(CNNEspañol) – La campaña para el plebiscito que refrendará el proceso de paz que adelanta el Gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC en La Habana arrancó sin tener una fecha establecida para ir a las urnas.
Esto luego de que la Corte Constitucional de Colombia aprobara a mediados de julio el plebiscito. La decisión fue tomada tras casi 9 horas de discusión por 7 votos a favor y 2 en contra.
El Centro Democrático, principal partido opositor el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, anunció este miércoles su postura y en cabeza del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe inició la campaña por el ‘No’.
“Nos queda la opción de decir Sí a la paz votando ‘No’ al plebiscito”, dijo el senador Uribe.
El expresidente César Gaviria, jefe de la campaña por el ‘Sí’ aseguró en diálogo con periodistas que “quien vote ‘No’ al plebiscito está votando por la guerra”.
1. Umbral
Para este plebiscito se estableció un umbral de participación del 13 por ciento del electorado, es decir que se necesitan 4,4 millones de votos por el sí para que los acuerdos tengan validez.
Según explicó el presidente Juan Manuel Santos en diciembre de 2015, este método permitirá preguntarle a los colombianos si están de acuerdo con el “paquete integral y no entrar en los detalles de cada punto porque los acuerdos de paz, aquí o en cualquier parte del mundo a través de la historia, son vistos así como unos acuerdos de un paquete integral, que tienen que ser analizados en su integridad, no en sus componentes individuales”.
Pero el Centro Democrático considera ilegítimo este plebiscito pues este método de participación trae una sola pregunta en la que “los ciudadanos dicen que quieren la paz, pero rechazan la impunidad”. Es decir, deben aceptar los acuerdos en bloque.
Según el expresidente Uribe, entre sus razones para votar ‘No’ en el plebiscito está esta disminución del umbral mínimo de votos, pero también temas más complejos como impuestos, justicia transicional e impunidad.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, asegura que los colombianos tendrán la última palabra pues habrá refrendación, participación ciudadana para que entre todos los colombianos se tomen las decisiones finales “en este proceso que no es del gobierno, sino es de todos”.
¿Qué ocurrirá si los colombianos dicen ‘No’ al plebiscito?
2. Impuestos
La campaña del ‘No’ asegura que la paz “no evita la decisión del Gobierno de sumarle más impuestos” a los ciudadanos y critica al gobierno por cambiar la confianza inversionista “por el populismo tributario y el “abandonó del diálogo popular por la claudicación ante el terrorismo”.
Sobre el tema de los impuestos, a mediados de junio el presidente Juan Manuel Santos dijo en una entrevista en el Canal Institucional que habría un alza de impuestos si fracasa el proceso pues debe continuar el financiamiento a la guerra.
Las declaraciones generaron inmediato rechazo de muchos sectores políticos, quienes dijeron que las declaraciones de Santos fueron “absurdas e inaceptables”, pero otros pidieron apoyar el proceso de paz.
3. Justicia e impunidad
Este es quizás uno de los puntos más sensibles de los acuerdos.
Según quienes apoyan el ‘No’ los integrantes de las FARC tendrán un “alivio judicial” y habrá impunidad en los procesos de justicia.
“En lugar de reformar nuestra justicia crean en su remplazo el Tribunal de la FARC; en lugar de generalizar la segunda instancia en nuestras cortes, con la justicia del efecto retroactivo, este Tribunal será de única instancia”, dice el Centro Democrático.
Según la Jurisdicción Especial para la paz, las delegaciones del gobierno y de las FARC establecerán, de común acuerdo, el proceso de selección de los Magistrados de los Tribunales de Paz. Esta Jurisdicción se implementará con posterioridad a la firma del Acuerdo, una vez sea implementado.
Según el documento del Alto Comisionado para la Paz, se otorgará amnistía o indulto para delitos políticos y conexos. En el caso de las guerrillas se amnistiará o indultará el delito de rebelión.
Si en desarrollo de esa rebelión “se han cometido otros delitos como el porte ilegal de armas o conductas no prohibidas por el DIH, se podrán considerar delitos conexos”. Pero de ninguna manera podrán considerase conexos al delito político los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, entre otros, según este documento.
4. Narcotráfico
El Centro Democrático que lidera la campaña del ‘No’ asegura que el gobierno de Colombia permitirá que el narcotráfico se considere como un delito político y que los integrantes de las FARC —“el cartel de cocaína más grande del mundo” y “financiador de las mayores atrocidades”, según definen al grupo guerrillero en su web— no sean extraditados por este delito y puedan ser elegidos en cargos políticos.
Pero según Gaviria, “nadie puede venir a decir que después de firmar el proceso con las FARC esta guerrilla seguirá en el negocio del narcotráfico”.
“No creo que EE.UU. teniendo a su embajador sentado en La Habana y al propio presidente Obama respaldando el proceso de paz, apoyen que las FARC sigan en el narcotráfico”, dijo Gaviria en un documento conocido por CNN en Español. “Eso son historias muy traídas de los cabellos para engañar al pueblo”.
El gobierno asegura que será una ley de Amnistía la que determine cuáles serán los delitos que recibirán amnistías e indultos y qué conductas dirigidas a financiar la rebelión pueden considerarse conexas. “No podrán ser amnistiados ni indultados los delitos que carezcan de relación con la rebelión”.
5. Cárcel para los guerrilleros
Los defensores del ‘No’ aseguran que los guerrilleros de las FARC no irán a la cárcel pues tendrán “el Tribunal de las FARC”, cuyos jueces serán nominados por las partes negociadoras del acuerdo. Además, según los defensores de esta posición, “no habrá cárcel para los máximos responsables de violación de niñas, obligadas a entregar sus cuerpos a los cabecillas, embarazadas y con fusiles presionadas a abortar”.
Según Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, las sanciones para los guerrilleros serán “actos de reparación a las víctimas en los territorios en condiciones de restricción efectiva de la libertad hasta por ocho años para quienes reconozcan toda la verdad de los crímenes cometidos o cárcel hasta por 20 años para quienes no lo hagan”.
6. “Colombia, castro-chavista”
El Centro Democrático asegura que las FARC “no oculta su doctrina de Socialismo Siglo XXI”, una doctrina que ligada al chavismo en Venezuela y a la que el gobierno de Juan Manuel Santos le está “allanando el camino”.
“El Socialismo chavista expropió el emprendimiento productivo y dejó a Venezuela sin alimentos, con rastrojos improductivos, sin industrias básicas ni estratégicas, con escasez crónica por falta de exportaciones. Anularon la economía privada y el petróleo no les alcanzó. Todavía peor, Venezuela ha pasado de la crisis económica a la crisis humanitaria”, dijo el expresidente Uribe.
El gobierno de Colombia, a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, asegura que desde el primer día que iniciaron las conversaciones con las FARC se estableció que en La Habana “no está en juego ni el modelo político ni el modelo económico”.
“Los acuerdos que se han logrado en el tema rural y político están dentro de la constitución y dentro del sistema económico”, explica Frank Pearl, alto comisionado para la paz de Colombia.
En la negociación ya hay acuerdos parciales sobre participación política, narcotráfico, desarrollo rural, verdad y reparación para víctimas y ahora de cese de hostilidades, aunque en algunos de esos temas hay aspectos puntuales que no se han definido por completo. Los acuerdos deberán ser refrendados en las urnas a través de un plebiscito.
Hasta ahora, todos esos acuerdos anteriores son parciales —de hecho, los documentos que presenta el equipo de negociación son denominados borradores— y solo hasta el acuerdo final y la refrendación se considerarán efectivos cada uno de los puntos a los que se llegó consenso durante el proceso de diálogo.