(CNN Español) – Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que casi 400 personas fueron desplazadas en el noroeste de Colombia por un grupo paramilitar.
Según esta organización, unos 200 hombres armados que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) irrumpieron en una comunidad del Alto Baudó, en el departamento del Chocó, durante el fin de semana, ocasionado el desplazamiento forzado.
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El informe de AI cita el testimonio de testigos que relataron que “los paramilitares entraron en la localidad buscando a miembros del grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo que, en la práctica, obligó a huir a 399 personas (128 familias) que temían por su vida”.
El gobernador de Chocó, Jhoany Palacios, confirmó la presencia de bandas criminales y de la guerrilla del ELN en la zona y convocó un consejo de seguridad este domingo para enfrentar el riesgo por la presencia de los grupos armados.
“Aquí hay unas BACRIM (Bandas Criminales) y está el ELN que está operando en esta zona hace más de 20 años. Vamos a sacarlos, vamos a trabajar conjuntamente entre policía nacional, ejército, la fiscalía… para capturarlos”, dijo Palacios ante periodistas en un video publicado por la Gobernación del Chocó en su página web.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, resaltó en ese informe que “en amplias zonas de Colombia, el conflicto armado dista mucho de haber finalizado” e hizo un llamado a las autoridades para que “brinden protección urgente” a las comunidades afectadas por la violencia o podrían perderse “muchas vidas”.
“Restricciones a la movilidad”
El informe de Amnistía Internacional coincide con una solicitud que hizo la Corte Constitucional al gobierno de nacional el pasado 24 de febrero pidiéndole información sobre las medidas de protección para atender a las comunidades étnicas de regiones de Chocó y Valle del Cauca, en el pacífico colombiano.
La Corte dijo haber recibido reportes de “restricciones de la movilidad” a los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan y Bajo Calima por la “intensificación del control territorial por parte de los actores armados ilegales que operan en la zona”.
El alto tribunal dijo que organizaciones indígenas han denunciado “retaliaciones que grupos armados al margen de la ley realizan” contra ciudadanos que supuestamente pertenecen a otros grupos armados o contra quienes son supuestos colaboradores de la Fuerza Pública.
“Las autoridades étnicas de la zona manifestaron una afectación sistemática sobre los representantes, líderes, autoridades tradicionales y profesores, a raíz de las amenazas y la intimidación de las que son víctimas. Inclusive, algunos de ellos, y que esta Corte visitó, tuvieron que abandonar los territorios por las amenazas contra su vida e integridad personal y de sus familiares”, dice la corte en el documento al gobierno nacional.
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También la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó el pasado 2 de marzo sobre una situación de desplazamiento por cuenta de grupos armados. La institución visitó un refugio de desplazados donde hay 103 personas del pueblo indígena Wounaan procedentes del Litoral San Juan en Chocó.
“Ellos fueron confinados por los grupos armados y por eso han decidido desplazarse. Buscaremos con las autoridades lo necesario para que puedan retornar”, dijo el defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera, en información divulgada en la página web de la Defensoría.
Entre tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Colombia, manifestó este miércoles su preocupación por el aumento del desplazamiento en la región pacífica del país y dijo que las comunidades indígena y afrodescendiente son los principales afectados por esta problemática.
“Las zonas tradicionalmente más afectadas por el conflicto armado presentan especiales riesgos por la disputa en el control que otros actores armados ilegales están ejerciendo sobre los territorios”, dijo ACNUR en un comunicado.
ACNUR resaltó que la costa pacífica de Colombia es una de las más afectadas por los desplazamientos masivos. Según cifras de esa organización, en 2016 fueron desplazadas 11,363 personas en esa región. Y en lo que va de 2017 ya van 913 familias en situación de desplazamiento por cuenta de la violencia, dijo ACNUR en un comunicado.
Amnistía Internacional reportó en su informe que desde septiembre de 2015 ha habido un aumento de la actividad paramilitar en la región del Auto Baudó, en el Chocó.
Esa organización dice que los paramilitares están tratando de ganar el control “de algunos de los territorios antes controlados por las FARC y por el ELN, que actualmente está negociando un acuerdo de paz con el gobierno colombiano”.
Mindefensa: En Colombia no hay paramilitarismo
En enero de este año, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, negó que en el país existiera el fenómeno del paramilitarismo y enfatizó que las fuerzas del Estado están combatiendo debidamente a los grupos criminales.
“En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarle reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada”, dijo en una rueda de prensa el pasado 11 de enero. “Hay lucha integral del Estado contra todas las manifestaciones del delito llámase ‘Golfo’, ‘Pelusos’, ELN o disidencias de las FARC. Allí lo que hay es crimen organizado en su gran mayoría y está siendo debidamente combatido por las fuerzas del Estado”.
Diversos grupos sociales han denunciado que son víctimas de paramilitares que les están violando sistemáticamente los derechos humanos, Estos grupos armados ilegales hacen presencia en zonas en las que antes hacía presencia la guerrilla de las FARC.