Por José Manuel Rodríguez, CNN
(CNN Español) – Alberto Nisman, un fiscal de 51 años, separado de una jueza y padre de dos hijas, se hizo cargo en 2005 —bajo el gobierno de Néstor Kirchner— de la investigación del atentado de la mutual israelita AMIA ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Desde que tomó el caso, Nisman siempre insistió en la llamada “pista iraní”, una línea de investigación que apuntaba como responsables del atentado a los cinco exfuncionarios del gobierno persa y que fue defendida por la Casa Rosada como la tesis principal.
“Cuando a raíz de esta investigación comprobamos que ya once años antes Moshen Rabbani (el exconsejero de la Embajada de Irán en Buenos Aires y hoy con captura y circular roja) estableció la central de inteligencia aquí e infiltró el país cuando no se tenía en mente cometer el atentado”, dijo Nisman sobre el caso.
En mayo de 2008 Nisman pidió, sin éxito, la detención del expresidente Carlos Menem en el marco de la causa AMIA, acusándolo de no querer investigar el atentado y de encubrir a uno de los presuntos implicados. El exmandatario negó las acusaciones.
El fiscal se postuló sin suerte a la Procuraduría General de la Nación y se alejó del Gobierno cuando en 2013 el Ejecutivo promovió el polémico memorándum con Irán, que creaba una comisión binacional extrajudicial para investigar las responsabilidades en los atentados y llegar a la verdad, a la cual se opuso Nisman tenazmente. No obstante, nunca fue ratificado por Teherán.
“Nos encontramos con un Estado que no colabora con la investigación”, señaló entonces el fiscal. Por años, la investigación nunca pudo avanzar.
Mientras el Gobierno defendía su política hacia Teherán, en 2013 el fiscal acusó a Irán, en un informe de 500 páginas, de infiltrarse en países de América Latina para fomentar actos terroristas.
“No se está infiltrando ahora: lo que yo he comprobado (es que) se ha infiltrado en su momento. Esto está claramente establecido. Son procesos largos”, explicó Nisman.
La semana pasada, el fiscal acusó a la presidenta Cristina Fernández y al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, de acordar “la impunidad de Irán” antes de la firma del tratado de cooperación con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA.
Estas imputaciones fueron negadas por el canciller el fin de semana pasado.