(Expansión) – Ubicado a sólo 33 kilómetros de la frontera con El Paso, Texas, el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9 tiene desde el sábado una misión: mantener preso en sus instalaciones a Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, mientras se realizan obras de seguridad en la prisión del Altiplano, donde ha permanecido el narcotraficante desde que fue recapturado en enero de este año.
El centro penitenciario ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue el peor calificado del país por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2015, con tan solo 6,63 sobre 10 puntos. Las causas principales son el hacinamiento, la sobrepoblación y las fallas en la imposición de sanciones, así como deficiencias en los servicios de salud para los internos, de acuerdo con un reporte del organismo.
Sin embargo, el lugar presentó mejoras el año pasado, comparado con 2014 —cuando consiguió una calificación de 5,53—, de acuerdo con los datos arrojados por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado anualmente por la CNDH.
En 2014, la población del penal era de 1.150 personas, una cantidad 35% superior a la recomendada, de 848 reos. El año pasado, ya eran 1.012 personas las que habitaban en la prisión, según la CNDH.
¿Pronta extradición?
Este lunes un juez de Ciudad de México aprobó la extradición hacia Estados Unidos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, un día después de que fuera trasladado a una prisión en la fronteriza ciudad Juárez, al norte de México.
El Juzgado Tercero del Distrito de Procesos Penales consideró “procedente” la extradición internacional Guzmán Loera, requerido por el Gobierno de los Estados a través de su embajada en México, por estar los cargos de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla, dice el comunicado del juez.
Según los procesos legales, ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores México deberá examinar el caso y notificar a las partes su resolución.