(CNN Español) – El viaje este miércoles de Juan Manuel Santos a La Habana para un posible acuerdo sobre justicia transicional da luz sobre el que es quizá el paso más definitivo de los diálogos del gobierno de Colombia con las FARC para sellar una firma de un acuerdo final de paz.
De los puntos de las negociaciones iniciadas en noviembre de 2012 se han logrado acuerdos en tres de ellos: en el de desarrollo rural integral, en el de participación en política de guerrilleros presos y en el de erradicación de cultivos ilícitos.
Se espera que ahora se definan los puntos de justicia transicional y el de la reparación de las víctimas. Si hay consenso en estos aspectos, el siguiente paso es concretar la forma de refrendación del posible acuerdo final que ponga fin al conflicto armado interno de más de 50 años.
De ahí se entiende que, como lo han anunciado los medios colombianos, si hay acuerdo este miércoles en estos temas, Santos anunciaría la fecha para la firma del acuerdo final.
La relevancia de la justicia transicional
La justicia transicional es la forma en que se aplica la justicia de cara a lo que se haya negociado en la mesa de diálogos para que los responsables rindan cuentas de sus crímenes y haya reconciliación, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Eso quiere decir que los guerrilleros recibirían penas bajo un marco jurídico especial, distinto al de la justicia ordinaria, diseñado para el proceso de transición del fin del conflicto. No es, por tanto, algo de carácter permanente.
Cuando asumió su segundo periodo de gobierno en 2014, Santos reiteró que el acuerdo no busca “sacrificar la justicia para lograr la paz; se trata de cómo lograr la paz con un máximo de justicia”. El mandatario y sus ministros han enfatizado que las leyes internacionales no permiten amnistías e indultos como en procesos de otros países y que por tanto en esta ocasión obligatoriamente habrá condenas.
La justicia transicional es crucial para el buen término del proceso porque por un lado garantizaría que de hecho no habrá impunidad —como lo han señalado los opositores de los diálogos, especialmente en relación a los responsables de crímenes de lesa humanidad— y por otra parte sería el mecanismo por el cual las víctimas serían reparadas y conocerían la verdad sobre los delitos.
En entrevista con Patricia Janiot en agosto 2014, Santos dijo que “en la justicia transicional no está contemplado el perdón y olvido” y que los crímenes de lesa humanidad “no pueden quedar impunes”.
No obstante, hasta el momento no se conocen los detalles de esa justicia transicional y hay escepticismo por parte de la oposición a lo que se estaría acordando en Cuba.
Según los parámetros del Ministerio de Justicia de Colombia, la justicia transicional se implementa con cuatro mecanismos: comisiones de la verdad; juicios a través de tribunales domésticos especiales, híbridos o internacionales; programas masivos de reparación administrativa y garantías de no repetición.
El Gobierno cuenta con el trabajo de la Dirección de Justicia Transicional, creada en 2011 como parte del Ministerio de Justicia, cuya función es diseñar e las implementar políticas de justicia transicional.
Un punto de inflexión tras meses de mensajes encontrados
A pesar de que tanto Santos como el jefe negociador Humberto de la Calle han reiterado que habrá justicia y penas para los insurgentes dentro del marco de la justicia transicional, los negociadores de la guerrilla han manifestado en varias ocasiones que no pagarán un solo día de cárcel. Si de hecho se consigue un acuerdo, sería la primera vez que los guerrilleros aceptan formalmente someterse a algún tipo de justicia.
Frente a esta posibilidad, el procurador Alejandro Ordóñez —uno de los críticos más notorios del proceso— presentó este martes ante el Senado un documento con planteamientos sobre justicia transicional en el que señala que la reclusión en cárcel no es la única pena para los responsables de crímenes de lesa humanidad y en el que plantea otras alternativas.
“Pueden ser colonias agrícolas o casas de paz, pero con el respeto y las condiciones establecidas para la reclusión con las normas nacionales e internacionales”, dice el documento.
El documento iba a ser expuesto en un debate sobre justicia transicional en la plenaria del Senado que finalmente se canceló por la ausencia de De La Calle, quien viajó a La Habana.
Para el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, el trabajo social o comunitario es una de las penas alternativas que podría imponerse. Esa fue una de las propuestas del general fiscal Eduardo Montealegre, quien ha planteado la posibilidad de condenas distintas a la cárcel. Moreno Ocampo estuvo en La Habana y se reunió con las partes tras ser llamado para consultas sobre los acuerdos internacionales.
En todo caso, el acuerdo de la justicia transicional representa un hito histórico en Colombia, no solo por el obstáculo que representaba en el actual proceso, sino porque con esto se conseguiría un modelo integral —dice el Gobierno— para aplicar a todas las partes del conflicto.
Además, este logro dotaría de legitimidad un proceso de tres años que se ha visto cuestionado en muchas ocasiones por su extensión y por la continuidad de acciones violentas por parte de las FARC.