(CNN Español) – La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, consideró que no se justifica el estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro.
Henry Ramos Allup, líder de los diputados, dice que el articulado desaplica la Constitución.
El oficialismo no pudo hacer nada para defender su posición. Pero aún falta la posición del Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido incondicional con el Ejecutivo hasta ahora.
Maduro dijo este martes que “la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política, es cuestión de tiempo para que desaparezca, así lo creo. Está desconectada de los intereses nacionales”.
Y en medio de eso, se profundizan la inflación, la escasez y los choques callejeros.
Organización empresarial: el decreto traerá más ruina
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) dijo que el nuevo decreto “profundizará la crisis y seguirá deteriorando las ya afectadas condiciones socioeconómics de todos los venezolanos.
Según FEDECÁMARAS, el decreto se basa un diagnóstico equivocado de la situación del país y, como consecuencia, plantea medidas contraproducentes para la economía.
“Este nuevo decreto intenta ‘legitimar’ y ‘legalizar’ una intervención de la producción, la distribución y la comercialización de bienes, dejándole al Ejecutivo nacional un amplio margen de ambigüedad y discrecionalidad , abriendo la puerta a más arbitrariedades y excesos”, se lee en un comunicado de la organización.
Qué busca Maduro
El decreto de estado de excepción y emergencia económica anunciado en Venezuela por el presidente Nicolás Maduro aumenta, entre otras medidas, el control de los militares sobre la distribución de alimentos. El decreto anunciado el viernes es la segunda extensión de otro puesto en marcha en enero ante la difícil situación económica del país.
La medida contempla aumentar el control de militares y de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) sobre la distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad. También mayores controles a la empresa privada.
Además, concede al Ejecutivo la posibilidad de restringir la movilidad de dinero en su forma física y electrónica, e impide la sanciones políticas contra las máximas autoridades de los poderes públicos.
El gobierno justifica el estado de excepción y emergencia económica por los altos índices de inflación y escasez.
La extensión del decreto
La primera vez que Nicolás Maduro declaró el estado de excepción y emergencia económica fue en enero de este año, pocos días después de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, dominada por la oposición tras las elecciones de diciembre.
La asamblea votó en contra de la medida, pero el poder judicial respaldó al presidente y validó el decreto, que inicialmente duraría 60 días, pero fue extendido por primera vez en marzo.
El nuevo decreto toma el relevo de otro similar expirado la semana pasada. Maduro explicó que esta medida estará vigente durante 60 días y que tiene previsto renovarla varias veces hasta 2017.
“Con el poder que me da la Constitución como jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela firmo un nuevo decreto más completo, más integral de protección a nuestro pueblo, de garantía de paz y de estabilidad que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio y toda la extensión que vamos a hacer en todo el año 2016 y seguramente 2017 para recuperar la capacidad productiva del país”, dijo Maduro el pasado viernes.
También ha informado que el fin de semana próximo tendrán lugar ejercicios militares para prepararse para “cualquier escenario”, incluyendo una invasión extranjera.
La situación económica
La caída de los precios del petróleo –que fueron la piedra angular de la economía de Venezuela y la fuente de financiación de muchos programas sociales- dejó a Venezuela en una difícil situación financiera que ha dado lugar a una escasez crónica de bienes, medicinas y energía, todo lo cual contribuye a la inestabilidad política generalizada.
La economía de Venezuela se contrajo un 5,7% en 2015 y se espera que se contraiga un 8% adicional este año, según el Fondo Monetario Internacional. La inflación se ha disparado, con previsión de tasas anuales rondando el rango del 700%, de acuerdo con las proyecciones del FMI.
El gobierno -carente de dinero- no puede pagar las importaciones de productos básicos como azúcar, harina y huevos. Muchos venezolanos esperan varias horas en las filas afuera de los supermercados, con la esperanza de que los estantes no se vacíen para cuando lleguen.
A eso se suma el programa formal de apagones establecido para al menos 40 días para combatir la crisis energética.
Maduro y otros funcionarios del gobierno atribuyen al fenómeno climático de El Niño en problema de la sequía épica. El nivel del agua en la presa hidroeléctrica de Guri, que produce el 75% de la electricidad de Venezuela, está en un mínimo histórico. Figuras de la oposición culpan a la mala administración y a la corrupción de los problemas.
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