(CNN Español) – El Salvador tiene una de las legislaciones contra el aborto más restrictivas del mundo. Junto a un pequeño grupo de países como Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam, El Salvador restringe totalmente y sin excepción legal el aborto, según un informe del Instituto Guttmacher, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos que promueve la salud sexual reproductiva.
En medio de ese panorama, la ministra de Salud de El Salvador, Violeta Menjivar, le solicitó este martes a la Asamblea Legislativa de su país estudiar la despenalización del aborto en cuatro casos específicos, según la propuesta que presentó Lorena Peña, diputada del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Según Menjivar, el planteamiento de Peña es “flexible”, pues “toma en cuenta el dictamen médico previo, el consentimiento de la mujer y propone que sea practicado en condiciones seguras”.
Los cuatro casos en los que los sectores buscan la despenalización del aborto, según un documento de la Asamblea Legislativa, son:
- Cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro
- Cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas
- Cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero
- En casos de violación contra un menor de edad o estupro (relaciones sexuales de adultos con menores de edad)
La propuesta actualmente se discute en el legislativo.
La ministra aseguró que no está promoviendo el aborto, sino que se pase de “una penalización absoluta a una despenalización puntual” para promover la vida y la salud de las mujeres.
Para Sara García, defensora de derechos humanos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto con sede en San Salvador, el pronunciamiento de la ministra de Salud es muy importante pues abre las puertas para discutir una legislación “que salve la salud de la mujer”, le dijo a este medio.
Pero para el diputado Ricardo Velásquez Parker del partido conservador ARENA, el aborto voluntario debe ser equiparado a un homicidio agravado, pues dice que no ve diferencia en acabar con la vida de un nacido y un no nacido, esto teniendo en cuenta que en El Salvador se reconoce a la persona desde el momento de la concepción.
“Estamos hablando de una mujer que decide voluntariamente matar a su hijo”, le dijo Velásquez a CNN en Español desde San Salvador.
Velásquez no está de acuerdo con ninguna causal de aborto, ni siquiera en los casos de embarazos de menores de entre 10 y 14 años, según datos del Ministerio de Salud de 2015 ascendieron a 1.445.
“Lamento profundamente los casos de violación a las niñas que han sido victimizadas embarazándolas, es aberrante, pero no significa que ante la víctima voy a estar de acuerdo en revictimizarla haciéndola sufrir el proceso de un aborto. La convierto además en cómplice —consciente o inconscientemente— de una segunda víctima que sería su hijo ”, señaló el diputado.
La ministra de Salud dijo que entre 2011 y 2015 14 mujeres murieron por complicaciones relacionadas al aborto, 13 mujeres fallecieron por embarazo ectópico y 63 mujeres fallecieron en el marco de la legislación actual sobre aborto.
Para la diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Patricia Valdivieso, la despenalización del aborto “no va resolver los verdaderos problemas que tienen las mujeres que están pasando por una situación difícil” y pide buscar una solución real.
“Busquemos soluciones al verdadero problema que son los violadores sexuales y la impunidad que impera en estos delitos”, le dijo la diputada a CNN en Español a través de un mensaje de texto. Para ella, la propuesta del FMLN es la “promoción de la cultura del castigo a las verdaderas víctimas que son la mujer violada y el bebé que viene en camino”, pero no se discute “la aplicación de una medicación especial (castración química) porque dicen que es tortura y es contra los derechos humanos del violador”.
Una dura legislación
Desde 1998 entró en vigencia un código penal en el que se eliminaban las tres causales permitidas de aborto: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.
En un informe de 2013 del Centro de Derechos Reproductivos dijo que el Estado salvadoreño “traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionatorio” por condenar a las mujeres a penas de hasta 35 años de prisión por los abortos.
Ese fue el caso de Sonia Tábora, una joven de 20 años que había quedado embarazada y fue condenada a 30 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo, según consigna la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador que ha seguido este y otros emblemáticos casos de mujeres que han sido condenadas por abortar.
La mujer, cuyo caso fue tipificado como un delito agravado, pasó 7 años en prisión y fue liberada pues la justicia reconoció que hubo un error. La semana pasada su caso fue cerrado y el tribunal dictaminó que el Estado debe pagarle una indemnización, que será dada a conocer en los próximos días, según le dijo a CNN en Español William Adrián, del departamento de prensa de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Abortos clandestinos
En un informe de 2015, Amnistía Internacional (AI) calificó como “absurda” la legislación salvadoreña en esta materia y aseguró que los encarcelamientos injustos a mujeres que han sufrido abortos espontáneos o complicaciones con el embarazo conducen a su familia a una vida de pobreza y trauma.
Esa organización denunció además que la ley restrictiva del aborto da como resultado “la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos”.
AI citó cifras del Ministerio de Salud: entre 2005 y 2008 en ese país se presentaron 19.290 abortos clandestinos con métodos como “matarratas y otros pesticidas; la introducción de agujas de tejer, trozos de madera y otros objetos puntiagudos en el cuello del útero, y la ingestión de un medicamento empleado para tratar úlceras de estómago”.
Una situación grave, según Sara García, pues dice que aunque el aborto está penalizado, siguen existiendo casos.
“El hecho que no se regule y no se cree legislación lo que está generando es clandestinidad, inseguridad jurídica y sobre todo está profundizando una brecha de desigualdad social”, asegura Garacía, que añade que la penalización absoluta del aborto causa “estigma y vulnerabilidad” en la mujer.