(CNN Español) – Los movimientos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador, llevan seis meses en la mira de la Fiscalía de ese país por cuenta de un escándalo de corrupción.
Los hallazgos no son de poca monta: hasta el momento hay 17 procesos penales abiertos, 80 personas investigadas y 23 procesadas, de las cuales 5 están con prisión preventiva, según lo que reportó la entidad este miércoles. Las pesquisas están relacionadas con los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada, peculado, cohecho y perjurio. Se trata del que ha sido calificado como el peor caso de corrupción en la última década: funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador habrían recibido comisiones de contratistas que fueron a parar a sus empresas y cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Tráfico de influencias
Fue el gerente de Petroecuador, Pedro Merrizalde, quien puso la primera piedra para destapar el escándalo, pues el 10 de mayo pasado denunció a su antecesor Álex Bravo por tráfico de influencias. Además, el caso de los famosos papeles de Panamá arrojó algunas pistas sobre las presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en Petroecuador. En ese momento, la Fiscalía pidió la asistencia penal de Panamá para fortalecer la investigación del caso.
Meses después, la Fiscalía recibió un informe de 1.400 hojas que reveló, entre otras cosas, las supuestas transacciones irregulares de la empresa Girbra, protagonista en el expediente de corrupción, y de la empresa la empresa Kilkenny Bussinnes. La primera compañía estaría relacionada con el exgerente general de Petroecuador, Álex Bravo, y la segunda con Marco Calvopiña, también exgerente de la petrolera, a través de la Mancomunidad de las Bahamas, de acuerdo a la Fiscalía ecuatoriana.
Básicamente, lo que se detectó en la investigación fue que Bravo, quien permanece detenido desde el 16 de mayo, supuestamente abrió cuentas y empresas en paraísos fiscales, con “millonarias sumas de dinero, entregadas por contratistas de Petroecuador para beneficiarse de jugosos convenios”, reportó en la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Surámerica, Andes. Según explica la Fiscalía en una infografía del caso, “en una de las cuentas de Girbra se receptaron transferencias de contratistas de Petroecuador”. Y agrega que dicha empresa “captaba aportes entregados por contratistas de Petroecuador”.
En medio de esta telaraña, a través de Girbra, Bravo le habría transferido sumas de dinero a la empresa Capaya, que es propiedad del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, indicó el portal de Medios Públicos del Ecuador. De hecho, el 14 de octubre pasado la Fiscalía comunicó que vincularía a la investigación a Pareja Yanuzelli, quien también fue funcionario de Petroecuador. El ente reportó que habría evidencia de “las transferencias recibidas por la empresa ‘offshore’ Girbra, de Álex Bravo, desde varios contratistas de Petroecuador. A su vez se detectaron las transferencias enviadas desde Girbra a las cuentas de Carlos Pareja y Arturo Escobar, exfuncionarios de la petrolera estatal”.
Sobornos
El portal de Medios Públicos del Ecuador agregó que Carlos Pareja habría recibido un millón de dólares en sobornos y a Álex Bravo se le habrían transferido montos “que llegan a 12 millones de dólares presuntamente depositados en cuentas en Panamá”. Además, confirmó que Xavier Baquerizo, contratista de la petrolera, también estaría relacionado en el caso por contratos de hasta “600.000 dólares, mientras cumplía funciones en la petrolera nacional”. El portal añadió que Baquerizo era el representante de Oil Services y presuntamente “realizaba acuerdos ilícitos con Petroecuador”.
Por estos hechos, Carlos Pareja, Álex Bravo y Marco Calvopiña aparecen investigados y procesados por diferentes cargos, sin embargo vale la pena aclarar que no han sido condenados. Pareja enfrenta los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y peculado. Bravo, por su parte, deberá responder ante las acusaciones de cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado mientras permanece detenido. Finalmente, Calvopiña afronta tres procesos penales por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado.
Álex Bravo le afirmó en mayo pasado a Ecuavisa que permanecería en el país “para dar frente a los medios y a la justicia y a todo quien me pida cuentas: no voy a huir”. Añadió que enfrentaría el proceso penal, “como he enfrentado cada uno de mis problemas”.
Por otro lado, Carlos Pareja, quien se encuentra fuera de Ecuador, pidió asistir a través de Skype a una audiencia judicial celebrada el pasado 23 de noviembre. La petición fue negada por la juez, pero su abogado Xavier Cazar declaró que su cliente quería manifestar que “rechazaba la persecución de sus familiares, que comparecerá en todos los procesos, que no descarta venir al país para hacerlo personalmente, y que se acogerá ante la Fiscalía” para colaborar, según lo informó el diario El Universo. Este mismo medio publicó, en junio pasado, que durante una audiencia de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Pareja aseguró que no tenía compañías offshore y que desconocía las actividades de Álex Bravo.
Por su parte, Marco Calvopiña señaló el pasado sábado, a través de un comunicado enviado a sus abogados, que no es dueño, socio ni accionista de la empresa Kilkenny Bussines S.A., de Panamá.
Entre los 80 investigados que tiene la Fiscalía también hay funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador, contratistas y representantes de empresas proveedores de la empresa estatal. De las personas vinculadas a la investigación, 12 han salido de Ecuador.
Esta es la explicación en video que ha hecho la Fiscalía del caso:
El presidente de Ecuador Rafael Correa calificó este hecho de corrupción como “el más grave que se ha presentado en 10 años de gobierno”, durante el Enlace Ciudadano 495 desde El Calzado, al sur de Quito, en octubre pasado. Y agregó que “aquí no solo deben ser sancionados los funcionarios públicos que recibieron estas coimas, estas comisiones, y lamentablemente está involucrado Carlos Pareja Yannuzzelli pero también otros funcionarios de Petroecuador, tienen que ser responsables los empresarios que dieron esas coimas porque son parte de la corrupción”.