El 12 de diciembre será un día clave para la paz en Colombia.
Tan importante como el día en que se firmó por primera y por segunda vez el acuerdo entre el gobierno y las FARC (26 de septiembre y 24 de noviembre, respectivamente). Tan importante como el día en que finalmente fue aprobado por el Congreso de la República (el 30 de noviembre pasado).
La razón: ese día la Corte Constitucional decidirá si el Acto Legislativo por la Paz, creado para facilitar la implementación del acuerdo, es legal o no.
Ese Acto Legislativo por la Paz o fast track, como se le conoce, se aprobó en el Congreso en junio pasado y creó un procedimiento especial para tramitar las reformas legales y constitucionales que se deriven de los acuerdos, además de otorgarle facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para expedir decretos con fuerza de ley, exclusivamente relacionados con el desarrollo del acuerdo de paz. Esas facultades extraordinarias tienen una duración de 90 días, prorrogables por una sola vez, por 90 días más.
Como lo explica Andrea Celemín, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, se trata de un “acto legislativo sui géneris en el derecho constitucional colombiano” que plantea varias transformaciones importantes.
La primera es que “reduce el número de debates requeridos por el procedimiento legislativo ordinario” para aprobar proyectos de ley y proyectos de acto legislativo (los que modifican la Constitución).
Normalmente, los trámites de nuevas leyes en el Congreso necesitan cuatro debates (dos en Senado y dos en Cámara de Representantes), mientras las reformas constitucionales necesitan de ocho debates (cuatro y cuatro). El fast track aceleraría ese proceso y estipula que su discusión y aprobación se daría en solo dos y cuatro debates, respectivamente.
Según Celemín, además, ese Acto Legislativo por la Paz determina que “el Congreso no puede introducir ninguna modificación ni enmienda a los proyectos de ley presentados para implementar los acuerdos de paz con las FARC que no tengan el aval del presidente; solo podría aprobarlos o no aprobarlos”.
Entre las reformas necesarias para hacer realidad lo pactado con las FARC están la ley de amnistía general, la ley de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la ley de creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la ley de creación del partido político que surja del desarme de la guerrilla y la ley de creación de la Comisión de la Verdad.
El problema del plebiscito
La dificultad radica en que al ser aprobado, hace seis meses, el Acto Legislativo por la Paz quedó amarrado a la refrendación popular del acuerdo. Y dados los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en el que por una diferencia muy estrecha el 51,2% de los votantes rechazaron el acuerdo de paz en las urnas, algunas voces plantean hoy que el llamado fast track no puede ser activado.
“En condiciones normales u ordinarias es claro que el fast track es un procedimiento que sí puede sustituir a la Constitución Política, porque el Congreso queda supeditado a todo lo que ordene el presidente, pero en un momento extraordinario como el que vive Colombia un procedimiento de ese tipo tiene una razón de ser”, argumenta Celemín.
Algo muy parecido a lo que opina la politóloga e internacionalista colombo-uruguaya Laura Gil, quien en una columna publicada en el periódico El Tiempo hace unos meses recordó primero cómo en “en Estados Unidos, el Congreso aprueba los tratados de libre comercio mediante la ley fast track (vía rápida)”, y luego aseguró que la paz en Colombia “no resiste tanta demora” y “momentos decisivos en la vida de un país requieren soluciones inéditas” y rápidas.
La semana pasada, durante las discusiones que se llevaron a cabo en el Congreso para aprobar el acuerdo de paz, el jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con las FARC, Humberto de la Calle, afirmó que “el fast track no es un capricho, no es un deseo de poner contra la pared a quienes se oponen, sino que es una necesidad” y fue enfático en que “la guerrilla no va a estar un año sentada esperando a ver qué pasa”.
El balón en este momento está en la cancha de la Corte Constitucional, que la semana pasada no pudo llegar a un consenso sobre el tema y aplazó la decisión para el próximo 12 de diciembre, entre otras cosas porque varios magistrados del alto tribunal viajaron al exterior.
Lo que realmente tiene divididos a los magistrados es si el llamado fast track debe depender de una refrendación por vía popular, como quedó estipulado en uno de los artículos del Acto Legislativo por la Paz aprobado en junio del 2016. La magistrada ponente, María Victoria Calle, es favorable a la realización de otra consulta popular para activar el mecanismo.
“Cuando se discutió el Acto Legislativo por la Paz se decidió que se aprobaría con la condición de que el pueblo refrendara popularmente los acuerdos de paz. El problema es que ahora se quieran cambiar las reglas porque esa condición no se cumplió”, afirma Celemín. “No basta con que el Senado y la Cámara, en actos políticos como los de la semana pasada, aprueben el acuerdo a pesar de que esté claro que representan al pueblo. El mismo Congreso decidió que en este caso necesitaba de la aprobación del Constituyente primario y no puede cambiar ahora esa regla de juego. Eso enviaría el mensaje de que no existen límites en la ley. Las reformas a la Constitución hay que tomárselas muy en serio”.
Uno de los mayores críticos de que se active el Acto Legislativo por la Paz o fast track es el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en declaraciones a los medios y a través de sus redes sociales ha dicho en repetidas ocasiones que “viola la Constitución e impide el debate”.
Mientras que llega el 12 de diciembre, el Ministerio del Interior termina de preparar un paquete de normas “priorizadas” que radicará en el Congreso durante sesiones extraordinarias, relacionadas con aspectos claves del acuerdo de paz con las FARC. Dos de ellas, tal vez las más urgentes, son la ley de amnistía que daría vía libre para que comience de manera efectiva el traslado de los guerrilleros a las zonas de concentración pactadas en el acuerdo y la ley que permite que entre en vigencia el sistema de justicia transicional.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, convocó este lunes a sesiones extraordinarias en el Congreso precisamente para aprobar algunas de las normas que se requieren para implementar los acuerdos de paz, si la Corte Constitucional le da vía libre al fast track.
Si no, como plantean varios expertos, existen otros mecanismos que podrían acelerar el proceso, como el de presentar leyes con mensajes de urgencia por parte del presidente. Y si la decisión de la Corte va en el sentido de buscar otra refrendación popular, habría que explorar opciones de otras consultas, más allá de la del plebiscito. Mientras tanto, lo que se diga sobre el tema sería más especulación que otra cosa.
Por eso, el próximo día clave para la paz en Colombia es el 12 de diciembre.