(CNN Español) – El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, fue detenido por orden de la Fiscalía General de la República de El Salvador junto con otras seis personas, por presunta corrupción, confirmó la FGR.
Fue detendido, junto a su exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, y su exsecretario de la Juventud, César Funes, cuando estaban juntos en la boda de uno de los hijos del exmandatario.
Horas más tarde se entregó a la justicia, Elmer Charlaix, exsecretario privado de Saca durante su administración (2004-2009).
Saca y Charlaix son acusados de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. A Rank y a Funes se les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas y caso especial de lavado de dinero, informó la Fiscalía.
Entre los detenidos también figuran Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Jorge Alberto Herrera. Los tres aún son empleados de la Casa Presidencial.
La abogada de Antonio Saca dijo que él está confiado que saldrá bien librado de esta acusación. Él ya enfrentaba desde febrero pasado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito porque no justificó ingresos de poco más de 5 millones de dólares y, desde el pasado 13 de octubre, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a Charlaix por el mismo delito, ya que no pudo justificar el manejo de 18 millones de dólares.
Según la investigación, Charlaix hizo depósitos en cuentas personales y emitió cheques a favor de Julio Rank, César Funes y Antonio Saca por unos 15 millones de dólares. Charlaix explicó en su defensa a la Corte Suprema que el dinero fue usado para labores de inteligencia del Estado y que la ley le prohibía revelar detalles.
Antonio Saca es el segundo expresidente capturado por hechos de corrupción tras Francisco Flores, mientras que Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde septiembre, está bajo investigación.
Las organizaciones que promueven el combate a la corrupción dicen que el sistema judicial está de nuevo a prueba.
La Fiscalía deberá presentar en un plazo máximo de 72 horas la acusación ante los tribunales y será un juez quien decidirá si existen méritos para que continúen detenidos o si deben seguir procesados en libertad.