(CNN Español) – El Gobierno de Argentina no logró un acuerdo con los llamados ‘fondos buitre’ para ponerse al día con sus deudas.

En cuanto cerraron los mercados en Estados Unidos este miércoles, la agencia de calificación Standard & Poor’s declaró la “suspensión de pagos selectiva” de Argentina.

El ministro de Economía Axel Kicillof se reunió con los fondos buitres y con un mediador nombrado por el juez Thomas Griesa, quien congeló los fondos que Argentina dispuso para pagar a la inmensa mayoría de bonistas hasta que no se le pague a los fondos especulativos que no aceptaron las condiciones de la reestructuración o canje de la deuda.

Argentina judicialmente está obligada a cumplir el fallo del juez Griesa que estipula que el país le pague a esos fondos unos 1.500 millones de dólares.

Tras salir de la reunión, Kicillof dijo que Griesa delegó en los fondos la decisión de otorgar a Argentina una medida cautelar llamada ‘stay’, y éstos no la dieron.

Kicillof dijo que Argentina les hizo una oferta de canje de deuda en que los fondos obtendrían ganancias de 300%, pero no fue aceptada.

Según el ministro, los fondos buitre pretenden tener aún más ganancias y Argentina no puede acceder a un acuerdo ilegal, que va en contra de sus leyes y contratos.

“La condición de fondos buitres es que Argentina les pague más que al 92,4% de los bonistas”.

Kicillof dijo que Argentina cumplió con el pago de la deuda reestructurada y pretende seguirlo haciendo.

“Este Gobierno no va a firmar cualquier cosa”.

Según el ministro, si se aceptan las condiciones de los fondos, los reclamos a la Argentina podrían ser de hasta 500.000 millones de dólares.

“Griesa parece favorecer a quienes quieren plantear un escenario apocalíptico”.

Kicillof dijo que Argentina le pidió a Griesa que permita que los bonitas cobren, que autorice el pago. “Que el juez impida cobrar no tiene que ver con nuestra solvencia”.

“La Argentina pagó, tiene plata y va a seguir pagando”.

“Vamos a tomar las todas medidas para que no se perpetúe esta situación insólita e injusta”, dijo el ministro, y aseguró que Argentina va a buscar una solución justa para el 100% de sus acreedores.

La encrucijada argentina

El gobierno ha dicho que cumplir la sentencia echaría por tierra la reestructuración de la deuda pública que realizó en 2005 y 2010 y que incluyó al 92% de los acreedores.

Hasta el 31 de diciembre, una cláusula prohíbe a Buenos Aires ofrecer voluntariamente mejores condiciones a los acreedores que no aceptaron negociar. Pero si Argentina no llega a un acuerdo, su economía entraría en cese de pagos.

Por eso el país está en la encrucijada: si paga, tendría que desembolsar además otros 15.000 millones de dólares para saldar la deuda con el 7 por ciento de los acreedores que no entraron a los canjes y que no se hicieron parte de la demanda que impulsan los fondos. Las reservas del Banco Central Argentino la semana pasada alcanzaron a poco más de 29 mil millones de dólares.

El pago regular por 900 millones de dólares que Argentina intentó realizar a parte del 92% de los bonistas con los que negoció fue detenido el 29 de junio por Griesa y no pudo acreditarse en una cuenta en el Banco de Nueva York para que esos bonistas cobrasen. Por la razón que sea, si este pago no se realiza en las próximas horas, el país entraría en suspensión de pagos.

El juez Griesa, que tiene competencia en el tema porque Argentina restructuró parte de su deuda bajo la jurisdicción del estado de Nueva York, paralizó el pago hasta que el país negocie la forma en que saldará su deuda.

Un cese de pagos o default paralizaría el crédito internacional, disminuiría la productividad y podría alargar la recesión que vive el país hasta 2016, según señalan algunos economistas.

Argentina negocia con los fondos especulativos, llamados buitres, en Nueva York por orden del juez Griesa. El principal obstáculo para el gobierno es que existe una cláusula con los contratos que rigen los canjes efectuados que prohibe hasta el 31 de diciembre de 2014 al país ofrecerle voluntariamente a los otros acreedores mejores condiciones que al 92% que negoció y acordó con el país. La administración de la presidenta Cristina Fernández dice que la activación de esta cláusula (RUFO por sus sigas en inglés) pondría en riesgo la restructuración que se ha logrado con los acreedores.

Por eso es que el gobierno argentino le ha planteado al negociador nombrado por el juez Griesa, Daniel Pollack, que reponga la medida cautelar o “stay” y que la extienda hasta el 1 de enero de 2015. Esto protegería al país de entrar en un default, porque permitiría que el gobierno cumpla con los bonistas estadounidenses, sin que estos pagos puedan ser potencialmente embargados, ya sea por el magistrado o a petición de los fondos especulativos. Bajo este escenario, el gobierno argentino, podría legalmente ofrecer una mejor oferta a estos acreedores, sin vulnerar la cláusula RUFO.

Con información de José Manuel Rodríguez