(CNN Español) – Diversos grupos sociales en Colombia han prendido las alarmas denunciando agresiones por parte de lo que denominan “grupos paramilitares” que, según dicen, están violando sistemáticamente los derechos humanos de los colombianos en zonas en las que antes hacía presencia la guerrilla de las FARC.
Una de estas denuncias es la de monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo del municipio de Apartadó, en Antioquia —a unos 750 kilómetros al noroeste de Bogotá y a 310 km al noroeste de Medellín—quien dijo en un comunicado el pasado 3 de febrero que en la región hay un “reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo” cuyos integrantes han llegado a zonas que dejaron las FARC.
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Otro que denunció este fenómeno fue el movimiento político Marcha Patriótica —un grupo de tendencia de izquierda cercano a la ideología política de las FARC— que documentó en un informe más de 300 “violaciones a los derechos humanos por parte de grupos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo” contra organizaciones sociales y populares en los últimos cinco meses.
Y este lunes, el Frente Fronterizo por la Paz del Partido Comunista Colombiano denunció el desplazamiento masivo en la frontera desde Colombia hacia Venezuela “a raíz del accionar paramilitar” en la región.
Zonas “postFARC”
Estas denuncias coinciden con un informe de enero de este año del Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz, Indepaz, conocido por CNN en Español, en el que aseguran que “el paramilitarismo volvió a dar muestras de su capacidad de acción en 2016”. El informe añade que hay grupos criminales “con intenciones de cooptar el territorio abandonado por la salida de las Farc-Ep”.
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Indepaz los identifica como “narcoparamilitares”, grupos cuyo propósito es la “captura de renta de forma ilegal y que actúan en complicidad y colaboración con agentes del Estado”, según explicó a este medio Camilo González, director de Indepaz.
Esos grupos están en 344 municipios de 31 departamentos del país, según Indepaz.
Por su parte la guerrilla, que hacía presencia en 242 municipios, pasó a agruparse en 26 veredas, “quedando libre más del 90% del territorio que antes ocupaban”, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), un centro de estudios que monitorea el conflicto armado en Colombia, publicado en enero de este año.
Entre las principales acciones de estos grupos “narcoparamilitares” están el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, los servicios de seguridad privada, el lavado de activos y el contrabando, según el informe de Indepaz.
Ese documento señala que los llamados paramilitares se han infiltrado en las instituciones del Estado y han hecho alianzas con servidores públicos y los gobiernos locales. Además, Indepaz afirma que han acciones contra los civiles como homicidios, reclutamientos forzados, desplazamientos, homicidios, entre otros.
El informe de PARES identificó en su más reciente informe cinco tipos de “territorios postFARC” que han sido retomados por otros grupos delincuenciales tras de la salida de la guerrilla de las FARC hacia las zonas de concentración temporal en el marco del acuerdo de paz de La Habana con el gobierno de Colombia.
Esos lugares los ocupan el ELN, las disidencias de las FARC, la delincuencia común y las bandas criminales más grandes que operan en el país —como el Clan Úsuga y los Pachelly, una organización criminal adscrita a la Oficina de Envigado—. Solo en casos puntuales como el sur del Tolima y en un municipio del departamento de Huila el Estado ha vuelto a hacer presencia allí, según PARES.
Pero para Ariel Ávila, investigador de PARES, no se trata de un “renacimiento” del paramilitarismo, sino que estas bandas criminales son heredadas del fenómeno paramilitar en Colombia del pasado.
“No es que haya renacido el paramilitarismo. Son grupos que ya existían desde hace 10 o 12 años y ahora han copado el territorio. No es que ahora estén surgiendo otros paramilitares por otro lado. Ha habido un proceso de reordenamiento de organizaciones que ya existían”, le dijo Ávila a CNN en Español.
Ministro de Defensa: ‘En Colombia no hay paramilitarismo’
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, negó que en el país existiera el fenómeno del paramilitarismo y enfatizó que las fuerzas del Estado están combatiendo debidamente a los grupos criminales.
“En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarle reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada”, dijo en una rueda de prensa el pasado 11 de enero. “Hay lucha integral del Estado contra todas las manifestaciones del delito llámase ‘Golfo’, ‘Pelusos’, ELN o disidencias de las FARC. Allí lo que hay es crimen organizado en su gran mayoría y está siendo debidamente combatido por las fuerzas del Estado”.
En esto coincide Ávila, quien asegura que reconocer que en Colombia hay paramilitarismo, sería reconocer que el Estado tiene un aparato paralelo ilegal.
“No son paramilitares tradicionales como lo fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Son grupos que obviamente vienen heredados de ellos, que tienen contactos con alcaldes, gobernadores, empresarios rurales, pero no hay una política de Estado para financiarlos, la cúpula de las Fuerzas Militares no están metidas en esto”, explicó Ávila, que añadió que aunque los vínculos entre criminales y políticos siguen, lo de ahora no puede llamarse paramilitarismo.
Para combatir a las organizaciones criminales, el gobierno nacional creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que busca desmantelar las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, “incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
La discusión en Colombia continúa, pues aunque los líderes sociales insisten en que es paramilitarismo transformado y las autoridades se niegan a usar esta palabra, en efecto hay que reconocer que existen grupos empeñados en sabotear el proceso de paz con las FARC, según dice Ávila.
“Hay que superar el debate semántico y hacer algo para evitar estos homicidios [de líderes sociales], y sobre todo el Estado tiene que reconocer que hay estructuras criminales empeñadas en sabotear el proceso de paz, pero las organizaciones sociales deben reconocer que esto no es como hace 15 años [cuando estaban en auge los paramilitares]”, puntualiza Ávila.