(CNN Español) – Más del 12% de las jóvenes universitarias en República Dominicana aceptó haberse practicado un aborto.
Las cifras publicadas el pasado lunes por la ONG de ese país, Profamilia, han prendido las alarmas en el país.
Al ser preguntadas sobre las razones por las cuales las deciden abortar, las universitarias aseguraron que la violación es la primera de ellas, seguida de la falta de apoyo de la pareja con el embarazo y el miedo al rechazo social.
El documento titulado “Encuesta sobre aborto en estudiantes universitarias”, que hace parte del estudio “Situación del aborto en República Dominicana”, asegura que, de 2.436 jóvenes a las que se consultó en las universidades UASD, INTEC y UNPHU, 295 (el 12,1%) aseguró haber tenido interrupciones del embarazo, y 126 de ellas (el 42,7%) afirmó que estas fueron intencionales.
En la encuesta hecha por Profamilia, se le preguntó a las jóvenes si conocían algún método de aborto inducido, a lo que el 67,1% de ellas (1.635) respondió que sí. El más conocido por ellas (69,4%) es el casero (toma de té de sustancias naturales abortivas). El 50,7% (1.235) saben también sobre el uso de pastillas indicadas para esos fines.
Según Profamilia, “el porcentaje de las estudiantes encuestadas que reporta haber tenido algún aborto inducido o de las que conocen a alguien que lo ha tenido, es mayor de lo que se esperaba obtener como resultado, atendiendo a que el marco legal tiende a intimidar a quienes podrían reportar casos”.
Dentro de las recomendaciones que hace esta ONG para atacar la problemática está la de “promover la aprobación formal del uso obstétrico de misoprostol en el país, asegurando su disponibilidad, calidad y estabilidad de precio en farmacias privadas y públicas en todo el territorio nacional”. También está la de “estimular y reforzar la producción oficial de datos actualizados y confiables que faciliten la caracterización epidemiológica de la situación de aborto inducido en República Dominicana.
En declaraciones a CNN en Español, el Ministerio de Salud aseguró que va a definir su posición ante el informe recién el jueves, durante una conferencia en la que va a dar datos sobre mortalidad materna.
Debate nacional
El pasado 19 de diciembre, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, objetó una reforma al Código Penal hecha por el Congreso en la que se volvía a penalizar de forma absoluta toda interrupción del embarazo.
En una carta dirigida por Medina al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el mandatario aseguró en esa ocasión estar en consonancia con la sociedad dominicana al pedir que se establezcan tres condiciones excepcionales para la despenalización: “Cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el embarazo fuese el resultado de una violación o incesto o cuando se determinase clínicamente que el feto contiene una malformación que haga inviable la vida del concebido”, según dice el documento.
“Se trata de circunstancias extremas, lamentablemente, pero que ocurren en la vida diaria, a lo cual nosotros, como representantes legítimos del pueblo, debemos dar respuestas de conformidad con la Constitución y con nuestros propios valores”, aseguraba el presidente Medina en su misiva.
Una reforma hecha al Código Penal en el 2014 (Ley 550 de ese mismo año) establecía las tres condiciones excepcionales que fueron derogadas por el Legislativo una semana antes del pronunciamiento presidencial.
Según la citada disposición legal, “la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible. La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.
Antes de la Ley 550 del 2014, el aborto era totalmente ilegal y no había excepciones. La objeción presidencial aún no ha sido debatida por el Congreso.
El 25 de enero de este año, un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU apoyó la decisión del presidente Medina. “Esperamos sinceramente que el Congreso dominicano aproveche este momento histórico para demostrar su compromiso de eliminar la discriminación de género en la legislación y promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los adolescentes, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, aseguraron durante una reunión en Ginebra (Suiza).