(CNN Español) – El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lanzó este jueves en el departamento del Meta, al sureste del país, un programa piloto de sustitución de cultivos ilícitos que servirá de modelo para otras zonas del país. Se trata de un modelo que el Gobierno busca implementar en un momento en que las cifras de producción de cocaína están en máximos de varios años, estadísticas que no calan bien entre los críticos del proceso de paz con las FARC y de la prohibición de fumigación con glifosato.
Al lanzar el programa en La Uribe, Meta —un lugar que fuera en el pasado reciente uno de los principales sitios de operación de las FARC—, el mandatario arrancó una mata de coca y sembró en su lugar una de yuca para simbolizar el cambio de cultivos que promueve su gobierno. ¿Tendrá éxito el programa? El panorama es desafiante.
Colombia vuelve al infame primer lugar
Santos tiene razones para estar preocupado. Un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que, de nuevo, Colombia es el principal productor mundial de cocaína. Como si fuera una especie de maldición, el país suramericano parece dar dos pasos adelante y uno hacia atrás en la guerra contra los cultivos ilícitos.
Según el reporte publicado en marzo, los cultivos de hoja de coca aumentaron un 39 % en el 2014, y 42 % en 2015. Lo que significa que actualmente hay cerca de 160.000 hectáreas cultivadas, un aumento aproximado del 100 % desde 2013, según advierte el documento del Departamento de Estado. Todo esto incide directamente en el aumento del envío de cocaína a los Estados Unidos que, según el mismo documento, ha provocado que el número de muertes por sobredosis en ese país fuera en 2015 el más alto desde 2007.
Alarma en EE.UU. en medio de críticas locales
Washington ha hecho sonar las alarmas y el sonido se ha escuchado con fuerza en el despacho del presidente Santos en Bogotá. Recientemente el subsecretario de Estado para asuntos de narcotráfico internacional, William Brownfield, y el embajador de los Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, se reunieron con el mandatario y le manifestaron la preocupación de la administración de Donald Trump por esta situación y pidieron medidas urgentes para combatir el fenómeno.
El aumento de los cultivos ilícitos coincide con la prohibición del Gobierno colombiano de la fumigación con el químico conocido como glifosato a las zonas en donde hay presencia de estos sembradíos de hoja de coca. El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, sostuvo en octubre de 2015, cuando se suspendieron las fumigaciones aéreas, que el glifosato podría tener efectos nocivos para la salud de los campesinos en zonas fumigadas.
Para algunos sectores políticos de oposición al Gobierno, como el senador del partido Centro Democrático José Obdulio Gaviria, la suspensión de las fumigaciones obedece mas a “una concesión del presidente Santos a la guerrilla de las FARC en el acuerdo de paz logrado tras 4 años y medio de negociaciones en Cuba”. De hecho en el texto final del acuerdo se establece que, en adelante, los programas de erradicación de hoja de coca se harán de manera manual tras previo acuerdo con las comunidades y después de concertar programas voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos.
Pero ante la contundencia de las cifras, el Gobierno colombiano tiene prisa por actuar y mostrar resultados. Mucho mas cuando está pendiente una reunión entre el Santos y su homólogo Donald Trump el 18 de mayo en Washington.
Así se sustituyen los cultivos ilícitos en la era del proceso de paz
El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) busca erradicar en el primer año unas 50.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca en cerca de 40 municipios del país. EL PNIS comienza con 83.790 familias que se beneficiarán con los planes de ayuda del Gobierno durante el tiempo en que los nuevos cultivos lícitos comiencen a producir dinero a los campesinos que durante años se han dedicado a cultivar coca. La meta inicial es vincular a unas 100.000 familias en todo el país.
“Necesitamos el apoyo de las comunidades. Las comunidades tienen que ser partícipes de este plan, que les va a significar, no les quepa la menor duda, un cambio de vida, para dejarles a sus hijos, a esos niños que estamos viendo aquí, un futuro muchísimo mejor”, dijo Santos en La Uribe.
El mandatario recordó que este programa piloto hace parte del punto 4 de la agenda negociado con la guerrilla de las FARC en La Habana.
“Tenemos la gran oportunidad. Porque firmamos a la paz, porque tenemos unos acuerdos que vamos a cumplir. El Gobierno está absolutamente comprometido a cumplir hasta la última palabra de estos acuerdos”, reiteró Santos.
Aumento de grupos criminales, otro obstáculo
Lo que muchos se preguntan es si la erradicación manual y voluntaria será suficiente para combatir el flagelo de las drogas en Colombia.
Recientemente el ministro de las Defensa, Luis Carlos Villegas, sostuvo que en aquellos lugares en donde no se logre un acuerdo con las comunidades para erradicar voluntariamente, se hará mediante aspersión terrestre con glifosato u otro químico para reducir los riesgos de los habitantes de esas regiones. Pero que la orden es combatir a fondo estos sembradíos en todo el país.
Esta nueva batalla contra las drogas en Colombia no será nada fácil por el aumento de bandas criminales como “El Clan del Golfo”, “Los Urabeños”, guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC que se disputan el control territorial para el envío de drogas al exterior, según reconoce el general Jorge Nieto, director de la Policía de Colombia.
Ocho policías han sido asesinados en los últimos cuatro meses como retaliación de esos grupos a los golpes contra el narcotráfico en todo el país, según cifras oficiales. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, ha denunciado que el llamado “Clan del Golfo” está ofreciendo a sicarios el equivalente a 700 dólares por cada policía que sea asesinado, “como en las peores épocas de Pablo Escobar”, manifestó el funcionario a emisoras locales.