Por Naomi Ng
(CNN) – Los padres que se rehusen a vacunar a sus hijos pueden perder hasta 11.000 dólares en beneficios de asistencia social al año bajo una nueva política del gobierno de Australia, anunció Tony Abbott, primer ministro australiano.
Actualmente, los padres pueden optar por no vacunar a sus hijos por razones médicas o religiosas, o al afirmar que tienen “objeciones de conciencia”, y aun así recibir beneficios para el cuidado infantil financiados por los contribuyentes.Bajo la nueva política “sin pinchazo no hay pago”, la exención como un objetor de conciencia se eliminará a partir enero de 2016.
“La elección de las familias hagan de no inmunizar a sus hijos no es apoyada por la política pública o la investigación médica, y tampoco debería tal acción ser sostenida por los contribuyentes en pagos para el cuidado infantil”, dijo Abbott en una declaración conjunta con el ministro de Servicios Sociales, Scott Morrison.
Miles de familias podrían quedarse sin los pagos por asistencia social, y el gobierno australiano calcula que más de 39.000 niños menores de siete años no han sido vacunados debido a las objeciones de sus padres.
Miedo a la vacunación
El número de niños en Australia que no han recibido inmunización contra el sarampión y otras enfermedades casi se ha duplicado en la última década, según el gobierno.
Las campañas contra la vacunación recientemente han ganado terreno en los países occidentales. Algunos padres creen que las vacunas causan autismo, pero la teoría ha sido desacreditada por muchos.
Las exenciones existentes por razones médicas o religiosas continuarán, dijo Abbott, pero las directrices sobre las exenciones religiosas serán más estrictas.
“Se requiere que la posición formal de ese organismo religioso sea informada al gobierno y aprobada por el gobierno. Esta es una restricción muy significativa”, le dijo Morrison a los periodistas en Sídney el domingo.
Agregó que ninguna de las principales organizaciones religiosas ha hecho alguna objeción formal a las inmunizaciones.
En respuesta al anuncio, más de 7.000 personas han firmado una petición en contra de las reformas.