El fin de semana pasado, en sólo 48 horas, tres líderes sociales fueron asesinados y otros dos sobrevivieron a atentados en su contra en Colombia, denunció el movimiento político Marcha Patriótica.
Sucedió en regiones apartadas de la capital, que por décadas han sido las más olvidadas por el Estado y que han experimentado lo peor de la violencia en Colombia: los departamentos de Caquetá, Nariño, Cauca, Meta y Norte de Santander.
Esas cifras prendieron las alarmas en casi todos los sectores y llevaron al Gobierno Nacional y a las FARC a pronunciarse por los riesgos que implican para la construcción de la paz, para la existencia de movimientos políticos alternativos y para la implementación del acuerdo negociado con esa guerrilla, que se vuelve a firmar este jueves en Bogotá, tras el rechazo del 50,2% de los colombianos, que acudieron a votar en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
Las cifras prendieron las alarmas, pero no son nuevas.
En los últimos cuatro años, según Marcha Patriótica, han sido asesinados 124 defensores de derechos humanos, líderes campesinos y comunitarios. Todos, miembros de ese movimiento.
Según la base de datos del conflicto armado del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), entre enero y septiembre del 2016 la violencia política en Colombia cobró la vida de 43 personas, entre líderes sociales y comunitarios, activistas políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, representantes de víctimas y funcionarios estatales. En ese mismo lapso, se registraron 169 amenazas.
La información que maneja el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) no es muy distinta, pues calcula que este año, hasta septiembre pasado, se han producido 54 asesinatos y 274 amenazas también a activistas, defensores de tierras, líderes comunales, campesinos y sociales, que en su mayoría trabajan muy lejos de Bogotá, en las regiones.
¿Por qué mientras se negocia un acuerdo de paz para desarmar a la guerrilla más antigua de América Latina, que incluye darle garantías para que sus miembros vuelvan a la sociedad y hagan política desde la legalidad, en varios lugares del país se está matando a los líderes sociales?
Ya muchos se preguntan si será que Colombia puede ser testigo, otra vez, de un genocidio como en los ochenta y los noventa, cuando fueron asesinados más de 5.000 miembros (incluidos dos candidatos presidenciales y más de 10 congresistas) de la Unión Patriótica, el partido político creado en 1984 tras un acuerdo entre las FARC y el Gobierno de entonces. La justicia determinó que detrás del exterminio de líderes de izquierda estuvieron grupos paramilitares y agentes estatales y fue justamente el presidente Santos, en septiembre pasado, quien 30 años después reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en esta masacre.
Atentado al proceso de paz
David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, está seguro de que “se han reactivado algunos grupos paramilitares” en Colombia y sustenta esa denuncia en los “panfletos amenazantes y los grafitis que en los últimos meses han aparecido en muchos pueblos de los departamentos donde están cayendo nuestros líderes”.
Asegura que de los 124 asesinatos registrados desde el 2012 en Colombia, no existe una sola condena a los culpables. “La impunidad es del 100%, no hay sindicados ni condenados, ni siquiera avanzan las investigaciones”, señala Flórez.
“Aquí hay un poco de todo, no es sólo paramilitarismo, también hay grupos locales que se oponen a la restitución de tierras, así como puede haber casos de venganzas individuales”, le dijo a CNN en Español Ariel Ávila, politólogo, profesor y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Él mismo ha sufrido tres atentados en los últimos años y hasta el momento la justicia no ha emitido ninguna sentencia por esos casos ni ha determinado quiénes son los culpables.
Es que se sabía que esto podía pasar, afirma. “Estos asesinatos demuestran que hay una gran resistencia a la implementación de los acuerdos de paz, demuestran que siguen existiendo élites locales muy resistentes a la democratización y a la restitución de tierras. Si el Estado no le presta atención a este tema, el proceso de paz va a terminar en una gran frustración, así como el proceso de apertura democrática de los años 80”.
Según Ávila, una de las consecuencias más dramáticas de la matanza de los líderes sociales es que “imposibilitará llevar democracia a las regiones”.
Para Sergio Coronado, subdirector del CINEP, “el efecto directo es que se profundiza la desconfianza frente a las garantías de seguridad que pueda brindar el Estado colombiano en un futuro escenario de desmovilización de combatientes”.
“Si los líderes sociales, cuya actividad es legítima y está protegida por el derecho, están siendo asesinados, el mensaje que se les envía a quienes ahora han aceptado hacer el tránsito de la ilegalidad a la legalidad es muy preocupante, está lleno de interrogantes”, le dijo Coronado a CNN en Español. “Tanto este proceso de paz como un eventual proceso con el ELN requiere que las organizaciones sociales estén muy fuertes para ayudar en la implementación de los acuerdos y en la construcción de la paz en las regiones”.
De hecho, uno de los puntos neurálgicos del acuerdo de paz, que durante cuatro años se negoció con las FARC en La Habana, es el del “desmantelamiento del fenómeno del paramilitarismo”, grupos armados de extrema derecha que desde la década de los ochenta en una lucha contrainsurgente que -ya ha sido comprobado- en muchas ocasiones contó con la connivencia o incluso participación directa de las Fuerzas Militares, multiplicaron el baño de sangre en Colombia.
Mensaje contundente
Este lunes, a través de una carta pública enviada al presidente Santos, las FARC se mostraron muy preocupadas por las amenazas y asesinatos perpetrados por lo que llamaron “agentes en contra del proceso de paz”.
“Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes no hay ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder”, se lee en la misiva.
Tras una reunión que sostuvo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien encabeza la Comisión de Alto Nivel que el gobierno conformó para analizar la situación y proponer estrategias que permitan ponerle un freno al asesinatos de los líderes sociales, Santos anunció varias medidas.
Entre ellas, ordenó intensificar la implementación de las medidas del cese el fuego pactadas con las FARC, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto; le pidió a la Unidad de Protección de Personas que examine la situación de seguridad y priorice los esquemas de los líderes sociales y campesinos que están bajo riesgo, y estableció que el gobierno y la Fiscalía General de la Nación deberán reunirse cada semana en consejos de seguridad en los municipios más afectados por esta problemática.
“Esta incertidumbre va aumentando los riesgos y por eso la urgencia de tomar las decisiones. Es urgente pasar a la siguiente fase: el agrupamiento de las FARC en las zonas veredales de transición para garantizar el cese del fuego y dar también las garantías a todos los ciudadanos”, aseguró Santos en un discurso enérgico. “La Fiscalía está acelerando su labor investigativa para esclarecer cada uno de los casos y determinar quiénes fueron los responsables”.
Para el subdirector del CINEP, en medio de la inquietud generada por el aumento de los asesinatos, las amenazas y las agresiones contra los líderes sociales, las declaraciones del presidente envían un mensaje muy positivo y deben servir de ejemplo para gobernadores y alcaldes.
“Nunca habíamos visto a un jefe de Estado que hiciera una declaración pública sobre la importancia de proteger la vida de estas personas, justo cuando se están produciendo las muertes. Eso pasaba después, pero no durante. La sociedad colombiana no está acostumbrada a recibir un mensaje tan contundente por parte del presidente, así que lo recibimos con mucha satisfacción”, comentó.
Calificó también como muy positivo que la Fiscalía se involucre con un cuerpo especial en las investigaciones de los asesinatos, porque “si el aparato de justicia no funciona, será muy difícil desmantelar las estructuras criminales” que están detrás de esos hechos.
“Hasta ahora, la respuesta ha sido muy escasa por parte de las autoridades. La Fiscalía debe dar respuesta rápida en la investigación y determinar quiénes fueron los responsables, lo que es mucho más efectivo que cualquier sistema de protección con escoltas y carros blindados”, le dijo a CNN en Español Jorge Restrepo, analista y director del CERAC.
Aunque más allá de la justicia, como dice Coronado, “también hay una protección colectiva, que pasa porque las organizaciones de líderes sociales obtengan mayor visibilidad y respaldo político por parte del Estado y de las Fuerzas Militares y de Policía, algo que las blinda muchísimo”.
En todo caso, para Restrepo desde el CERAC, es claro que “el proceso de paz no va a acabar con la violencia política”. Y en ese aspecto, a pesar de que preferirían no tener que decirlo, todos concuerdan.