y busquen salida en la ilegalidad”.
Para Ávila, es más difícil que los desmovilizados acudan a la economía ilícita si se quedan en su entorno. “Allí tienen sus redes, la gente les conoce y para ellos sería más fácil”. En caso de que esto ocurra, la mejor elección según Ávila es que se le entregue un trozo de tierra a cada uno. “Es lo que todo el mundo cree mejor”, concluye.
Uprimny cree que otra de las posibilidades es que parte de los guerrilleros pase a integrar las fuerzas del ejército. “Es difícil”, dice, “aunque ha habido coqueteos. Timochenko habló bien del Ejército y el portavoz de las Fuerzas Armadas habló bien del proceso de paz”. Ávila niega esta opción. “El Ejército no querría, no se aguantarían unos a otros”.
Ávila prevé que el ejército deberá dar de baja a no menos de 70.000 efectivos si el proceso de paz concluye exitosamente. “En paralelo, la policía debería contratar a 50.000 o 60.000 hombres”, argumenta. “La salida no es fácil, los militares no podrían pasar a la policía directamente porque no están preparados. Ellos están acostumbrados a combatir la guerrilla. No es un paso fácil, no se trata solo de la guerrilla, sino de todo lo que conlleva”.
La negociación se desarrolla estos días en La Habana tras haber pasado primero por Oslo, la capital de Noruega. Las FARC anunciaron un alto el fuego de manera unilateral a principios de esta semana.