(CNN Español) – San Cristóbal, la capital del estado Táchira en Venezuela sigue parcialmente militarizada tras el homicidio el martes de un adolescente de 14 años presuntamente por parte de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana en medio de protestas antigubernamentales.
La situación que generó conmoción en el país y también acciones de calle.
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Los familiares y amigos de Kluivert Ferney Roa, de 14 años, describen su muerte como prematura y dolorosa.
Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, fue asesinado con perdigones de goma por un oficial de la PNB en medio de protestas en rechazo a la escasez de alimentos y medicinas que se vivían en la ciudad y que se extendieron por el estado de Táchira tras el homicidio.
Vivian Núñez, madre de Kluivert, dijo que una bala causó la muerte del adolescente, no un perdigón.
El presunto autor material del homicidio, Javier Mora Ortiz, de 23 años, fue detenido horas después de los hechos y este miércoles fue imputado por el delito de homicidio intencional.
También hay detenidos otros 9 policías que estaban en el lugar.
El padre del adolescente asesinado asegura que su hijo no era ni chavista, ni opositor.
Este miércoles distintos sectores protestaron por la muerte de Kluivert Roa, de 14 años, no solo en San Cristóbal, sino también en otras ciudades del país como Maracaibo, Mérida y Caracas.
Mostrando cuadernos con tinta roja en rechazo a la sangre derramada de jóvenes en protestas, el movimiento estudiantil se concentró en las afueras del Ministerio de Interior en el centro de Caracas.
Los manifestantes entregaron a las autoridades ministeriales un documento en el que pidieron justicia para el adolescente fallecido y que se derogue la resolución que permite a las fuerzas de seguridad el uso de armas letales en manifestaciones violentas.
El Gobierno insiste en que la muerte del adolescente se debe a una actuación individual y no a una política de Estado, al tiempo que asegura que este caso no quedará impune.
En enero, el gobierno de Maduro emitió la resolución 008610 que habilita el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” —como último recurso— para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Organizaciones como Human Rights Watch rechazaron la resolución.