Por Michael Martinez y Jaqueline Hurtado, CNN y CNN en Espanol
SAN JOSÉ, CALIFORNIA (CNN) — En el tormento de uno de los padres sobre lo que le pasó a su hijo y a otros 42 estudiantes mexicanos desaparecidos, Isrrael Galindo rechaza la versión oficial sobre que al parecer fueron masacrados. Tiene la esperanza que de alguna manera su hijo y los otros todavían estén con vida.
“Creo que lo tienen arrestado o encerrado. No sé dónde está, pero si lo supiera, iría a buscarlo”, dijo Galindo sobre Israel, de 19 años, su hijo del mismo nombre pero con una ortografía diferente. “Yo quiero que sepa que lo amo”, añadió, mientras sollozaba. “Quiero que éste con vida”.
Fotos: Los 43 desaparecidos en Iguala
La angustia abruma a Galindo que crece día a día, desde que los aspirantes a profesores de escuela primaria desaparecieron el 26 de septiembre tras un enfrentamiento violento con la policía durante una protesta política que también causó seis muertos, entre ellos otros tres estudiantes.
La desaparición masiva es tan inquietante que Galindo no puede creer lo que ocurrió con su hijo. El padre no ha visto a Israel en ocho años, después de migrar a California para encontrar trabajo y enviar dinero a su esposa y sus cuatro hijos en México, pero el recuerdo de él arde vivamente.
Los 43 estudiantes desaparecieron después de ser capturados por la policía en la ciudad de Iguala, en Guerrero. Al parecer, fueron entregados a una banda en el territorio de un cártel y luego ejecutados en un basurero en Cocula, a 14 kilómetros de distancia. La pandilla quemó los cuerpos y los tiraron en un río, según las autoridades.
La lucha contra un “monstruo”
Al igual que muchos otros padres y sus partidarios, Galindo critica a los funcionarios mexicanos de la misma forma en que él afirma que su hijo está vivo.
“Yo no pierdo la fe, pero hemos luchado y peleado con este monstruo delante de nosotros, y no podemos ganarle”, dijo Galindo, de 66 años, un empleado de mantenimiento que vive en San José, California y se cree que es el único padre de los 43 estudiantes que vive en Estados Unidos.
El “monstruo” es el gobierno mexicano, dice Galindo. Él no cree lo que dicen las autoridades sobre la tortura y el asesinato de los estudiantes. La historia es una forma de que las autoridades mexicanas dejen el caso a un lado y sigan adelante, dice. Los 43 estudiantes eran en su mayoría hombres de entre 20 años en una universidad fuera de Iguala dedicada a ayudar a las escuelas rurales pobres.
Hasta el momento, las autoridades han acusado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, como el “autor intelectual probable” en la desaparición de los 43 estudiantes, y él ha sido acusado de seis cargos de homicidio agravado y un cargo de intento de homicidio, dijeron las autoridades.
En total, al menos 74 personas han sido detenidas en relación con las desapariciones y las muertes, y el gobernador de Guerrero pidió licencia en medio de las críticas sobre la lenta respuesta a lo que se ha llamado una de las más graves violaciones de derechos humanos en la historia reciente de América Latina.
Galindo no está satisfecho con los arrestos. “Yo no puedo decir que nuestro gobierno no está haciendo nada. Dicen una cosa y luego otra promesa. Ellos dicen que van a hacer algo, y luego se desvían y no hacen nada”, dijo Galindo.
Alboroto en las esferas más altas
La incapacidad de las autoridades para localizar a los 43 estudiantes o sus cuerpos es una herida abierta en la psique de 43 familias y de la sociedad mexicana. Los activistas de derechos humanos comparan el caso de Ayotzinapa con la masacre en la plaza de Tlatelolco en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, donde la policía habría matado a 300 estudiantes que se manifestaban por una mayor democracia cuando un solo partido controlaba el sistema.
El actual escándalo público ha tocado a las más altas instituciones políticas y religiosas en México.
En el más sagrado de los santuarios dedicados a la patrona de México, algunos padres rezaban a la Virgen en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
“Hemos venido aquí para que la Virgen nos haga un milagro, para darnos una mano, para que aparezcan mi hijo y los otros”, dijo Clemente Rodríguez Moreno, padre de fe cristiana, a la AFP en octubre pasado.
El 20 de noviembre, una caravana nacional de manifestantes se reunirá en la Ciudad de México, encabezada por algunos de los familiares de los 43 desaparecidos y otros estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una pequeña universidad dedicada a la capacitación de los estudiantes para ser docentes.
Las demandas de los padres
Los padres incluso se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia de Los Pinos donde dijeron que los resultados del gobierno son insuficientes.
“Como padres, como estudiantes, como abogados, creemos que estos compromisos no son suficientes”, dijo Melitón Ortega, padre del desaparecido Mauricio. “No hay ningún resultado para nosotros. Los resultados para nosotros serán importantes en el momento en que se entreguen a todos nuestros hijos desaparecidos”.
Los padres quieren que un equipo de especialistas de Argentina revise la investigación, y quieren que el presidente de México firme un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para participar en la investigación, según el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
“Hoy en día no hay ninguna prueba irrefutable, quedan líneas de investigaciones, hay varias personas que necesitan ser detenidas, hay varias declaraciones que podrían cambiar el curso de la investigación”, dijo Rosales.
Otros casos las personas desaparecidas
La supuesta masacre de los 43 estudiantes ahora ha llevado a otras familias a renovar la atención sobre los casos sin resolver de familiares y migrantes desaparecidos en México.
Informes de la Secretaría de Gobernación reportan 22,322 personas en paradero desconocido desde 2006, con exclusión de los 43 estudiantes. El Instituto Nacional de Migración reporta que 3,000 inmigrantes procedentes de América Central también han desaparecido en México desde 2010.
Mercedes Moreno se ha preguntado desde hace 23 años qué pasó con su hijo cuando éste viajó desde su natal El Salvador a México en un intento por llegar a Estados Unidos. “Veintitrés años que no he ido a darle un abrazo en su cumpleaños, 23 años que no he sido capaz de decirle a mi hijo ‘Feliz Navidad’”, relata Moreno de su hijo, José, que ahora tendría 47 años.
Criticó al gobierno mexicano por no resolver el caso. Ella dio una muestra de ADN de su hijo a las autoridades hace una década. “No importa en qué país estamos, qué nacionalidad somos, el dolor es el dolor”, dijo Moreno, una jubilada que vive en un departamento de Los Ángeles lleno de fotos de su hijo desaparecido.
Reacción contra la universidad de los profesores
En San José, Galindo reside en una modesta casa propiedad de la familia de su esposa en el barrio obrero de Tropicana. Una familia vive en la residencia de una sola planta, con primos y una abuela.
El último contacto de Galindo con su hijo fue una llamada telefónica ocho días antes de que él y otros estudiantes viajaran en autobuses a Iguala para protestar en un discurso de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, quien junto a su esposo se les conoce como la pareja imperial.
Existe una historia de antagonismo entre la élite de Iguala y los estudiantes de Ayotzinapa, que participaron en una protesta violenta el año pasado. Los empresarios y políticos de Iguala tratan a los normalistas como agitadores, dijo un analista mexicano.
“Los jóvenes estudiantes que se capacitan para ser profesores de los campesinos han sido estigmatizados. Ellos son presentado como vándalos, las personas que causan problemas”, dijo Luis Hernández Navarro, director de La Jornada, uno de los principales periódicos de México, a CNN en Español.
Los colegios de profesores rurales, a veces llamadas escuelas normales, son calificados como “escuelas del diablo” por los críticos, dijo Hernández. “Estas son las escuelas de los pobres para los pobres, para enseñar a los pobres”, dijo Hernández. Las escuelas han estado en la mira del gobierno y los grupos empresariales han solicitado su clausura”, agregó.
“Estas escuelas son la puerta de entrada para moverse socialmente para los pobres, estudiantes rurales”, según Hernández, “y son una de las pocas vías de escape que tienen los campesinos para que sus hijos se convierten en profesores y prosperen”.
El orgullo de un padre
Cualquiera que sea la antipatía contra los estudiantes, nada puede excusar esto, dijo Hernández. “Lo hicieron porque sabían que podían”, dijo Hernández, “y creyeron que no habría consecuencias”.
Galindo se enorgullece de que sus cuatro hijos asistieran a la universidad de los profesores, que se encuentra en Tixtla, unos 77 kilómetros al sur de Iguala. “Dos de ellos ya son profesores, y se graduaron en Ayotzinapa. Mi otro hijo estaba en su segundo año en Ayotzinapa”, dijo Galindo.
Dijo que quiere más que justicia para su hijo.
“Tengo que verlo”.