Los Ángeles (CNN) – Los alcaldes demócratas de las ciudades más grandes en Estados Unidos se están aliando rápidamente para enfrentar las severas medidas del presidente Donald Trump contra las llamadas ciudades santuario.
Sobre el decreto que Trump firmó este miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó que “le quitaría la financiación federal a los estados santuario y a las ciudades que les den amparo a los inmigrantes indocumentados”. El presidente, por su parte, también reiteró este martes su intención de tener bajo la mira a esas ciudades, cuando habló en el retiro del Partido Republicano.
Sin embargo, los alcaldes de los grandes centros urbanos –incluyendo los de Los Ángeles, Boston y Nueva York–, así como los académicos de temas legales le están diciendo a Trump: “no tan rápido”. Ellos confían en que está segura su condición de ciudades santuario, es decir, jurisdicciones que tienen políticas diseñadas para cooperar o participar en acciones que fortalezcan la inmigración.
Algunos resaltan casos de la Corte Suprema que le hicieron difícil el camino a Washington cuando intentó retirarle el dinero, a manera de castigo, a los gobiernos estatales y locales.
“Estamos muy seguros de que el caso legal está claro”, le explicó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, a los periodistas después de que el decreto fuera anunciado.
De hecho, se refirió al caso de la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés) contra la secretaria de Salud en 2012, Kathleen Sebelius: una pelea legal que desafió aspectos importantes de la ley de asistencia médica que pretendía impulsar el expresidente Barack Obama. En una parte de la decisión, siete jueces –incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts– manifestaron que repartir las provisiones del seguro médico bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (más conocida como Obamacare) violaba la Constitución al amenazar con quitarle dinero a los estados si se rehusaban a participar.
“Fuerte y clara”
“En ese entonces se trataba de una política diferente, tal vez está ideológicamente invertida, pero era fuerte y clara”, sostuvo Garcetti. “Tú puedes quitarle la financiación a un programa específico si no estás de acuerdo con las exigencias de ese proyecto, pero nosotros no tenemos fondos que vayan a la cooperación entre nuestros oficiales de inmigración federales y locales”, añadió.
En últimas, indicó Garcetti, no depende del departamento de policía local fortalecer las leyes federales de inmigración.
“Ellos no tratan con leyes de inmigración más de lo que lo hacen con el fraude postal o con la evasión de impuestos”, insistió. “Eso es la responsabilidad del gobierno federal”.
Karen Tumlin, directora legal del Centro Nacional de Ley de Inmigrantes, aseguró que hay una larga lista de casos que están relacionados con la cláusula de gasto consignada en la Constitución de Estados Unidos. Y en ellos se subraya, explicó, que el gobierno federal puede poner ciertos requisitos a los estados cuando distribuye fondos, “pero no puede ser demasiado coercitivo”.
La necesidad de establecer una clara relación entre la acción que comete un estado y la amenaza de quitar los fondos federales fue ratificada en 1987 con el caso de Dakota del Sur contra Dole. En ese pleito judicial estaban involucrados los estados que querían que la edad mínima para ingerir alcohol fuera menos de 21 años. El gobierno federal amenazó con restringir la financiación para las carreteras porque creía que las leyes que permitían el consumo de alcohol en menores de edad amenazaba la seguridad vial.
En ese caso, el tribunal decidió que el gobierno federal no estaba siendo “demasiado coercitivo”, pues el consumo de alcohol en menores de edad sí estaba directamente relacionado con la seguridad vial.
“Hay un límite constitucional allí”, dijo Tumlin. Y agregó: “el límite es realmente coerción: esta noción de santidad entre qué tipo de cosas las localidades pueden decidir y en qué momento el gobierno federal puede obligarlas a la acción”.
Una de las múltiples complejidades que tiene el desarrollo de los decretos firmados por Trump es que el término “ciudad santuario” no tiene un significado universal.
Los jefes de policía alrededor del país tiene tienen políticas muy variadas en cuanto al grado en que cooperan con los agentes de ICE y las medidas que estarían dispuestos a tomar para proteger a los inmigrantes indocumentados.
Los líderes de los cuerpos de seguridad en algunas ciudades han reclamado que resulta invaluable tener una relación sólida con las comunidades de inmigrantes –y ponerle un límite al miedo sobre la deportación– cuando está intentando resolver crímenes. Las personas indocumentadas, notaron los oficiales, son unos informantes de mucha ayuda.
Un balance engañoso para los alcaldes
Sin embargo, los alcaldes demócratas enfrentan un balance engañoso.
Muchos de ellos quieren desarrollar una buena relación con el gobierno de Trump, porque ven oportunidades de traer dinero a sus ciudades si el nuevo presidente los incluye en los grandes proyectos de infraestructura que ha prometido. Garcetti, por ejemplo, ha hablado tres veces con Trump desde que fue elegido, sobre proyectos en los que podría colaborar.
Pero en los bastiones más liberales del país, los alcaldes también tienen que responderles a sus electores, que quieren ver la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes que actualmente viven en Estados Unidos.
El mandatario de Boston, Marty Walsh, estaba entre las voces más estridentes de la resistencia que ocurrió esta semana: prometió, incluso, que usaría “el ayuntamiento para albergar y proteger a cualquier persona que sea atacada injustamente”.
“No seremos intimidados por la amenaza a la financiación federal”, dijo Walsh. “Nos cuidamos la espalda entre nosotros y tenemos la Constitución de Estados Unidos de América a nuestro favor, sostuvo.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, explicó que el decreto de Trump era “vago y en cierto modo contradictorio” y “muy susceptible de ser impugnado legalmente”.
“Si intenta quitarnos ese dinero, será del Departamento de Justicia, de fondos de seguridad para combatir el terrorismo”, dijo Di Blasio este jueves a la presentadora de CNN Alisyn Camerota en el programa “New Day”. “Si se intenta hacer eso, vamos a ir a la corte inmediatamente para pedir un orden judicial que nos permita detenerlo”.
Por su parte, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, quien recibió la propuesta que hizo Trump vía Twitter de enviar recursos federales para disminuir los tiroteos y los asesinatos en Chicago, le dijo a los periodistas que el decreto no cambiaría nada.
“Vamos a seguir siendo una ciudad santuario”, sostuvo en la conferencia de prensa. Destacando que el decreto no contenía ningún detalle sobre cuáles serían los fondos que se retirarían, el mandatario decidió poner la atención en la parte positiva.
“Voy a aceptar la oferta del presidente de entregarnos recursos y en eso es en lo que me voy a enfocar”, concluyó Emanuel.