(CNN Español) – El presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, ha anunciado este miércoles el inicio del proceso de juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, solicitado hace meses por los juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale y Janaína Paschoal y jaleado insistentemente por buena parte de la oposición.
Rousseff ha reaccionado con “indignación” al anuncio de Cunha y ha tachado de “inconsistentes” e “improcedentes” las acusaciones sobre las que se asienta el proceso. Asimismo, Rousseff ha dicho que no ha practicado “ningún acto ilícito” .
A partir del anuncio realizado, se constituirá una Comisión Especial en el Parlamento para analizar la petición de juicio político y autorizarla o rechazarla. Rousseff tiene un plazo de diez sesiones del Congreso para presentar su defensa ante la comisión, que estará compuesta por legisladores de todos los partidos. En caso de que la Comisión decida autorizarla, el pleno de la Cámara tendrá que respaldar la continuidad del proceso con, al menos, dos tercios de los diputados. Si la Cámara Baja da su luz verde al proceso, la presidenta quedaría automáticamente apartada de su cargo durante seis meses mientras se desarrolla en el Senado su juicio definitivo en el que se decidiría su continuidad en el cargo o su destitución.
En el centro de la controversia están las cuentas públicas de 2014 que los investigadores del Tribunal de Cuentas de la Unión creen que se manipularon y maquillaron para esconder deudas millonarias.
La decisión de Cunha se produce por sorpresa y tras varios meses de tensiones con el Ejecutivo de Dilma Rousseff, pero el mismo día en que varios diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) respaldaron un proceso en la Comisión Parlamentaria de Ética para destituirlo.
Cunha está siendo investigado en el marco de la denominada Operación Lava Jato, que intenta desentrañar una gran trama corrupta descubierta en la cúpula directiva de la Estatal petrolera Petrobras. La propia compañía admitió hace meses que el esquema masivo de sobornos, en que cual estaban implicados directivos de Petrobras, de las principales empresas de ingeniería y construcción de Brasil y nombres conocidos del mundo político, se cobró de las arcas de la compañía alrededor de dos mil millones de dólares. Recientemente, la justicia suiza confirmó que Cunha y sus familares mantenían cuentas opacas con 2,5 millones de dólares en bancos de su país, algo que se interpretó inmediatamente como la constatación de que el presidente del Congreso había incurrido en delitos de blanqueo de capitales sin origen conocido.
El presidente del Congreso niega su participación en las corruptelas de Petrobras y pelea a brazo partido desde hace meses contra cualquier posibilidad de que se interrumpa su mandato. Se da la circunstancia de que Cunha, en el ejercicio de sus funciones como presidente del Congreso, tiene la llave para abrir el proceso de juicio político contra la presidenta, a la que se le acusa de incurrir en un delito de responsabilidad administrativa por haber manipulado las cuentas del Estado de 2014. Este miércoles dijo que detrás de su decisión no hay ninguna motivación política.