(CNN Español) – Puerto Rico está en quiebra.
Ahora se acogerá a un proceso que no es la Ley de Bancarrota (Capítulo 9), pero sí un proceso similar: la protección del Título III de la ley PROMESA.
Puerto Rico actualmente debe a sus acreedores nada más y nada menos que de 70.000 millones de dólares, mucho más alta que la bancarrota de 18.000 millones de dólares de Detroit en 2013.
“Teniendo en cuenta el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, dijo el miércoles el gobernador Ricardo Rosselló.
No será un proceso fácil. Un juez todavía tiene que aprobarlo. Muchas firmas prominentes de Wall Street poseen bonos de Puerto Rico. Ellos están enojados por la medida, porque temen ahora que no se les devuelva todo el dinero que se les debe.
La situación de Puerto Rico es mala. La isla ha estado en una recesión económica por alrededor de una década y la tasa de desempleo es del 11,5%.
La crisis financiera de la isla es tan mala que el Congreso instaló una Junta de Supervisión Fiscal para que tomara decisiones el año pasado. La junta dejó de tratar de negociar con los acreedores esta semana.
“No se equivoquen: el directorio ha optado por convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina”, dice Andrew Rosenberg, abogado de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison, que está asesorando a algunos de los tenedores de bonos de Puerto Rico.
Trump dice que no hay rescate
En la campaña electoral, Donald Trump dijo que no “rescataría” a Puerto Rico. Repitió eso otra vez en un reciente tuit.
Mick Mulvaney, director de presupuesto de Trump, dijo el miércoles que la Casa Blanca presionó fuertemente para asegurar que ningún dinero federal se destinaría a pagar las deudas de la isla en el último acuerdo del Congreso.
La gente está literalmente huyendo de Puerto Rico para ir a vivir a Estados Unidos, especialmente a la Florida. La población de la isla ha disminuido 350.000 habitantes en los últimos 10 años. Peor aún, CNNMoney encontró que un médico deja a diario Puerto Rico, causando una grave escasez de ayuda médica mientras la isla estaba luchando la crisis de Zika.
A medida que las empresas y la gente se despiden de Puerto Rico, hay aún menos dinero para pagar a los acreedores. El último plan presupuestario de la isla incluye sólo 800 millones de dólares al año para pagar a los acreedores. Eso es un mero 20% de lo que la isla había estado pagando acreedores en el pasado.
Proceso especial Título III para Puerto Rico
El proceso de quiebra es un “paso positivo”, dice Ted Hampton, analista de Moody’s Investors Service.
“Aunque un proceso judicial tomará un tiempo considerable y probablemente involucre pérdidas para todos los tenedores de bonos de Puerto Rico, será un proceso ordenado”, dice Hampton.
El año pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley llamado PROMESA para tratar de ayudar a Puerto Rico. La ley creó un escudo de protección por un año para que el gobierno y acreedores negociaran.
Creó el consejo de supervisión y un proceso especial del Título III que es similar a la disposición de bancarrota del Capítulo 9 que ciudades como Detroit han usado en el pasado. El Capítulo 9 no es una opción para Puerto Rico debido a que no es un estado de Estados Unidos.
La ley PROMESA incorporó una cláusula temporal que congeló la posibilidad de litigios, mientras el gobierno negociaba con sus acreedores por unos 73.000 millones de dólares, a partir de un plan propuesto por el gobernador Ricardo Rosselló y que la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó. Pero no sus acreedores.
La medianoche del 1 de mayo venció esa moratoria y llovieron las demandas de acreedores.
Con información de Heather Long de CNNMoney y Julián Zamora de CNN en Español