MADRID (CNN) — Los cargos preliminares contra la infanta Cristina en un caso de corrupción financiera serán descartados, según determinó este martes una corte de apelaciones de España.
Con dos votos contra uno, el tribunal de las Islas Baleares alcanzó un acuerdo con los fiscales y la defensa de la infanta, que argumentó que había evidencia insuficiente para sostener los cargos preliminares sin precedentes contra la princesa, según una copia de la orden judicial a la que tuvo acceso CNN.
La infanta Cristina es la hija menor del rey Juan Carlos de España.
Los cargos preliminares fueron presentados en abril pasado por un magistrado que investiga el caso en el que está imputado el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, quien ya enfrenta cargos preliminares. La Casa Real española de momento no se ha pronunciado sobre el fallo de este martes.
El juez José Castro emitió la orden que incluyó los cargos contra la infanta Cristina el 3 de abril. El mismo juez decidió en 2012 que había evidencia insuficiente para nombrar a la princesa como sospechosa, pero indicó en su fallo el mes pasado que una mayor investigación cambió su opinión y que la infanta debía ser interrogada sobre “el manejo y destino de los fondos obtenidos” a través de la fundación de su esposo y una compañía separada.
Urdangarin enfrentó cargos preliminares durante más de un año. Está acusado de desviar, para uso privado, fondos públicos etiquetados para su fundación no lucrativa. Él niega cualquier mala actuación.
El escándalo ha creado problemas sin precedentes para la popular Familia Real debido al presunto involucramiento de Urdangarin, pero cuando la infanta también fue denominada como sospechosa, el tema saltó a los titulares de la prensa nacional e internacional.
Se trata de la primera ocasión desde que la democracia fue restaurada en España (1975) en que un miembro de la familia inmediata del rey Juan Carlos enfrenta cargos de algún tipo por cualquier caso, dijo el vocero de la Casa Real.
Una encuesta mensual sobre el gobierno, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en abril, mostró un índice de aprobación a la Casa Real de 3.68 en una escala de 10, por debajo de los militares, fuerzas policiales y agencias de noticias. Sin embargo, su aprobación es más alta que la del gobierno, los sindicatos y los grupos empresariales.
En octubre de 2011, la Casa Real tenía un índice de 4.89, y en años previos se encontraba entre las instituciones mejor evaluadas de España.
En abril, la institución reveló que había solicitado al gobierno en febrero incluir a la Monarquía en una nueva Ley de Transparencia —que contemplaba sus finanzas y otras actividades— lo que es actualmente debatido y tiene pendiente su aprobación, dijo un vocero de la Casa Real.