(CNN Español) – La que termina no fue una semana fácil para la oposición en Venezuela.
Primero, los tribunales penales de cinco estados del país dictaron medidas cautelares para suspender el proceso de recolección de firmas para el referendo revocatorio, previsto para la próxima semana (del 26 al 28 de octubre), con el argumento de haber detectado fraude en la fase previa de colecta de firmas, que debía sumar el 1% del censo electoral. Más adelante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la decisión de suspensión se extendería a todo el país. Y horas después, el poder judicial prohibió la salida del país del excandidato presidencial Henrique Capriles, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, y otros seis líderes opositores.
El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, celebró las decisiones de los tribunales locales y aseguró que así se “repara el fraude cometido” por la MUD, coalición de los principales partidos de la oposición en Venezuela. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el gobernador oficialista del estado de Aragua, Tareck El Aissami, también recibió las medidas con agrado y afirmó que, como lo había dicho antes, “el fraude de la MUD no iba a quedar impune”.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Nacional Electoral, actual alcalde de Caracas y representante del PSUV en la comisión para la verificación de firmas, la recolección del 1% quedó paralizada pues está “profundamente manchada de fraude y de mentira”.
Llama la atención que Luis Emilio Rondón, uno de los rectores del CNE, se mostró en abierto desacuerdo con la decisión de la autoridad en la que tiene asiento. A través de una serie de tuits enviados desde su cuenta, Rondón aseguró que las “medidas cautelares penales no deben paralizar la expresión de la soberanía popular” y dijo que como el rol del CNE es “garantizar el ejercicio de los derechos políticos”, no comparte la decisión.
En agosto pasado, la autoridad electoral había aprobado la validación del 1% de las firmas recolectadas en abril pasado en los 23 estados del país y en la capital. Para que se pueda realizar el referendo revocatorio, la oposición necesita recolectar y validar cerca de 4 millones de firmas, el equivalente al 20% del padrón electoral.
Así las cosas, con el país sumido en una compleja crisis que incluye una inflación desbordada y la escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, y sin fechas claras de cuándo podría reanudarse la recolección de firmas, es prácticamente imposible que el referendo pueda ser convocado antes del 10 de enero del 2017.
Esta era la fecha límite que en principio se había impuesto la oposición pues a partir de ese día, según la Constitución, una derrota del presidente Nicolás Maduro en el revocatorio no llevaría a la realización de elecciones anticipadas, sino a que fuera reemplazado por el vicepresidente.
Con las medidas de esta semana, ¿queda herido de muerte el referendo revocatorio en Venezuela? ¿Qué salidas le quedan a la oposición en Venezuela? El panorama no está nada claro porque, para muchos, la democracia ha recibido golpes letales y las salidas legales cada vez son más restringidas.
¿Estocada final?
El abogado constitucionalista José Vicente Haro dijo a CNN en Español que los tribunales penales no tienen competencia en materia electoral. Para Haro, “es injustificada la decisión del CNE de paralizar el proceso en curso”.
“Prácticamente el CNE le está dando una estocada de muerte al revocatorio”, dijo Haro, quien cuestionó que la autoridad electoral hable de fraude cuando ella misma verificó la recolección del 1% de las firmas.
Algo muy parecido piensa la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol, quien también le dijo a CNN en Español que “ha quedado clarísimo que en Venezuela no hay democracia” y, dado que la oposición ha agotado ya “todos los recursos que están en la Constitución”, solo queda una salida: la realización de una “Asamblea Constituyente originaria, sin participación del CNE, que es la oficina electoral del Gobierno, en la que solo participe el pueblo”.
De acuerdo con la exmagistrada, desde que en diciembre del año pasado el Gobierno perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, “se ha utilizado a los tribunales y el poder judicial como cierre a una salida democrática”.
Al respecto, el abogado y politólogo venezolano Luis Salamanca también llama la atención sobre el hecho de que las decisiones de los tribunales locales “no tienen base legal” porque los jueces penales que dictaron las medidas cautelares no tenían competencia ni jurisdicción para ello. “Y aunque en estricto derecho esas decisiones no tienen fundamento, menos aún lo tiene que el CNE, apurado por evitar el referendo revocatorio, extendiera eso a todo el país”, aseguró Salamanca a CNN en Español.
“Mientras van al fondo e investigan los supuestos fraudes paralizan la recolección del 20% de las firmas con estas medidas cautelares, pero en Venezuela se ha visto que las medidas cautelares no concluyen en nada, llevan como a un limbo”, aseguró.
Por eso, según Salamanca, “lo más probable es que esto signifique políticamente el fin del revocatorio, pues no se puede hacer sin el mínimo del 20% de las firmas del censo electoral, el Gobierno no las va a recoger y tampoco va a dejar que nadie las recoja”.
Queda la opción, explicó, de recolectarlas el año que viene, pero en ese caso el referendo ya no tendría efecto sobre la posibilidad de convocar nuevas elecciones. “El de esta semana es un golpe seco, ilegal e inconstitucional a la intención de millones de personas de hacer un referendo revocatorio”.
El peligro de la calle
La posición de Salamanca coincide con la de Reinaldo Aguilera, abogado y coordinador nacional de capacitación electoral de la MUD, quien califica de “golpe letal” la decisión de la paralización de la recolección de firmas para el referendo revocatorio. “Es una decisión contraria al derecho que rompe con los mecanismos constitucionales que nos quedan y pone muy cuesta arriba que se pueda realizar el referendo”.
En una entrevista telefónica con CNN en Español, Aguilera se mostró preocupado pues dentro de la oposición “ya sabíamos que los tiempos estaban muy cortos, pero aún así seguíamos trabajando y este era el último de los obstáculos de todos los que habíamos superado, bastante engorrosos”.
Lo que evidencia la decisión del CNE, opina, “es que el Estado de derecho está totalmente vulnerado y se ha pateado una vez más la Carta Magna que rige los destinos del país”.
Como Salamanca y Haro, Aguilera califica de “aberrante” que tribunales penales de cinco estados tomen decisiones que son competencia de tribunales electorales y que, además, sus sentencias sean luego ampliadas a todo el país. “El Gobierno interpreta la Constitución según su beneficio. Esa Constitución fue hecha a su medida, pero es curioso que quienes la crearon y dijeron alguna vez que era una de las mejores del mundo, ahora la maltraten constantemente”.
El optimismo de Aguilera reside en los jóvenes del país, “la reserva moral”, como le llama. “Aunque la mayoría de los jóvenes han crecido con estos 18 años del mal llamado Socialismo del Siglo XXI, también tienen valores democráticos muy arraigados y siguen trabajando por el país que nos merecemos todos los venezolanos, tanto los que apoyan al socialismo como los que no”.
El problema es que a cada marcha que la oposición organiza en las calles del país le sigue la respuesta de una marcha convocada por el Gobierno, con los evidentes riesgos de confrontación que eso trae.
“El Gobierno ha llevado poco a poco a la oposición a un escenario de confrontación que ocurre por vía de hecho, por fuera del derecho. Yo le llamo a esto el régimen cojo, porque le falta una pata pero con la otra pata se está defendiendo y se está aferrando al poder, mientras arrastra a la oposición a una confrontación fuera de la Constitución”, asegura el analista Salamanca.
“Los jóvenes están saliendo a la calle, los venezolanos están saliendo, pero cuando lo hacen el Gobierno saca a la Guardia Nacional, a los militares, y aprovecha ese escenario para detener a muchos líderes y dejarlos fuera de circulación”, plantea.
Además, Salamanca es enfático en que la oposición corre el riesgo de fracturarse porque ya se ven dos enfoques: “uno paciente, que va por la vía electoral, y uno impaciente, que ejerce la protesta, quiere salir ya a la autopista y utiliza herramientas que golpean duro en el momento pero luego se pierden”.
La estrategia de la oposición, dice, “no puede ser enloquecida sino unitaria y debe ser la misma hasta el 2019, no puede jugar a una estrategia distinta cada año”.