(CNN) – A raíz de los informes de que el presidente Donald Trump le pidió al exdirector del FBI, James Comey, poner fin a una investigación sobre el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, se plantean preguntas sobre si las acciones del presidente equivalían a obstrucción de la justicia.
“‘Ciérrala’ es una instrucción para dejar de investigar la campaña del presidente Trump”, dijo el analista legal de CNN, Jeffrey Toobin, a Wolf Blitzer, de CNN. “Richard Nixon fue acusado en 1974 por decirle al FBI que detuviera una investigación de su campaña.
Aquí está una mirada a la definición legal precisa del término, y sus posibles ramificaciones legales para un presidente de Estados Unidos.
¿Qué es obstrucción de la justicia?
La obstrucción a la justicia es un delito federal que cubre cualquier intento por parte de alguien de “influir, obstruir o impedir” —especificando que sea “corruptamente”— la “correcta administración de la ley” en un procedimiento pendiente, incluido el Congreso.
Si el memorándum de Comey es cierto, ¿es obstrucción de la justicia?
“La obstrucción de la justicia no es una ofensa en blanco y negro, por lo que mentes razonables bien pueden estar en desacuerdo acerca de si pedir a Comey de que no investigara a Flynn llegue al nivel de lo que la ley federal prohíbe”, dijo Steve Vladeck, analista legal de CNN y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
“Pero si la conducta del presidente está o no dentro de la norma es irrelevante, hay una muy buena razón por la cual, durante generaciones, los presidentes de todo el espectro ideológico han respetado el principio de no interferir en las investigaciones criminales federales. El hecho de que Trump parece totalmente indiferente a este principio, o a las consecuencias potencialmente devastadoras de su acción, es el verdadero escándalo aquí”.
Andrew McCarthy, un exfiscal federal que escribe para el medio conservador National Review, dijo que es prematuro juzgar si lo que se ha reportado se eleva al nivel de obstrucción de la justicia.
“Un fiscal no tomará una decisión sobre la base de una línea de versiones sobre un memorando que no está públicamente disponible y del que que nadie conoce el contexto”, dijo.
“Por ejemplo, si el presidente le dijo a Comey: ‘Escucha, no te estoy diciendo qué hacer, haz lo que creas que es correcto, pero realmente espero que puedas dejar esto de Flynn porque creo que es un gran tipo’, hay mucha gente que piense que sería una declaración inapropiada. (Pero) hay una diferencia entre lo inapropiado y lo criminal”, dijo McCarthy.
Añadió: “Creo que la obstrucción de la justicia, a cualquiera que haya tenido que probarlo en los tribunales, no es fácil, tiene mucho que ver con la intención, con el contexto en el que se dicen las cosas y tal vez, la palabra más importante en el estatuto: (si se hizo) “corruptamente”. Eso significa que no sólo tiene que probar que la persona sabía que lo que estaba haciendo era ilegal, sino que actuó con un propósito específico para socavar un procedimiento”.
¿Se puede acusar a un presidente?
Los expertos legales señalan dos opiniones escritas por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia en 1973 y 2000, que concluyeron que la acusación o persecución penal de un presidente en ejercicio debilitaría inadmisiblemente la capacidad del Poder Ejecutivo para desempeñar sus funciones constitucionalmente asignadas.
Aquí está la conclusión de la nota de 2000 escrita por el entonces asistente del fiscal general Randolph D. Moss:
“Nuestra opinión sigue siendo que un presidente que está en cargo es inmune constitucionalmente de la acusación y el enjuiciamiento criminal”.
Pero McCarthy se pregunta si los memorandos de la OLC serían vinculantes para un fiscal especial.
Y William Yeomans, profesor de Derecho y Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana, señaló que los memorandos de la OLC son la opinión del Poder Ejecutivo: “La OLC hace la ley para el Poder Ejecutivo, sus opiniones no son obligatorias en ningún otro lugar; las cortes no están obligadas por los dictámenes de OLC, este tema nunca ha sido abordado por un tribunal federal”.
Yeomans, un veterano de 26 años en el Departamento de Justicia, añadió: “La cuestión de si la acusación criminal puede preceder a la destitución nunca ha sido abordada por un tribunal: es una cuestión abierta”
Pero ¿qué pasa con el proceso político de destitución?
El artículo II de la Constitución prevé la destitución del presidente “por un juicio político, y la condena, por traición, soborno u otros crímenes y delitos graves”.
“La obstrucción de la justicia es a la vez un crimen federal y un terreno bien establecido para la destitución”, escribió Yeomans la semana pasada. “En virtud de los estatutos federales, es un delito actuar con la intención específica de obstruir o interferir con un procedimiento judicial o congresional, o un procedimiento ante una agencia federal (como una investigación). El proceso debe estar pendiente en el momento de la Conducta y el acusado debe saberlo. “
Yeomans, en un editorial reciente de The Hill, escribió que las acusaciones de obstrucción de la justicia han sido un “elemento básico” de los dos últimos intentos sustanciales de acusar a un presidente.
Después de que el presidente despidiera a Comey, Larry Tribe, de la Escuela de Derecho de Harvard, le dijo a Slate: “En mi opinión, hemos pasado claramente de ese punto, tanto en cuestión técnica “bajo la ley”, como, lo que es más importante, en lo que puede llamarse la “ley común” de la destitución presidencial, establecida principalmente por la acusación de la Cámara y el juicio por el Senado de Bill Clinton y por los artículos del juicio a Richard Nixon”.
Después de las últimas noticias, Josh Blackman, profesor asociado de Derecho del Colegio de Leyes del Sur de Texas en Houston, especializado en Derecho Constitucional, calificó las últimas noticias de “problemáticas”.
“Si, de hecho, el presidente le pidió a Comey que abandonara la investigación, podría haber sido de forma inadvertida, pero eso fue un intento de obstruir la justicia”, dijo.
“El Congreso puede definir altos crímenes y delitos menores como quiera, (pero) es totalmente apropiado referirse a las definiciones de crímenes del Código de los Estados Unidos como la obstrucción de la justicia”.