(CNN Español) – El sospechoso de haber asesinado al primer guerrillero indultado de las FARC fue capturado este miércoles, según informó la Fiscalía de Colombia.
El miembro de las FARC, el primero en recuperar su libertad a través de la ley de amnistía e indulto en el marco del acuerdo de paz entre guerrilla y gobierno, fue asesinado el 16 de abril, según informó el grupo guerrillero.
Pepe, su alias en la guerrilla, “había sido puesto en libertad días antes, mientras visitaba a sus familiares. Pepe deja una niña de tan solo 6 meses de edad”, indicaron las FARC.
La Fiscalía informó que capturó al presunto responsable identificado como Hernan Pai Pascal, alias Renol, y fue capturado este 24 de abril “en horas de la noche, cuando se dirigía al Terminal de Transportes de Tumaco (Nariño)”, señaló el órgano en un comunicado de este miércoles.
“Por el crimen, la Fiscalía imputó cargos en contra de alias Renol por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, a los cuales no se allanó el procesado”, añade la Fiscalía.
No hay información disponible de momento sobre el abogado de Pai Pascal.
La Ley de Amnistía e Indulto para las FARC fue aprobada en diciembre de 2016 y es parte del acuerdo de paz entre el gobierno y esa guerrilla firmado de manera definitiva el 24 de noviembre. Beneficiará en total a unos 4.000 guerrilleros de las FARC presos en cárceles del país y a gran parte de quienes están en proceso de entregar sus armas. La norma también aplica para unos 1.500 miembros de la fuerza pública que pagan condenas por delitos menores, según cifras del Ministerio de Justicia.
Una vez liberados, los indultados se deben dirigir hacia las Zonas Veredales, donde se concentran más de 7.000 guerrilleros. Allí la seguridad de estos combatientes está en manos del mecanismo tripartito consolidado para estas zonas especiales en el acuerdo final.
El mecanismo tripartito de monitoreo y verificación está compuesto por gobierno, FARC y Naciones Unidas.
William Fonseca, asesor de la Agencia Colombiana de Reintegración, y quien conoce los retos de seguridad de los excombatientes, explica que el gobierno colombiano no desconoce las amenazas a las que están expuestos los exguerrilleros cuando dejan las armas.
“La Unidad de Protección Nacional lidera el asunto de seguridad de esta población y eso está dentro de los acuerdos del gobierno y las FARC. Ahí quedó contemplado un mecanismo de seguridad para esta población y está en cabeza de la Unidad. Además, el gobierno sacó 5 decretos para fortalecer este tema”, le dice Fonseca a CNN en Español.
Fonseca se refiere a los decretos 299 al 303 de este 23 de febrero. En el decreto 300, por ejemplo, se estipula que el gobierno “deberá garantizar la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogo, negociación y firma de acuerdos de que trata esta ley”, se crea la “Subdirección al interior de la Unidad Nacional de Protección, especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo”.
También se estipulan los cargos creados para esa subdirección y se establecen cupos y salarios del programa de escoltas mixtos (fuerzas de ejército y FARC) que protegerán a los líderes guerrilleros.
Además, en el decreto 299 se crea el Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección para proteger a los guerrilleros que pasen a hacer parte del nuevo partido político que “surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo”.
Fonseca dice que los excombatientes se enfrentan a muchos riesgos.
“En Colombia hay un cultivo de la violencia y es el narcotráfico. Hay una serie de complicaciones para estas personas que están dejando la guerra y vienen de grupos al margen de la ley o delincuencia común que ven al desmovilizado como enemigo. Producto de la guerra hay cicatrices que han sido sanadas, hay problemas de seguridad, de mercados ilegales y de orden público”, señala.
También serán confrontados con el estigma de haber sido guerrilleros.
“Desafortunadamente en Colombia se registra un alto índice de estigmatización hacia la población desmovilizada, en el pensamiento y sentir de algunos colombianos aún el tema del perdón y de la reconciliación pues no se ha podido dar”, añade.
Las FARC también han denunciado el asesinato de dos personas que según ellos son familiares de guerrilleros en Chocó el 16 de abril. Son “Dalmiro Cárdenas Victoria y Anselmo Cárdenas Victoria, hermanos del camarada Robinson Victoria, guerrillero de las FARC-EP y prisionero político recluido en la cárcel de Chiquinquirá”, según un comunicado de la guerrilla en su página web.
“Exigimos justicia y verdad frente a este hecho que va en contravía del espíritu de paz del país entero. Persistiremos en la solución política y en la reconciliación de la patria”, añaden en la comunicación de este 26 de abril.
Amnistía Internacional identificó a estas personas como indígenas y alertó de la situación de riesgo que viven.
“La situación de riesgo que atraviesan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante. Estos crímenes dejan en relieve uno de los principales retos de la implementación del proceso de paz, el de proteger a las comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y garantizar que estos lamentables hechos no queden en la impunidad” dijo Erika Guevara-Rosas, directora de la organización.
En declaraciones a RCN Radio el 20 de abril el alcalde de la zona Willintong Ibargüen Posso dijo que aún se desconocen las causas y responsables del hecho.