(CNN Español) – Los padres y los amigos de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México, están decepcionados e indignados. No quieren que se les hable del hallazgo de otra fosa: quieren oír que los suyos regresarán a casa vivos.
Varios de ellos han llamado a la sociedad a movilizarse, tras la reunión que mantuvieron el miércoles con el presidente Enrique Peña Nieto. Exigen justicia por parte de unas instituciones que para ellos están rebasadas por el crimen organizado.
En la reunión se acordó el gobierno federal apoye a las familias de las seis personas que murieron la noche del 26 de septiembre, misma fecha en que policías del municipio de Iguala atacaron a los normalistas, los detuvieron y presuntamente, con ayuda de agentes del vecino municipio de Cocula, los entregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos.
Uno de los acuerdos es crear una “comisión mixta” para dar seguimiento a las investigaciones, integrada por altos funcionarios federales, los propios familiares y las personas que ellos quieran agregar.
Por su parte, un grupo de manifestantes que pedía justicia para los 43 desaparecidos abucheó este jueves a la delegación del gobierno de México que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar su Programa Nacional de Derechos Humanos.
En entrevista con Fernando del Rincón, la madre uno de los desaparecidos manifestó la indignación que tienen los familiares con el manejo que el Gobierno le ha dado al caso.
“¿Por qué el Gobierno puede encontrar delincuentes y no puede encontrar a nuestros hijos?”, preguntó Carmelita Cruz.
“Para mí, mi hijo no está desaparecido, está secuestrado por el Gobierno”, dijo Cruz.
Para la madre, el Gobierno es responsable y “quiere echarle la culpa a quien no la tiene”.
La mujer dijo que si supiera dónde están los estudiantes, arriesgaría su vida y se iría a buscarlos sola.
Crisis política
Entretanto, Iguala sigue sin alcalde. El funcionario designado en ese puesto, Luis Mazón, solicitó dejar su cargo al Congreso del estado de Guerrero, pocas horas después de haber sido nombrado.
Aunque se desconoce el motivo de su renuncia, a Mazón se le atribuye haber impulsado políticamente al exalcalde, José Luis Abarca, considerado uno de los autores intelectuales de la desaparición de los 43 estudiantes, y quien se encuentra fugitivo.
Abarca Velázquez era investigado por delincuencia organizada desde 2010, dijo este jueves el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario federal detalló que desde hace cuatro años (en 2010, 2011 y 2012) se abrieron líneas de investigación en contra del ahora político prófugo.
Con información de CNNMéxico.com