Tras la firma por parte de Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’ del acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno de Colombia y las FARC, a los colombianos les quedan unos pocos días de reflexión de cara al plebiscito el domingo 2 de octubre para refrendar lo pactado.
En una campaña marcada por un apoyo por el Sí diversificado en varios movimientos políticos y sociales (los partidos de la alianza de gobierno —La U, Liberal, Conservador, Cambio Radical— más la Alianza Verde, el Polo Democrático, el partido MIRA, además de grupos LGBT, indígenas, entre otros) y el apoyo por el No concentrado principalmente en el partido Centro Democrático y figuras de opinión como el expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordóñez, aún hay quienes están indecisos o tienen interrogantes de peso para tomar su decisión.
La más reciente encuesta de Ipsos Napoleón Franco revelada este martes —contratada por medios locales— indica que hay un 19% de los encuestados que aún tiene posibilidad de cambiar su intención de voto. Además, de los consultados, un 21% dijo que no sabe si votará.
Las preguntas sobre el acuerdo han sido parte central de la campaña: por un lado el senador y expresidente Álvaro Uribe —jefe de la campaña del No— las plantea como argumento neurálgico para oponerse, mientras que en las últimas semanas el Gobierno —con la cara visible del jefe negociador Humberto de la Calle— ha hecho una campaña pedagógica intensa para responder, bajo su criterio, los cuestionamientos.
Estas son algunas de las preguntas:
¿Se logra con el plebiscito la paz absoluta?
Ha sido el caballo de batalla del Centro Democrático: señalar que el Gobierno engaña con la pregunta del plebiscito (¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?) debido a que lo que se pretende refrendar no es la paz, sino un acuerdo entre el Gobierno y un solo grupo guerrillero, las FARC.
Tiene la razón la oposición: con el acuerdo no se acaba el conflicto en Colombia, puesto que aún se mantienen en operación violenta grupos como el ELN, el Clan del Golfo, el grupo de Los Pelusos, Los Puntilleros y el Frente Primero de las FARC —disidencia de la guerrilla que se opuso al acuerdo—, las organizaciones grupos que, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, mantienen la violencia armada en el país bajo las características en que Colombia la ha conocido en el pasado medio siglo.
Además, como señaló el analista Rafael Nieto en entrevista con Patricia Janiot, presentadora principal de CNN en Español, sigue habiendo debate en el asunto semántico: ¿hay guerra o amenaza terrorista? Según las varias declaraciones del presidente Santos, con el acuerdo se acaba la guerra. Para Uribe y sus copartidarios, lo que existe es una amenaza narcoterrorista, aún vigente incluso después del proceso de paz.
El acuerdo de paz con las FARC significa el cese de hostilidades con el mayor grupo insurgente en el país en materia de miembros, acciones violentas y poder de influencia, según las cifras de Cerac. Por tanto, si bien no se termina la violencia armada en Colombia o el conflicto en toda su expresión, si se cumple lo pactado sí estaría erradicándose el origen de buena parte de ese conflicto y sacando de la ecuación al actor más importante.
¿Se renegociará el acuerdo si gana el No?
Esa ha sido la propuesta de la campaña por el No desde que las partes llegaron al acuerdo final en agosto: aunque reconocen la reducción efectiva de la violencia con el cese del fuego por parte de las FARC, los opositores dicen que el acuerdo tiene problemas graves y de fondo que deben ser corregidos porque podrían generan nuevas violencias. Uribe ha dicho que la idea es que no se levante la mesa de negociación.
Pero aunque las FARC en algún momento dieron declaraciones que permitían sugerir que esa podía ser una opción, en su reciente conferencia guerriller dejaron claro que no hay posibilidad de renegociación. ‘Carlos Antonio Lozada’, miembro del secretariado de las FARC, dijo en conferencia de prensa que “no existe la más mínima posibilidad de que lo acordado en La Habana sea renegociado; lo acordado, acordado está y no existe esa posibilidad”.
Además, el Gobierno y los jefes negociadores han sido enfáticos en que esa opción sencillamente no es posible. Humberto de la Calle dijo que renegociar es una “ilusión” y reiteró que el acuerdo de La Habana, aunque imperfecto, es “el mejor posible”.
Algo que aún no está claro es qué pasaría con el cese del fuego bilateral en caso de ganar el No. Si llegase a caerse el acuerdo, la suposición es que la dinámica del conflicto volvería. Quienes defienden el acuerdo argumentan que ya el hecho de que hayan cesado los asesinatos por el conflicto (las muertes civiles cayeron 98% y las de combatientes un 94%, según cifras de Cerac) es de hecho un logro, y cabe suponer que si se levanta la mesa de diálogo y se termina el cese del fuego, esas cifras podrían volver a las de los primeros años de los diálogos, en que la violencia se recrudeció cuando no hubo altos del fuego.
¿El Gobierno bajó el umbral para que el plebiscito lo apruebe una minoría?
Se trata de un punto que tiene matices. Por pedido del Gobierno, la Corte Constitucional de Colombia estableció una reducción en el umbral de aprobación del 25% al 13% del censo electoral, lo que se traduce en 4,3 millones de votos aproximadamente necesarios para la aprobación del documento.
Pero la cifra no indica la magnitud de lo que debe pasar para que el Sí gane en el plebiscito: que se alcance ese umbral y que el Sí sea mayoría. El artículo 2 del proyecto de ley estatutaria del plebiscito indica que la aprobación será solo “en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no”.
Como explica el constitucionalista Rodrigo Uprimny en una columna en La Silla Vacía, “para la aprobación de un referendo, una consulta popular o un plebiscito no basta con que la mayoría de los participantes vote a favor (como sucedería si no hubiera umbral) sino que es necesario otro requisito: que la votación supere cierto porcentaje del censo electoral”.
Uprimny explica que lo que suele establecerse es un umbral de participación, en el que “se contabiliza la participación total, pues se exige que el número de votantes supere un porcentaje del electorado”. Ese es un mecanismo que “paradójicamente estimula la abstención”, dice, porque quienes se oponen al plebiscito optan por no votar para que de entrada no haya posibilidad de que se apruebe lo que se esté preguntando (así pasó con el referéndum constitucional promovido por Álvaro Uribe en 2003: aunque sus propuestas fueron apoyadas por los votantes, la mayoría de puntos no obtuvieron el requisito mínimo de participación de 25% para ser aprobadas): eso se conoce como “abstención estratégica”.
En cambio, en el caso de este plebiscito —explica Uprimny— existe un umbral de aprobación, que exige que “que la votación por el sí (y no la totalidad de los votos)” deba superar el 13%”. Así quienes quieran oponerse al acuerdo deben ir a votar y si se abstienen no estarán contribuyendo a ninguna de las opciones, sino que se mantienen indiferentes, que es el objetivo de la abstención.
¿Irán o no los guerrilleros a la cárcel?
Es la principal crítica en materia de justicia al acuerdo. La respuesta sencilla es que, si los guerrilleros cumplen lo que prometen, no irán a la cárcel. En eso tienen razón los opositores.
Eso responde a que el modelo de Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia transicional que contempla el acuerdo de paz prioriza la verdad sobre la cárcel: si el guerrillero cuanta toda la verdad a sus víctimas y al Estado, recibe sanciones que apuntan a la reparación. Quienes reconozcan delitos de lesa humanidad tendrán restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años dentro de esa justicia transicional. Quienes cuenten la verdad y colaboren pero de forma tardía tendrán una pena privativa de la libertad de entre 5 a 8 años en el régimen ordinario.
Eso sí, si el guerrillero que no colabore y no entregue la verdad, pagará cárcel con una pena de entre 15 y 20 años en la justicia ordinaria.
El acuerdo establece que todos los delitos van a ser investigados, juzgados y sancionados, por lo que en términos estrictos no se puede hablar de impunidad. Fatou Bensouda, fiscal general de la Corte Penal Internacional, dio en ese sentido un respaldo al acuerdo: lo calificó de “un logro histórico para Colombia”.
Además, el acuerdo indica que no serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como el secuestro.
¿Puede ‘Timochenko’ ser elegido presidente?
Los opositores dicen que es inaudito que “genocidas” puedan llegar a la política. En entrevista con Patricia Janiot, presentadora principal de CNN en Español, Uribe dijo que sería como si México le diera participación política a ‘El Chapo’ Guzmán.
Durante la campaña, miembros del Centro Democrático puso una valla en Santa Marta en la que se decía “¿Quieres ver a Timochenko presidente? Vota Sí”. El Consejo Nacional Electoral mandó a desmontarla por considerarla desinformación.
¿Pero es posible que ‘Timochenko’ se lance a la presidencia?
Los opositores al acuerdo aseguran que, según lo que dice el documento de La Habana, la valla no miente. Citan el artículo 36 del la Jurisdicción Especial para la Paz, que establece que “la imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR (Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.
En ese sentido, si ‘Timochenko’ cumple todos los requerimientos del proceso, entrega toda la verdad y repara a sus víctimas, tendría eligibilidad política y podría lanzarse a la presidencia.
Las FARC tendrán candidatos para Cámara y Senado en 2018 y 2022, periodos en los que tendrán 5 curules garantizadas y tres voceros en ambas cámaras de aquí a 2018, con voz pero sin voto. Después de eso se les aplica las mismas reglas de juego. Es decir, si no consiguen los votos en las elecciones, podrían perder no solo las curules sino también la personería jurídica.
Lo cierto es que el acuerdo busca precisamente que quienes recurrieron a las armas para hacer valer su visión renuncien a la violencia y se unan a las reglas de la democracia. Eso quiere decir que, sin importar su ideología y siempre y cuando se desmovilicen y reintegren efectivamente a la sociedad y cumplan la ley, los antes alzados en armas pueden participar en política.
Eso también aplica para quienes no hayan recurrido a las armas pero tengan ideologías cercanas a las del partido de las FARC. “En toda democracia seria se puede votar por marxistas o comunistas o chavistas. Decir lo contrario es ridículo y dictatorial”, dijo el escritor Héctor Abad Faciolince.
Después de todo, el objetivo del acuerdo —como lo dijo Santos en Cartagena—, es “cambiar las armas por los votos y las balas por ideas”. No obstante, no todos comparten que los jefes guerrilleros obtengan ese derecho político.