Por Josh Levs, Ed Payne y Greg Botelho
(CNN) — Una inyección letal frustrada en Oklahoma catapultó el tema de la pena capital en Estados Unidos al centro de la atención internacional una vez más y suscitó nuevas preguntas sobre los fármacos que se usan y la garantía constitucional contra los castigos crueles e inusuales.
Lo que salió mal en Oklahoma el martes “no solo causará que las autoridades de ese estado revisen cuidadosamente sus procedimientos y métodos de ejecución, sino que también provocará que muchos estadounidenses de todo el país reconsideren la pertinencia y la moralidad de la pena capital”, dijo Richard W. Garnett, exsecretario de la Suprema Corte de Estados Unidos que ahora da clases de Derecho Penal y Constitucional en la Universidad de Notre Dame.
“La Constitución permite la pena capital en algunos casos, así que la decisión de usarla o abandonarla y la responsabilidad moral de su uso y mal uso está en nuestras manos”.
Aún no está claro qué ocurrió precisamente en la ejecución del asesino y violador Clayton Lockett. Los testigos relataron que el hombre se convulsionó y se retorció sobre la camilla mientras trataba de hablar antes de que los oficiales impidieran que los testigos siguieran viendo.
Fue la primera vez que las autoridades estatales usaron un nuevo coctel de tres fármacos en una ejecución.
La pena capital existe en 32 estados de Estados Unidos, al igual que en la jurisdicción federal y de las fuerzas armadas estadounidenses. Desde 2009, tres estados votaron por su abolición: Nuevo México, Connecticut y Maryland.
Los estados que usan la pena capital se han visto obligados a encontrar nuevos fármacos desde que los fabricantes europeos prohibieron su uso en las prisiones estadounidenses. Uno de los fabricantes es la empresa danesa Lundbeck, productora del pentobarbital.
‘Reinó el caos’
Lockett vivió 43 minutos más después de que le administraran el primer fármaco, reportó la cadena KFOR, filial de CNN. Logró pronunciar las palabras “hombre”, “no estoy” y “algo anda mal”, dijo la reportera Courtney Francisco de KFOR. Luego cerraron las persianas.
Otros reporteros, entre ellos Cary Aspinwall del diario Tulsa World, también dijeron que Lockett seguía vivo y levantó la cabeza mientras los guardias cerraron las persianas para que los observadores no pudieran ver lo que ocurría.
Dean Sanderforf, el abogado de Lockett, dijo que el cuerpo de su cliente “comenzó a estremecerse” y luego “las convulsiones empeoraron. Parecía que toda la parte superior de su cuerpo estuviera tratando de levantarse de la camilla. Durante un minuto reinó el caos”.
Sanderford dijo que los guardias le ordenaron que saliera de la zona de testigos y nunca le dijeron qué ocurrió con Lockett, a quien condenaron en 2000 por homicidio agravado, violación, secuestro y robo.
Tras administrar la primera inyección, “empezamos a aplicar el segundo y tercer fármaco del protocolo”, dijo el director del Departamento de Correcciones de Oklahoma, Robert Patton. “En ese momento hubo inquietud porque los fármacos no hacían efecto. Entonces el médico observó el catéter y determinó que el catéter se había desprendido”. Agregó que la vena de Lockett había “explotado”.
Se detuvo el proceso de ejecución, pero Lockett murió de un infarto, dijo Patton.
Aún no se sabe qué ocurrió precisamente. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, emitió un comunicado en el que dijo que “las autoridades encargadas de la ejecución dijeron que Lockett permaneció inconsciente luego de que le hubieron administrado los fármacos de la inyección letal”.
El estado detuvo la ejecución de otro prisionero, Charles Warner, que estaba programada para más tarde, ese día. “Notifiqué a la oficina del secretario de Justicia y a la de la gobernadora en mi intento por detener la ejecución y solicité una prórroga de 14 días”, dijo Patton.
Otro estado, otra ejecución frustrada
A principios de este año, Dennis McGuire, un prisionero condenado por homicidio y violación en Ohio, pareció jadear y convulsionarse durante al menos 10 minutos antes de morir a causa del coctel de fármacos que se usó en su ejecución.
El estado utilizó el sedante midazolam y el analgésico hidromorfona en la ejecución de McGuire en enero, según el gobierno estatal.
El estado de Louisiana anunció más tarde, ese mes, que usaría la misma combinación de fármacos.
El gobierno de Oklahoma anunció qué fármacos planeaba usar: midazolam, bromuro de vecuronio para detener la respiración y cloruro de potasio para detener el corazón. “Se insertan dos catéteres intravenosos, uno en cada brazo. Los fármacos se inyectan con jeringas de mano simultáneamente en los dos catéteres intravenosos. La secuencia sigue el orden que se enunció arriba. Se recurre a tres ejecutores, cada uno inyecta uno de los fármacos”.
¿Cruel e inusual?
La pregunta para los tribunales es si el uso de esos fármacos en las ejecuciones constituyen un castigo “cruel e inusual” en violación a la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense.
Tras la ejecución de Lockett, Adam Leathers, codirector de la Coalición para Abolir la Pena de Muerte de Oklahoma, acusó al gobierno estatal de haber “torturado a un ser humano en un acto malévolo experimental e anticonstitucional”.
“Los expertos en medicina y derecho de todo el país han advertido repetidamente a la gobernadora de Oklahoma, a los tribunales y al Departamento de Correcciones sobre la probabilidad de que el protocolo que se pretende usar… sea altamente problemático”, dijo Deborah Denno, experta en pena de muerte de la Escuela de Derecho Fordham.
“Este fallo era previsible y el estado (estaba) mal preparado para lidiar con las circunstancias a pesar de que sabían que el mundo entero miraba. Las fallas en la inyección letal han existido desde hace décadas, pero nunca han sido más arriesgadas o más irresponsables de lo que son en 2014. Este resultado es una desgracia”, dijo Denno.
CNN y ORC efectuaron una encuesta a principios de este año en la que el 50% de los estadounidenses dijo que la pena para el homicidio en general debería ser la muerte, mientras que un 45% dijo que debería ser cadena perpetua. El margen de error de la muestra provocó un empate estadístico. El 56% de los hombres respaldaron la pena de muerte en general, mientras que el 45% de las mujeres respondió de igual forma.
En una encuesta que Gallup hizo el año pasado, se descubrió que el 62% de los estadounidenses creen que la pena de muerte es moralmente aceptable, mientras que la mitad, el 31%, la considera moralmente incorrecta.
Dana Ford, Eliott C. McLaughlin y Ross Levitt contribuyeron con este reportaje.