(CNN Español) – Un grupo de empresarios del sector de los cuadernos en Colombia podría recibir una multa superior a los 22 millones de dólares en los próximos días por presuntamente haber formado una alianza anticompetitiva para controlar los precios de estos productos durante 14 años.
Así lo establece el resumen del Informe Motivado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que esa institución le entregó a CNN en Español y que contiene apartes de la investigación a tres grandes empresas por la conformación ilegal de alianzas empresariales para evitar la llamada “guerra de precios” en el sector de los cuadernos.
Las compañías investigadas por este presunto cartel son Carvajal Educación S.A.S, Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Scribe Colombia S.A.S. Estas dos últimas podrían ser exoneradas del 100% de las multas, pues suscribieron acuerdos por colaborar con la SIC, un mecanismo jurídico que permite a la autoridad de competencia otorgar beneficios a los participantes en carteles empresariales a cambio de su información para detectar, desmantelar y sancionar esas prácticas anticompetitivas.
Según el resumen del Informe Motivado de la SIC, el acuerdo entre empresarios surgió desde 2001 para “fijar directa e indirectamente los precios de los productos del mercado de cuadernos” con lo que se incurrió en “prácticas restrictivas de la libre competencia económica”. El delito es conocido también como colusión, por el medio del cual las empresas —en este caso—pactan cobrar más de lo que corresponde por un producto o servicio.
“[Las empresas] participaron en un acuerdo permanente e ininterrumpido para la fijación de precios mediante la concertación del precio de venta de los productos, el porcentaje de incremento y el de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”, dice el informe del superintendente delegado a cargo de la investigación.
Se espera que en los próximos días el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, establezca si se interpondrá la multa a este sector empresarial.
La concertación de estas alianzas anticompetitivas se hizo a través de reuniones periódicas en varias ciudades del país y la comunicación directa entre funcionarios de la compañía que pusieron en marcha los acuerdos “a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto de WhatsApp”, dice el apartado sobre las pruebas del informe.
Carvajal no se ha pronunciado oficialmente sobre las investigaciones de la SIC. Una fuente cercana a la empresa Carvajal le dijo a este medio que la compañía está atendiendo los requerimientos de la SIC dentro de las investigaciones que se adelantan y que como “decisión corporativa” decidieron no ser parte de las empresas delatoras.
Un funcionario de la empresa Scribe de Colombia dijo que hasta que no se dicte una sentencia por parte del superintendente “no se dan declaraciones al respecto”.
La casa matriz de Kimberly Clark en Estados Unidos le dijo a CNN en Español que “la investigación de los cuadernos por la SIC está relacionada a un negocio que Kimberly Clark vendió en 2011 y desde entonces la compañía no tiene ninguna conexión con ella”.
“Kimberly Clark Colombia ha ofrecido a la SIC su completa y absoluta cooperación en la investigación de los cuadernos, y seguirá haciéndolo”, añade la oficina principal de esta compañía en un correo electrónico enviado a CNN.
Otros carteles
El fenómeno de los carteles en Colombia no es nuevo. En los últimos años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha descubierto que se han puesto en marcha al menos once presuntos esquemas en organizaciones empresariales que están siendo investigados para determinar si se trata de carteles. Mientras avanzan las pesquisas en la SIC se refieren a ellos como “presuntos carteles” hasta que puedan determinar si hubo un acto de “cartelización”, explica el Superintendente Pablo Felipe Robledo.
Una de las multas más representativas fue impuesta en 2015 a Asocaña y 14 empresas más del sector azucarero colombiano por cartelización empresarial “para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica”. El sector fue multado con 320.000 millones de pesos (105 millones de dólares), una suma que no supera el 7% de sus ingresos anuales ni el 7% de su patrimonio, según indica la SIC.
Luego de conocerse la sanción, Asocaña dijo que no comparte la decisión adoptada por la SIC y enfatizó en que “no ha existido ni existe cartel de precios del azúcar” y que la Superintendencia “no tiene competencia para modificar un mercado regulado por el Estado”.
“Ante la inexistencia material de los hechos y de su impacto en los mercados, es obvio que, ni Asocaña ni los ingenios, ni sus directivos y representantes legales, causaron daño alguno a los denunciantes, ni al mercado nacional, ni mucho menos a los hogares colombianos”, dice la entidad en un comunicado de ocho puntos emitido el 31 de diciembre de 2015.
Lo que para muchos puede ser una sanción monetariamente baja por parte de la SIC busca castigar a las empresas que incurran en estas prácticas, pero no que salgan del mercado por cuenta de las multas que se les impongan, según le explicó la autoridad a CNN en Español.
“Esto sería un contrasentido ya que se busca que hayan más agentes del mercado en un sector. Resultaría contradictorio que un jugador tenga que salir en virtud de las multas”, dice Pablo Felipe Robledo. “Las autoridades se cercioran que las multas no sean lapidarias”.
En 2009 las autoridades sancionaron con 745 millones de pesos (246.000 dólares) a dos compañías del sector del cacao por cartelización; en abril de 2015 la SIC sancionó a dos empresas arroceras por estos mismos hechos con una cifra superior a los 33.000 millones de pesos (unos 10.900 millones de dólares).
En ese entonces la Organización Florhuila, sancionada por la Superintendencia, negó su participación en el cartel.
“La Organización Roa Florhuila S.A. reitera que nunca ha hecho pactos de precios con sus competidores para crear distorsiones que perjudiquen a los consumidores o alianzas que atenten contra la competencia abierta y legal, como en forma malintencionada se ha querido informar al país”, dice en un comunicado.
También se investiga la presunta existencia de los carteles de los pañales (que habría aumentado los precios de este producto entre los años 2000 y 2013), de las subastas ganaderas; del cemento (que está en etapa probatoria), de la seguridad privada, y del papel higiénico. En este último caso, el Grupo Familia, una de las empresas a las que se le elevó pliego de cargos, reconoció su participación en esta asociación ilegal, despidió a dos empleados y suspendió por tiempo indefinido al gerente general de la empresa Familia.
“Grupo Familia reconoce plenamente los errores que cometieron en el pasado algunos de sus directivos y otros empleados y acepta su responsabilidad”, escribió la compañía en un comunicado. “La compañía expresa su arrepentimiento sincero por su participación en los hechos investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio”.
El coletazo internacional
“De la reunión con las personas de Kimberly de la semana pasada quedó (sic) como objetivo principal el promover el aumento de precios en Venezuela, Colombia y Ecuador”.
Este es un aparte de un correo electrónico que fue enviado el 18 de febrero de 2002 por el gerente global de operaciones de Carvajal S.A., enviado bajo el asunto “Reunión pasada semana con Kimberly” y hace parte del acervo probatorio de la investigación. Allí el directivo describe la intención de la empresa Kimberly de “participar mucho más en los negocios [de cuadernos] de los otros dos países” y concretar la estrategia a seguir para la temporada escolar de la sierra ecuatoriana.
Las autoridades de Venezuela y Ecuador no se han pronunciado sobre estas investigaciones.
Pero en Perú el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, informó a finales de 2015 que inició un procedimiento administrativo para sancionar a Kimberly Clark por haber acordado fijar precios y condiciones comerciales de papel higiénico en perjuicio de los consumidores peruanos entre 2005 y 2014.
Las oficinas centrales de Kimberly Clark en Estados Unidos no respondieron a CNN en Español con comentarios sobre estos hechos.
En agosto de 2015 las autoridades venezolanas reportaron el decomiso de 6.846 cuadernos de 100 hojas marca Caribe en el estado Barinas con un precio especulativo de 150 bolívares cuando su precio justo es de 64 bolívares, “evidenciando un margen de ganancia en 205%”, de acuerdo con la Superintendencia de Precios Justos de Venezuela. Sin embargo no está relacionado con las investigaciones que adelanta la SIC en Colombia.
‘Colombia no es un país de carteles’
Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, dice que el hecho de que en Colombia se haya destapado la existencia (o presunta existencia) de por lo menos 11 carteles empresariales, no significa que “sea un país de carteles”.
“Considero que en Colombia hay carteles empresariales como en cualquier país del mundo”, dice Robledo. “El hecho que se encuentren carteles reconoce su existencia, pero más grave sería —como ocurre en otros países— que la autoridad no sea capaz de detectar la presencia de ningún cartel”, añade.
“Ningún país es inmune a estas prácticas” dice un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre carteles empresariales. “Los participantes de los carteles suelen estar bien organizados, tienen muchos recursos y tienden a actuar en secreto”.
Según Nathan Jaccard, autor del libro ‘La Rosca Nostra’, una investigación sobre el fenómeno de cartelización en Colombia, la situación de los carteles en ese país se da debido al oligopolio en algunos sectores, ya que el mercado es manejado por pocas empresas que usualmente coinciden en eventos sociales donde iniciaban las “conversaciones exploratorias”, para luego convertirse en una política empresarial.
“[Las órdenes ] vienen directamente de presidencia [de las empresas] y movilizan todos los sectores de las empresas: ventas, comercial, producción, etc. Todo el mundo está movilizado en función del cartel”, explica Jaccard.
En esto coincide la OCDE, que asegura que “en una economía pequeña, la élite empresarial puede estar en condiciones de limitar la producción y aumentar los precios mediante la colusión tácita (cartelización)”.
Aumento de precios
Según Pablo Felipe Robledo, cuando hay cartelización los precios pueden aumentar en promedio entre 25 y 30%, pero hay casos en los que han subido hasta en un 60%.
“Cuando hay libre competencia de mercado los productos tienen el mejor precio posible, más barato, de acuerdo con las condiciones propias del sector”, explica Robledo.
La gravedad del asunto está en que los productos que fueron susceptibles a alza de precios artificial son productos de la canasta básica, dice Nathan Jaccard.
Los consumidores son las principales víctimas de los carteles empresariales porque el dinero adicional que invirtieron comprando los bienes y servicios de estas empresas podría tardarse mucho tiempo en ser devuelto, si es que es que las demandas de organizaciones de clientes tienen éxito.
“Esa platica se perdió”, dice Jaccard en un tono muy colombiano.
“Es muy difícil. Por eso es que las multas tratan de ser muy altas porque finalmente es un dinero que en teoría vuelve al Estado y debería volver a repartirse entre los ciudadanos”, agrega.
Colombia no es un país de carteles, dicen Robledo y Jaccard. “Es un país que lucha contra los carteles”, añaden.
La misma OCDE reconoce la lucha en Colombia para desmantelar estos carteles empresariales que “le cuesta a los gobiernos enormes sumas de dinero cada año que se podrían usar para financiar proyectos importantes y necesarios relacionados con infraestructura, atención a la salud y educación, entre otros”.
Se espera que en los próximos días la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie sobre las multas a varias de las empresas investigadas por asociación ilícita para imponer precios para que a través de estas sanciones se envíe un mensaje a la sociedad de que “hay que respetar la libre competencia, pues irrespetarla puede generar grandes sanciones”, puntualiza Robledo.