(CNN Español) – La supresión de dos puntos de las sentencias por las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela asumía las competencias del parlamento de mayoría opositora vuelve a dejar la situación del legislativo como estaba hasta antes de esa decisión, por lo menos en los papeles.
Por efecto de la anulación de las sentencias 155 y 156 dadas esta semana, la Asamblea Nacional (AN) recuperó sus poderes, pero, según una providencia anterior del mismo TSJ, sigue en desacato por la incorporación de tres diputados del Estado Amazonas (Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana). Las sentencias, en su conjunto, aseguraban que el TSJ asumiría las competencias de la AN.
En conferencia de prensa en la madrugada del sábado, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, anunció que se había procedido a revisar las sentencias 155 y 156 y que se habían publicado nuevas sentencias. La página web del tribunal no estaba ya disponible.
Moreno explicó que la sentencia 158 aclara el contenido de la sentencia 156, en la que el máximo tribunal resolvió esta acción contra la rama legislativa, por considerar que este se mantiene en desacato.
La elección de los asambleístas en mención había sido impugnada ante el TSJ por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por una supuesta compra de votos en su elección. La Sala Electoral del TSJ dictaminó el 11 de enero del 2016 que la Asamblea estaba en desacato tras haber incorporado a Guarulla, Ygarza y Guzamana, quienes tomaron posesión de sus curules el 28 de julio del año pasado.
La impugnación de esos tres diputados y su desincorporación eran cruciales en cuanto a que con ello se deshacía la supermayoría de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el Legislativo. La alianza opositora pasaba de tener 112 diputados a 109, por 54 del PSUV.
¿Cómo se determina el desacato según la Constitución venezolana?
Aunque la palabra “desacato” no está en ningún aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay apartes que ayudan a entender esta figura.
En el artículo 200 se establece que “de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.
El artículo 266 afirma que una de las funciones del TSJ es “declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva”.
También el punto 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del TSJ da pistas al respecto: “Es de la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Desde que se posesionó la actual Asamblea Nacional, el choque legal con los otros poderes (ejecutivo y judicial) ha sido más que evidente. La incorporación de los tres diputados de Amazonas, según el proceder del TSJ, impulsó la aplicación tanto de este artículo 25 de la Ley Orgánica del tribunal como el artículo 266 de la Constitución.
Por lo tanto, mientras la Asamblea Nacional no desincorpore a Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana, estará, ante los ojos del Tribunal Supremo de Justicia, en desacato, así le haya devuelto sus poderes.
Reunión entre Nicolás Maduro y la fiscal general Ortega
Según información del canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) y del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este sábado en el Palacio de Miraflores a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien la mañana del viernes había expresado su desacuerdo con las medidas iniciales del TSJ.
Ortega, afecta al oficialismo, calificó de “ruptura del orden constitucional” las decisiones del TSJ.
Maduro, según VTV, aseguró que con la reunión “se aclararía la controversia que se generó con el impasse entre los Poderes Públicos” generado tras las declaraciones de Ortega Díaz en el marco de un informe de balance del Ministerio Público.
Piden destitución de magistrados del TSJ
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, hizo un llamado este domingo durante un acto en Caracas para que “la sociedad” se movilice este próximo martes “para apoyarnos en la destitución de esos magistrados”.
Por su parte, Julio Borges, presidente de la AN, escribió en su cuenta de Twitter: “Al ordenar tachar dos párrafos de las sentencias confesaron el Golpe de Estado y la inexistencia de separación de poderes”.