(CNN) – El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte tiene otra lista de funcionarios de quienes afirma que están conectados al comercio de drogas, según dijo el jefe de la policía nacional a CNN.
Duterte revelará los nombres de “agentes de policía, políticos y fiscales” que tienen vínculos al comercio ilegal de drogas, dijo Ronald Dela Rosa a Ivan Watson de CNN.
El presidente es el único que sabe cuándo hará pública la lista y cuántos nombres hay en ella, dijo Dela Rosa.
“Son tanto capos de la droga como protectores de drogas”, dijo.
Dela Rosa dijo que la lista está basada en reportes “puros” de inteligencia validados por unidades de inteligencia de la Policía Nacional de Filipinas, la agencia antidrogas nacional y el ejército del país.
Duterte, quien llegó a la presidencia a finales de junio, ha seguido agresivamente una agenda anticrimen, con un enfoque especial en sacar las drogas ilegales del país.
Amenazan a la seguridad nacional
Dela Rosa dijo que él y el presidente consideran el negocio de las drogas ilegales como la amenaza “número uno” a la seguridad nacional.
Más temprano este mes Duterte leyó una lista de 150 nombres de funcionarios de quienes dijo estaban implicados en el negocio de las drogas. El mandatario ha sido ampliamente criticado por su política de “nombrar y avergonzar”, pues según los críticos viola el principio de presunción de inocencia.
Dela Rosa dice que está de acuerdo en que la política de Duterte viola el principio de que una persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero dice que el presidente siente que su “deber” es informar al público las identidades de los funcionarios corruptos.
En un discurso este miércoles durante el aniversario 115 de la policía, Duterte se abstuvo de dar nombres pero dijo que la lucha contra las drogas continuaría “implacable hasta que hayamos destruido el aparato que opera en todo el país”.
“Muchos corazones sangrantes, incluyendo de senadores de la república, se quejan de la mortalidad en la lucha contra las drogas”, dijo en su discurso en el que reiteró que los agentes tienen el derecho a usar la fuerza mortal en defensa propia.
“Si la resistencia es violenta poniendo tu vida en riesgo, dispara y mátalo. ¿Puedo ser más claro que eso?”.
“Tengan cuidado conmigo porque cuando digo que voy a proteger a mi país, lo haré aún si tengo que matar o que me maten en el proceso. No voy a dejar que nadie destruya mi país”, dijo Duterte en un típico discurso no estructurado.
Un juez muerto hace años en la lista
La política fue más criticada cuando el nombre de un juez que murió hace ocho años fue leído en una lista durante un discurso televisado previamente en agosto.
Dela Rosa dijo que aunque la inteligencia incluyó al menos a un agente que habían muerto hacía mucho tiempo, el juez estaba en esa lista por los crímenes que había cometido en el pasado.
El jefe de la policía dijo que podía poner las manos en el fuego por la inteligencia de la policía, pero no por otras agencias.
Grupos de derechos humanos han criticado repetidamente la dura política de la administración de Duterte y dicen que los métodos aparentemente autorizados por el gobierno han dado como resultado cientos de ejecuciones extrajudiciales.
Más de 600 muertos
La lista de muertes del Daily Inquirer de Filipinas, considerada como uno de los registros más precisos de las muertes de los sospechosos capos de la droga en combate con la policía, dice que a la fecha se ha reportado la muerte de 693 personas sospechosas de estos crímenes entre el 30 de junio —día en el que Duterte asumió la presidencia— y el 15 de agosto.
Dela Rosa deberá presentarse ante el Senado del país la próxima semana en una audiencia por la ola de muertes. Él dice que 600 personas han muerto a manos de la policía durante “operaciones legítimas contra las drogas”.
Cientos de miles usuarios de drogas se han registrado voluntariamente en los consejos locales de sus barrios como parte de un programa informal de la policía implementado en todo el país por Dela Rosa, quien fue nombrado en julio con la nueva administración.
Al registrarse los usuarios de drogas esencialmente se rinden ante los consejos locales y se les ofrece un programa de rehabilitación. Pero los críticos de la mano dura dicen que las libertades civiles de aquellos que se entregan están siendo ignorados, y la política equivale a una detención de facto contra los filipinos pobres.
Dela Rosa dice que la política no viola los derechos de los ciudadanos.
Duterte disfruta de cifras de aprobación altas, incluyendo del 91% de popularidad en una encuesta del mes de julio. El jefe de la policía atribuye esas altas cifras a la frustración de los filipinos con las altas tasas de crimen que hay en el país y su dura postura contra las drogas.