(CNNMéxico) — Las conclusiones presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa abrieron nuevas interrogantes y dieron un giro este domingo al relato sobre el ataque ocurrido hace un año en Iguala, Guerrero.
Estos son los ocho puntos clave del reporte que elaboraron durante 6 meses los especialistas convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al que respondió el propio presidente Enrique Peña Nieto, solicitando que se tome en cuenta para la investigación:
1.- Sin “verdad histórica”
El grupo interdisciplinario descartó la versión de la quema de 43 normalistas en el basurero de Cocula, misma que en enero pasado quien era procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio como una “verdad histórica” a partir de las declaraciones de detenidos.
Los especialistas recurrieron a un peritaje independiente del doctor José Torero, quien visitó el basurero el 13 de julio pasado, y no encontró evidencia de un incendio que tuviera las dimensiones mínimas requeridas para la cremación masiva.
El análisis de Torero también estableció que no hay evidencia de que existiera la carga combustible necesaria para quemar los cuerpos.
2.- Nueve momentos y 3 horas de ataque
La noche entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, ocurrieron nueve momentos de ataque con disparos y golpizas en sitios distintos durante 3 horas, en los que estuvieron involucrados “policías de Iguala y Cocula y otros agresores”, indica el GIEI.
Se registraron 6 ejecuciones extrajudiciales (incluyendo la del normalista Julio César Mondragón, “con claras señas de haber sido torturado”), y más de 40 personas resultaron heridas. Entre ellas el normalista Aldo Gutiérrez, que está en coma desde entonces.
Aunado a ello 43 normalistas fueron detenidos y “desaparecidos forzosamente”.
Si se suma a los familiares de las personas atacadas, apunta el GIEI, en el caso se contabilizan al menos 700 víctimas.
3.- ¿Qué hicieron policías federales y el Ejército?
Tanto la policía estatal, como la Policía Federal y el Ejército tuvieron conocimiento de la llegada de los normalistas a Iguala, dieron seguimiento a sus acciones con el sistema C-4, los tenían identificados como estudiantes de Ayotzinapa y tuvieron presencia en los momentos de los ataques, pero no les brindaron protección, según el GIEI.
Ante esa situación, el grupo recomienda al gobierno mexicano investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a Derecho, e investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso.
4.- Se descarta ataque a evento de Pineda
Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población, indica el GIEI respecto a las versiones de que los normalistas de Ayotzinapa querían boicotear un informe de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
De hecho, cuando los estudiantes pasaron por la zona del evento, ya había terminado.
5.- El quinto autobús
El Grupo pide en su reporte que el gobierno mexicano investigue “como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas” el móvil del traslado de drogas.
Esa solicitud parte de que en los hechos 26 y 27 de septiembre estuvo involucrado un quinto autobús (Estrella Roja) tomado por los normalistas, pues el GIEI plantea como hipótesis que el ataque contra los normalistas, pudiera ser que hubieran tomado un autobús en el que trasladaban droga o dinero escondido en su interior.
Sobre el autobús, los expertos han registrado “contradicciones graves” y omisiones respecto a lo ocurrido con ese vehículo, que se resume en lo siguiente:
La primera, que la PGR no registró en su expediente inicial sobre el caso ese quinto autobús, aunque los normalistas sobrevivientes informaran sobre él.
En segundo lugar, que se tomara declaración al chofer sin que el GIEI pudiera estar presente, y que cuando el grupo pidió una inspección de los autobuses afectados, se presentara un vehículo Estrella Roja 3278, cuyas características no coinciden con las descritas por los normalistas.
Incluso un peritaje con fotografías y videos mostró las inconsistencias.
Otro punto es que “dicho autobús fue el único que no fue atacado violentamente esa noche (lo fueron los Costa Line 2012 y 25 10, los Estrella de Oro 1531 y 1568 y el autobús, Castro-Tours de Los Avispones)”.
Ante esas circunstancias, las contradicciones en las declaraciones del chofer respecto a su ruta y el hecho de que Iguala sea “un lugar de tráfico de heroína muy importante”, es que el GIEI plantea como hipótesis que el ataque contra los normalistas fue para recuperar ese autobús tomado por los normalistas.
“La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”, indica el reporte de los especialistas.
Esa hipótesis, según el GIEI, “hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas, y posteriormente contra el equipo de fútbol de Los Avispones y otras personas, confundidas con ellos”.
Los ataques, apuntaron los especialistas, muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses del municipio.
“El negocio (de drogas) que se mueve en la Ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.
6.- Cuatro versiones
Los especialistas detallaron que los detenidos por el caso han dado cuatro versiones distintas sobre el motivo del ataque contra los normalistas en Iguala, y el lugar donde los llevaron.
La primera versión narra que “el destino final” de los estudiantes fue la “colonia Pueblo Viejo”; la segunda, que los mataron en la “casa de seguridad de las Lomas”; la tercera, que Guerreros Unidos los mató y “realizó una quema total de los cuerpos” en el basurero de Cocula, y la cuarta va en el sentido de que criminales de los Rojos se infiltraron en los autobuses de los normalistas (para “matar a los hermanos Benítez Palacios”, dueños del auto lavado Los Peques), y que a 17 los quemaron y tiraron sus cenizas en el río de Cocula.
Los especialistas refieren que esas versiones son totalmente diferentes entre sí, y que tienen numerosas incongruencias y “contradicciones con los elementos de realidad probados”.
7.- Acción coordinada
“La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”, apunta el GIEI.
En ese sentido, según el testimonio de un testigo protegido, uno de los chóferes de autobuses que sobrevivió “señala que fue llevado a una casa de seguridad en el centro de Iguala, y presentado ante un hombre que dirigía el operativo o bien tomaba decisiones sobre las acciones a realizar con detenidos”.
Cuando se dieron los ataques, hubo comunicación entre dos de los inculpados: el alcalde José Luis Abarca y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores.
Y además, apunta el GIEI, “el Sr. Abarca señaló haberse comunicado con miembros de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Guerrero, de la Policía Federal y del Batallón 27. Si el contenido de estas conversaciones fue la información sobre los hechos u otras circunstancias de coordinación es parte de lo que debe ser investigado”.
8.- ¿Dónde están?
Los especialistas del GIEI indican que es “incierto” el destino que tuvieron los 43 normalistas tras los ataques en Iguala.
Ante la falta de certeza, los especialistas piden a las autoridades mexicanas seguir con la búsqueda de los normalistas desaparecidos, e incluso investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula.