Nota del editor: Santiago A. Canton es director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights, profesor de Derecho de Georgetown Law School y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator especial de Libertad de Expresión. Ganó el Premio Chapultepec a la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
(CNN Español) – No es necesario esperar al 6 de diciembre para saber que las elecciones en Venezuela no serán ni libres, ni transparentes, ni justas. A partir de la década del ochenta, la comunidad internacional desarrolló numerosos estándares para evaluar las decenas de elecciones transicionales que tuvieron lugar en nuestra región, y las elecciones del próximo seis de diciembre no cumplen con esos estándares.
1. En primer lugar, la boleta electoral es un mínimo reflejo de la avalancha estatal a favor del oficialismo. Mientras que el partido oficialista es resaltado en el primer cuadro de la boleta, el principal partido de oposición se desvanece perdido entre un sinnúmero de cuadritos, colores y símbolos.
2. Desde hace años los principales medios de comunicación están controlados por el Gobierno. Desde el año 2000 en adelante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, han reiterado consistentemente la falta de libertad de expresión en Venezuela. Hace pocas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la no renovación de la licencia del canal RCTV violó la Convención Americana de Derechos Humanos.
3. La violencia política e intimidación es constante. Mientras Nicolás Maduro arenga a sus seguidores con amenazas de militarización de la sociedad diciendo que “Si el 6D gana la oposición, prepárense para un país en caos, de violencia. Si eso sucediera, compañeros militares, me verán en la calle con ustedes. Jamás voy a recular, no voy a entregar la revolución”, es asesinado Luis Díaz, candidato de la oposición. El presidente Nicolás Maduro dice que el asesinato de Luis Manuel Díaz, secretario del partido opositor Acción Democrática en el estado Guárico, se debió a un enfrentamiento entre bandas.
4. Maduro algo debe querer ocultar, ya que retrocediendo el reloj de nuestra América Latina más de tres décadas, no aceptó la observación internacional. Ni siquiera de la OEA, cuyo récord en cuanto a denuncias de fraude electoral es bastante tímido.
5. Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición continúa preso a pesar de los numerosos reclamos de la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos. Junto a el hay aproximadamente otras setenta personas entre líderes políticos y estudiantes. López fue sentenciado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión acusado de delitos relacionados con la violencia desatada tras una manifestación opositora en febrero de 2014.
6. Varios líderes de la oposición están inhabilitados para ser candidatos en las elecciones. Sin perjuicio de una decisión de la Corte Interamericana en el 2011 a favor de Leopoldo López, en donde la Corte resuelve que el procedimiento de inhabilitación es violatorio de la Convención Americana, Maduro continuó inhabilitando a candidatos de la oposición, como es el caso de María Corina Machado, entre otros.
7. Se prorrogó el estado de sitio en 23 municipios de los Estados de Zulia, Táchira y Apure, prohibiéndose, entre otros los derechos a reunirse públicamente, de transito y manifestarse pacíficamente. Asimismo, en estos municipios se nombraron “autoridades únicas” militares que responden directamente al presidente de la República.
Sin perjuicio de las graves irregularidades que ya tiñen toda la etapa pre electoral, tanto los venezolanos como la comunidad internacional han concentrado sus esfuerzos en estas elecciones como el primer paso para encontrar una salida a la crisis venezolana, cuya solución les ha sido esquiva por más de una década. Esperemos que gracias al rol de la sociedad civil venezolana y la presión internacional, en las elecciones se respete la voluntad popular y a partir del seis de diciembre se inicie un proceso de transición democrático.
Pretender especular sobre que sucederá el los días posteriores al 6D en base a la lógica del chavismo es un ejercicio enteramente fútil, ya que esa lógica no depende del respeto a la ley, a las instituciones democráticas o de los derechos humanos, sino de intereses individuales, o en el peor de los casos del pajarito que asesora al presidente.
Sin embargo, un ejercicio más útil, que nos debemos como región, es pensar qué nos pasó para llegar a esta situación a pesar de las numerosas señales de alarma que alertaron a la comunidad internacional sobre las violaciones a los derechos humanos y el deterioro del estado de derecho en Venezuela durante más de una década.
Es evidente que la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos no funcionó. La CIDH alertó a los gobiernos de América Latina en reiteradas oportunidades a partir de 1999 sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo en ningún momento los Estados hicieron eco de esas denuncias y optaron esconderlas en un vergonzoso silencio colectivo.
Tampoco funcionó la OEA, que bajo el liderazgo de José Miguel Insulza, transformó la Carta Democrática en un documento vacío de contenido, incapaz de resolver las crisis democráticas regionales. Si bien ha tenido una mejora más que significativa, gracias al actual Secretario General Luis Almagro, aún no se ha logrado hacer funcionar la Carta Democrática.
Tampoco funcionaron los mecanismos subregionales como los de Unasur y Mercosur. Por el contrario, estas instituciones hicieron silencio o apoyaron las graves violaciones a los derechos humanos. Baste recordar que aun no han pedido la liberación de Leopoldo López, a pesar de que todas las instituciones internacionales seriamente comprometidas con los derechos humanos sí lo han hecho.
Luego de la crisis democrática peruana creada por Alberto Fujimori, que en 1992 propició un autogolpe de Estado y cerró el Congreso de su país, y a iniciativa del mismo Perú, América Latina dio un paso fundamental al aprobar la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, la experiencia de Venezuela y otros países, evidencia el fracaso para implementarla cuando más se necesita. Nuestra historia, rodeada de autoritarismos y dictaduras, nos obliga a discutir la creación de un mecanismo eficaz que permita hacer valer los principios democráticos y de derechos humanos, por sobre las ideologías políticas o las razones particulares de gobiernos de turno.