Este lunes, en el marco del día del Trabajo, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. En la noche firmó el decreto de convocatoria.
El presidente se sirve de artículos en la actual Constitución de 1999, establecida a su vez a través de una constituyente uninominal en la que la bancada chavista votó en bloque.
Esta asamblea tendría el poder de reorganizar el Estado y podría llevar a la redacción de una nueva constitución nacional.
Maduro dijo que el ministro de Educación Elías Jaua será el líder de esta Asamblea Nacional.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela incluye en el artículo 348 en el Capítulo III artículos que establecen que “la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”.
El poder legislativo, la Asamblea Nacional, también habría podido convocar a la constituyente, pero en este momento no tiene dos tercios de mayoría para hacerlo.
Una Asamblea Constituyente tiene como objeto “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Además, el presidente “no podrá objetar la nueva Constitución” y los “poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, dice la actual carta magna.
Maduro apeló al artículo 347, que dice que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”.
El mandatario dijo que la Asamblea Nacional Constituyente será “no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente ciudadana, obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misiones”, dijo el presidente.
El problema de esta convocatoria en un país dividido es cómo se elegirán a los representantes que participarán en la asamblea. El presidente dijo que hará llegar al Consejo Nacional Electoral las bases de la Asamblea Constituyente y que la misma será electa por voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentes, “aproximadamente unos 200-250 electos por la base de la clase obrera de las comunas”.
Oposición: No es una Constituyente, es un fraude
La oposición advierte que no puede ser una asamblea constituyente comunal y dice que el Gobierno le está quitando al pueblo el derecho a votar, que según ellos es la vía adecuada para una solución a la crisis y constituye un verdadero diálogo nacional.
“Frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador, Pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!”, tuiteó el líder opositor, excandidato presidencial y gobernador de Miranda Henrique Capriles.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges —quien ya había advertido que Maduro iba a convocar una constituyente para evitar las elecciones… también calificó la medida de fraude.
Borges dijo que este es el golpe de Estado más grave en la historia Venezolana y hace un llamado al pueblo a rebelarse y no aceptarlo. Borges agrega que el presidente Nicolás Maduro intenta “destruir el voto” en el país convocando a “un parapeto poniéndole la etiqueta de la Constituyente”.
“Maduro destruye lo único que quedaba de Chávez, la Constitución; que lo sepa el pueblo chavista”, dijo Borges en una rueda de prensa en la tarde del lunes, e hizo un llamado a la Fuerza Armada a no permitir ese llamado golpe de Estado.
Julio Borges dijo recién que en la noche del lunes se hará un cacerolazo, que el martes van a marchar de nuevo y que en la Asamblea Nacional van a coordinar una megaprotesta para el miércoles.
Aún no se conoce el decreto de Maduro, por lo que no son claros los detalles de la convocatoria ni cuál será el proceso, y por tanto aún son más las preguntas que certezas sobre esta convocatoria.
Un mes de tensiones
Venezuela atraviesa una crisis política, económica e institucional de la que el Gobierno culpa a la “derecha” y a la “guerra económica” de la oposición. Hay escasez de productos básicos y medicinas.
Desde que el 30 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió una sentencia para asumir las competencias de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora–, el país se ha sumido en una profunda crisis institucional agravada por los problemas sociales y de desabastecimiento de productos básicos. Tres días después, el alto tribunal dio marcha atrás, pero el descontento de los venezolanos no se detuvo y han seguido saliendo de manera masiva a las calles.
La violencia durante las manifestaciones y la respuesta de las fuerzas del Estado han dejado 29 muertos en ese periodo.
Los partidos opositores piden cuatro cosas: que se inhabilite a los jueces de la Corte Suprema, que se celebren elecciones libres tan pronto como sean posibles, la liberación de los políticos presos, como Leopoldo López, y ayuda humanitaria para comida y medicinas en Venezuela.
Una medida polémica en tiempos de crisis
Venezuela cuenta únicamente con 10.000 millones de dólares en reservas, el dinero destinado a mantener la economía estable y capear los momentos difíciles, y tiene que pagar unos 6.000 millones en deudas por el resto del año.
El empeoramiento de la situación financiera de Venezuela subraya los problemas del país. Violentas protestas antigubernamentales han dejado una estela de muertos. La Guardia Nacional Bolivariana ha enfrentado a los manifestantes con gas lacrimógeno y disparos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo que la inflación en Venezuela se dispararía a 720% mientras que el desempleo llegaría por arriba del 25%. Este probablemente será el cuarto año de recesión durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien culpa a Estados Unidos y a la oposición de los problemas del país.