(CNN) – Casi cuatro meses después de llegar a la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está hasta los codos de acusaciones de supuestos delitos y un escándalo potencialmente devastador. La agenda política de Trump está detenida y sus compañeros republicanos, que previamente se habían alineado como un baluarte contra cualquier descuido significativo, están empezando a insinuar sus intenciones de investigar su comportamiento.
El prospecto de juicio político, hasta hace una semana descartado como una quimera entre los liberales frustrados, de repente parece una salida factible. Este miércoles en la tarde, el Departamento de Justicia nombró a un consejero especial para que lleve a cabo la investigación federal sobre los potenciales vínculos entre los socios de Trump y Rusia. Aún así, aún hay un largo camino por recorrer y poca indicación de que los republicanos pudieran considerar ponerse contra el presidente.
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Pero aunque pase, las consecuencias serían casi imposibles de predecir. Sin embargo hay una sola garantía: ambos partidos podrían estar dispuestos, y tal vez obligados, a reconsiderar medidas de las que se ríen hoy.
Entonces no es únicamente el destino de Trump el que está en juego en los próximos días y semanas (y probablemente meses y años). La propia presidencia —la manera en la que los estadounidenses la perciben, el poder que imbuye y cómo los candidatos la persiguen— podría ser alterada dramáticamente si la situación actual termina en una crisis a gran escala.
A continuación cuatro maneras en las que un juicio político a Trump podría afectar dramáticamente el balance de poder en la vida política de Estados Unidos.
1. ¿Habrán nuevos balances en el poder ejecutivo expansivo?
Trata de no reírte.
Las preocupaciones sobre los límites de la autoridad ejecutiva datan de los primeros días de la república. Pero luego del 11S, mientras el Congreso se alejaba cada vez más de la Casa Blanca en asuntos relacionados con la acción militar en el extranjero, la presidencia ganaba poder mientras perdía responsabilidades.
No se trata únicamente de un tema partidista.
El programa de drones del presidente Barack Obama, en particular su ‘kill list’, provocó críticas de republicanos, demócratas, de escuelas de derecho constitucional y de activistas de derechos humanos. Durante su corto periodo Trump ha continuado con las políticas de las eras de George W. Bush y Obama. La mayoría de los miembros del Congreso han estado lo suficientemente felices de darle al presidente una libertad cada vez mayor para lanzar ataques aéreos (como en Siria) y otras operaciones más misteriosas, sin intervenir formalmente.
Aún así, es difícil imaginar que cualquiera de los dos partidos hale las riendas, a menos de que una crisis los ponga en una situación en la que los estadounidenses y la conveniencia política así lo demanden.
Así es como ocurre: si el fiasco de Trump escala y aparece evidencia más condenatoria de supuestos excesos, y su presidencia termina prematuramente, los funcionarios del Capitolio tendrían que verse obligados a invertir la tendencia. Controles más claros sobre el ejecutivo podrían haber prevenido un gran número de controversias recientes.
Por ejemplo: el debate sobre si la Cláusula de emolumentos se aplica a los intereses de negocios de Trump les ha dado toneladas de diversión a los analistas y expertos, pero para la mayoría de la gente ha sido algo confuso. Cualquier legislación bipartidista escrita transparentemente, en lenguaje de 2017, parece ser absurda en el ambiente actual. Pero Estados Unidos, después de un juicio político, podría ser muy diferente.
2. ¿Emplearán los partidos políticos controles más estrictos en sus procesos de nominación?
El Partido Republicano no siempre ha sido “el partido de Trump”. Al principio de las primarias de 2016, las figuras del establishment estaban preocupados por el candidato empresario y hasta dónde su retórica llevaría al partido.
Cuando se volvió más aparente que la respuesta a esa pregunta sería la Casa Blanca, la mayoría de los republicanos se apresuraron a apoyar a Trump. La idea entonces era que, con su apoyo, el presidente podría hacer un cambio sobre su política y su personalidad. Y mientras Trump se dejó convencer de la ortodoxia legislativa del partido republicano, sus problemas personales han puesto en duda a sus mayorías en el Capitolio y en los parlamentos de todo el país.
Aunque ambos partidos quieren que sus procesos de nominación al menos parezcan ser abiertos y accesibles, y hay leyes que ayudan con esta causa, la caída de Trump podría ser usada para vender medidas restrictivas. Las primarias cerradas usualmente tienen el efecto de acordonar el camino para candidatos insurgentes. Pero podría haber más. El Comité Nacional Republicano, por ejemplo, podría alterar sus estatutos para hacer más difícil que cualquier candidato que no se haya registrado en, por ejemplo, 10 años, haga parte de los eventos oficiales del partido.
En conclusión: republicanos y demócratas tendrían que crear estándares y vetos más exigentes para sus potenciales candidatos.
3. ¿Habrá nuevas leyes o costumbres sobre las finanzas de los presidentes entrantes?
Luego del Watergate, los legisladores siguieron la llamada agenda “de buen gobierno”, aceleraron el proyecto de ley de ética y aumentaron las leyes existentes en un esfuerzo por restaurar la confianza del público en sus líderes electos. Aún así, muchos de los problemas de Trump están llenos de preguntas de transparencia e influencia. Si ocurre el proceso de impeachment, medidas similares podrían ser políticamente más atractivas.
Durante su campaña, Trump rechazó o se burló de las costumbres —reglas no escritas, esencialmente— que demandaban a los candidatos hacer públicos sus pagos de impuestos y (alguna) información médica. La ausencia de lo anterior ha hecho casi imposible analizar sus posibles conexiones con Rusia.
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Si el Congreso alguna vez decide pasar una ley exigiendo la divulgación de un mínimo de información financiera para los aspirantes a la Casa Blanca, esta sería la oportunidad. No es una idea completamente loca. Legisladores en 26 estados están considerando o promoviendo una legislación que pueda pedirles a los posibles candidatos cambiar varios años de declaraciones de impuestos a cambio de un lugar en el tarjetón.
El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, recientemente vetó una ley aprobada por los legisladores estatales que habría impedido el acceso a la boleta electoral para aspirantes a la presidencia y la vicepresidencia que no hicieran públicos las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años.
Luego de Trump, implementar esos requerimientos podría ser una manera fácil para que los funcionarios elegidos se ganen el favor del público. (Y no les costaría mucho: Trump, después de todo, fue el primer candidato en décadas en mantener esta información en secreto).
4. ¿Sería un cargo menos ‘impresionante’?
A diferencia de otras democracias que típicamente percibimos que están ofreciendo derechos y protecciones similares, el sistema presidencial estadounidense, a diferencia de los gobiernos parlamentarios de Europa Occidental, enfoca inmensamente su poder en la Casa Blanca: una sola persona, una sola oficina.
En Gran Bretaña, por ejemplo, los primeros ministros dependen del éxito de sus partidos para asumir o retener el poder. En Estados Unidos, por supuesto, ofertas frecuentes dividen el gobierno. En ese sentido, los presidentes —como Obama en los últimos dos años de su presidencia— pueden ganar una influencia desmesurada en un gobierno dominado por sus oponentes políticos.
Que Trump ahora tenga mayorías en ambas cámaras del Congreso no viene al caso. Él, como sus recientes predecesores, es el beneficiario de décadas de poder ejecutivo expandido. La pregunta que sigue es tan relevante para el gobierno como para la cultura popular: ¿deben los estadounidenses tener tanta reverencia por “la oficina presidencial”?
Sin nada más, Trump ha dañado la creencia, empujada infaliblemente por figuras tradicionales del establishment político, que la naturaleza de la presidencia cambia la de sus habitantes
Puesto de manera simple: los presidentes también son personas. El país debe ser prudente en no perder de vista esto.