(CNN Español) – La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) salió este miércoles al paso de críticas y acusaciones que se han vertido en redes, sobre todo en contra de su presidente, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
La CICIG, que comenzó a operar tras el acuerdo firmado entre el gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso el 1 de agosto del 2007 tras un concepto favorable de la Corte de Constitucionalidad de mayo del 2007, publicó mensajes en sus redes sociales en los cuales defendía su labor y la de Velásquez en temas tan espinosos como el caso La Línea, que le terminó costando el puesto en septiembre del 2015 al presidente Otto Pérez Molina.
“Las campañas de desinformación son una modalidad de guerra sicológica a la que acuden las estructuras criminales que se resisten a desaparecer”, es uno de los mensajes puestos en la cuenta de Twitter de la CICIG (@CICIGgt), junto con la leyenda “Continuaremos luchando contra la corrupción en Guatemala. ¿Apoyas esta constante lucha?”.
Otro de los mensajes dice “No es casual que se esté tratando de levantar el tema de la injerencia precisamente ahora; tiene una gran relación con los resultados de las investigaciones que se han presentado”.
Los casos
En el caso La Línea, tanto la CICIG como el Ministerio Público, dirigido por la fiscal Thelma Aldana, identificaron una red que defraudaba el sistema de aduanas en el que tuvieron un activo papel el expresidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. El expresidente ha negado los cargos y Baldetti dice ser inocente.
Sobre otro caso, conocido como Cooptación del Estado, muy ligado con La Línea, la CICIG, en su noveno informe anual entregado el pasado 24 de noviembre, informó que “se construyó a partir del seguimiento minucioso del dinero y bienes de los cabecillas de La Línea y de sus testaferros, detectándose en ese sentido la existencia de un grupo de empresas fachada o de cartón”.
Según el ente, los dineros provenientes de este esquema, aportados por “comerciantes, grupos empresariales vinculados a medios de comunicación, empresarios de la construcción y banqueros, entre otros” fueron a parar a las arcas del Partido Patriota (el de Pérez Molina) para las elecciones presidenciales del 2011.
El caso que más recientemente ha impactado a la sociedad guatemalteca es el denominado Botín Registro Propiedad, en una operación destinada a perseguir los faltantes de fondos provocados al Estado a través de la Registraduría General de la Propiedad.
La mecánica de desfalco, según el Ministerio, consiste en la sustracción de fondos estatales del Estado a través de la “simulación de eventos” que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.
Por este caso fueron detenidos el pasado 18 de enero Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo, respectivamente, del presidente guatemalteco, Jimmy Morales.
Samuel fungió como representante de Plus Espectáculos y Promociones S.A., empresa originalmente contratada para proveer unas canastas navideñas que se le debían entregar a empleados de la misma Registraduría General de la Propiedad, mientras que José Manuel es sindicado de “conseguir” la factura por 89.958 quetzales (12.093 dólares a cambio de este jueves) que se le pasó a la entidad. No obstante, la elaboración de los productos corrió de parte de Abdy Suselly Estrada, suegra de José Manuel.
Plus Espectáculos y Promociones S.A. no tenía como dedicación original la distribución de alimentos, lo que llamó la atención de las autoridades investigadoras.
Tanto Samuel Morales Cabrera como José Manuel Morales Marroquín están actualmente bajo la figura de prisión preventiva, y recién en abril se abrirá la etapa intermedia, en la que se decidirá si van a juicio.
El primero declaró a medios que confiaba en la justicia guatemalteca, pero el segundo guardó silencio. “Hemos estado dispuestos a someternos a los procesos. Estamos aceptando la disposición que los jueces decidan”, dijo Morales Cabrera. Ambos no pronunciaron palabra durante la audiencia de imputación.
“No podíamos aguantar la presión”
El presidente del Congreso de Guatemala, Mario Taracena, le dijo a CNN en Español que las acusaciones según las cuales la CICIG está llevando a cabo una injerencia indebida en la soberanía nacional son “absurdas”.
“Los guatemaltecos, y el Congreso de la República específicamente, votamos ese tipo de injerencia que se podía tener precisamente porque no podíamos aguantar la presión, no estábamos capacitados ni había un mártir que quisiera exponerse para poderse enfrentar a esos grupos de poder. La CICIG ha funcionado”, aseguró.
Preguntado si Guatemala está lista para ejercer justicia contra la corrupción sin un ente como la CICIG, Taracena respondió que el país “ha cambiado”. “Guatemala es otro país. Algunos cambiamos más rápido, otros más lento, pero todos estamos cambiando”.
El analista Manuel Villacorta le dijo a este medio que “Guatemala está enfrentando un proceso entre un viejo modelo político que no termina de morir y uno nuevo que no termina de nacer”.
“La sociedad civil, la CICIG, el Ministerio Público y los medios de comunicación progresistas están tratando de apuntalar el cambio para que Guatemala institucionalice un nuevo sistema político. Pero el viejo sistema ha estado infestado por la impunidad y la corrupción. Ante la fuerza con que la CICIG y el Ministerio Público se han comprometido con ese cambio, los grupos de crimen organizado de muy alto nivel han reaccionado muy fuertemente y una de sus estrategias es implementar campañas de desinformación”, añadió.
Pero no todos están de acuerdo con el accionar de la CICIG. Carlos Sabino, sociólogo argentino y profesor permanente de la Universidad Francisco Marroquín en Ciudad de Guatemala, le dijo a CNN en Español que algunas críticas sí tienen asidero.
“Las actuaciones de la CICIG tienen demasiada proyección mediática y parecen en ciertos casos una cacería de brujas. Por otra parte Velásquez está presionando fuertemente por una reforma constitucional, muy objetable en sí, lo que es algo que en nada le compete”, aseguró Sabino.
“El imperio de la justicia no se alcanza de este modo, sino que es algo gradual: no se trata de presionar a jueces ni de lograr que todos vayan presos. Hay que tener criterio y proceder con más cautela y menos aparato mediático”, añadió.