(CNN) – Más de 100.000 visas han sido revocadas desde que el presidente Donald Trump firmó el pasado 27 de enero el decreto inmigratorio que prohíbe a los viajeros procedentes de siete naciones de mayoría musulmana entrar a Estados Unidos, según dijo un abogado del gobierno este viernes en una audiencia en una corte de Virginia.
La cifra fue una respuesta a la pregunta de la juez del Distrito Leonie Brinkema sobre cuántas personas habían resultado afectadas por esta orden.
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Erez Reuveni, de la Oficina de Litigio de Inmigración de la División Civil del Departamento de Justicia, también dijo que a ningún residente legal permanente que haya regresado al país se le negó la entrada al Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, citando la reciente guía de la oficina del consejero de la Casa Blanca sobre que las secciones del decreto de Trump no se aplican a los residentes legales permanentes.
Sin embargo, el Departamento de Estado cuestionó esa cifra, diciéndole a CNN este viernes que “menos de 60.000 visas de individuos fueron provisionalmente revocadas con el decreto de Trump”.
“Reconocemos que esos individuos son temporalmente inconvenientes mientras que hacemos nuestra revisión bajo el decreto. Para poner ese número en contexto, expedimos más de 11 millones de visas para inmigrantes y no inmigrantes en el año fiscal 2015”, dijo Kevin Brosnahan, portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado.
Reuveni dijo que no sabía cuántas personas en total fueron deportadas durante el fin de semana.
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Entre tanto, la jueza Brinkema elogió al gobierno por trabajar en un acuerdo para traer de vuelta al caso a dos de los demandantes, Tareq Aqel Mohammed Aziz y Ammar Aqel Muhammad Aziz, quienes viajaban con visas de inmigrantes pero fueron deportados cuando llegaron al aeropuerto Dulles el sábado en la mañana. La jueza también alentó al gobierno para que considere cómo resolver estos casos más “globalmente”.
“He estado en este puesto por mucho tiempo… y nunca he visto semejante efusión pública antes”, dijo Brinkema, agregando que esta orden “ha tocado algo en la gente como nunca antes había visto”.
La jueza continuó explicando que reconocía que el presidente tiene una discreción “casi sin restricciones” en el área de inmigración, pero su poder tiene “límites” y el despliegue del decreto causó “caos” en la gente el fin de semana pasado.
“Sin ningún tipo de hallazgos de hechos o evidencia fuerte de que haya una necesidad de anular estas decisiones (de la visa), los seres humanos confían en esas decisiones… Espero que el Gobierno piense seriamente sobre cómo abordar estos asuntos”, añadió la jueza.
La oficina del fiscal general del estado de Virgina presentó una moción de desacato el pasado miércoles después de las noticias y declaraciones, incluidas las del representante Donald S. Beyer Jr, asegurando que a los abogados se les negó el acceso a los individuos detenidos en el aeropuerto de Dulles en violación directa de la orden judicial de Brinkema emitida el sábado.
Pero Brinkema se negó a aceptar esa moción el viernes, diciendo que estaba “preocupada” por cualquier denegación de acceso de un abogado, pero reconoció que la situación en el aeropuerto Dulles durante el fin de semana pasado fue “caótica para todo el mundo”. Normalmente no se permite el asesoramiento en la segunda área de seguridad y la jueza no quería “agitar las aguas innecesariamente”.