(CNN Español) – El pasado 18 de abril, con el argumento de que está en marcha un plan auspiciado por el Departamento de Estado de EE.UU. para dar un golpe de Estado en su país, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro activó la fase verde del llamado Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora.
Un mes después, el 17 de mayo, el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López afirmó que por orden de Maduro, y dado que existe un “plan para aterrorizar a la nación”, enviaría 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas de operaciones especiales para activar en el estado Táchira la segunda fase del mismo plan.
En los últimos días, se ha hablado mucho del Plan Zamora en Venezuela. La oposición y organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales han criticado y denunciado su implementación, pues dicen que podría dejar en manos de la justicia militar a los detenidos durante las protestas que se han realizado en los últimos dos meses en ese país.
¿En qué consiste realmente? ¿Por qué algunos le temen? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances?
Máximo plan de seguridad de la nación
“He decidido activar el Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Plan Zamora para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social”, dijo Maduro el 18 de abril.
En esa frase, Maduro resumió su razón de ser.
Aunque no existen documentos oficiales del Ministerio de Defensa ni de la Presidencia en los que se explique en qué consiste el plan, según Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, “es el plan estratégico y operacional que activa la seguridad y defensa de la nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional. Es el máximo Plan de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un periodo de crisis; también se activa para la atención de desastres y calamidades naturales”.
La fase verde se activó tras semanas de protestas y manifestaciones en todo el país por parte de la oposición y del oficialismo, que hasta el momento han dejado al menos 45 muertos. De ahí que muchos hayan relacionado la activación del plan con el incremento de la presencia militar en las calles no solo de Caracas, sino de otras ciudades, como Valencia (Carabobo) y San Cristóbal (Táchira).
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“Inmediatamente debe ser activado el Plan Zamora en su primera fase verde; activar la fase verde del Plan Zamora para derrotar el golpe de Estado, la escalada de violencia y garantizar la paz a Venezuela… ¡a toda Venezuela!”, dijo el presidente.
Maduro señaló ese día que se trata de un plan cívico-militar y que le fue presentado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Pero no era la primera vez que los venezolanos oían hablar del Plan Zamora. El 28 de diciembre del año pasado, desde el estado Carabobo, el presidente anunció que en enero se realizarían una serie de ejercicios cívicos-militares en el marco del Plan Zamora 200. El argumento fue, entonces, que el 2017 sería el año “de expansión de todas las fuerzas especiales, para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra patria de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”.
En los ejercicios, realizados el pasado 14 de enero, participaron miembros de las milicias, compuestas por civiles, de la FANB y distintos cuerpos de seguridad.
¿Respuesta a los saqueos y la violencia?
El pasado 5 de mayo, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides Torres, anunció la activación del Plan Zamora en el estado Carabobo, ante la realización de una nueva jornada de protestas, y un día después dijo que “los responsables de los delitos de ultraje al centinela y a los bienes de la FANB serán juzgados por la Jurisdicción Penal y Militar”.
Según Benavides, el 6 de mayo ya estaban listos “los centros de procesamiento militar” para recibir a los detenidos por “actos vandálicos e instigación a la rebelión”. Los saqueos, de acuerdo con cifras de la gobernación del estado, dejaron más de 135 locales comerciales afectados.
Se produjo “una alteración del orden público en el estado, con una serie de asaltos y acciones vandálicas que obedecen a un plan orquestado por algunos dirigentes políticos del ala radical de la oposición en la entidad, ya plenamente identificados”, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de Carabobo, Carlos Alcántara. Y por eso, dijo, “se ha activado el Plan Zamora en Carabobo donde todos los cuerpos de seguridad e inteligencia del estado, quedan subordinados al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
“En el Plan Zamora tenemos activadas 10 zonas para mantener una constante vigilancia, control, patrullaje, diurnos y nocturnos en diferentes turnos y hemos visto la efectividad de estos patrullajes ya que el enemigo de la Patria, el enemigo terrorista, se ha retirado de la zona de conflicto y lo estamos buscando con la ayuda de nuestro pueblo que ha denunciado a estos individuos”, dijo por su parte el general Jesús Suárez Chourio, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central.
Diez días después, el Plan Zamora llegó al estado Táchira, fronterizo con Colombia, con los 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y las 600 tropas de las fuerzas de operaciones especiales.
El ministro de Defensa Vladimir Padrino justificó la activación del Plan Zamora en Táchira en los “actos de terrorismo” ocurridos el 16 de mayo en ese estado y culpabilizó a “grupos delincuenciales y con el auspicio de la extrema derecha venezolana” de propiciarlos.
Y frente a las críticas por la actuación de los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en las protestas que se han tomado al país, Padrino afirmó: “La Fuerza Armada a través de su componente de la Guardia Nacional Bolivariana ha cooperado como constitucionalmente le corresponde, ha cooperado con el mantenimiento del orden interno, ha salido a las calles con todos los instrumentos que están estandarizados por las Naciones Unidas para atender la contención y la restitución del orden público. No usamos armas de fuego letales, no hay fusiles, no hay pistolas, no hay ametralladoras”.
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¿Civiles juzgados por la justicia militar?
La posible aplicación de la justicia militar a civiles, sobre todo por los delitos de rebelión, es la parte del Plan Zamora que más preocupación ha despertado en varias ONG nacionales (como Foro Penal Venezolano, que además representa a algunos de los detenidos en Carabobo), e internacionales, además de la oposición.
El líder opositor Henrique Capriles, por ejemplo, ha dicho que unos 160 de los más de 1.600 detenidos que han dejado las protestas desde abril pasado llegarían a tribunales militares, y no civiles.
La Constitución de Venezuela, en su artículo 49, dice que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto”.
Y en el artículo 261, sobre la jurisdicción penal militar, dice: “La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
En un informe publicado a finales de abril, Amnistía Internacional aseguró que “el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles en Venezuela pone en jaque el Estado de derecho en el país, violando su constitución y las leyes internacionales”.
En palabras de Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “el uso creciente de tribunales militares para juzgar a civiles demuestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de asfixiar las crecientes protestas y aterrorizar a cualquier persona que contemple la posibilidad de expresar sus opiniones”.
“Con esta decisión, el gobierno venezolano se está alejando aún más de la legalidad. El derecho internacional establece claramente la inadmisibilidad de que se trate a civiles como militares, esto atenta totalmente contra el ejercicio de derechos humanos”, destacó la organización internacional en su reporte.
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En el 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró sobre Venezuela que “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual a su vez se encuentra íntimamente ligado al propio derecho al acceso a la justicia”.
Pero para el ministro del Interior y Justicia Néstor Luis Reverol las detenciones ocurridas en las protestas se justifican pues se trata de “acciones terroristas que no solo han enlutado al estado Carabobo, sino que han instigado a la rebelión”, que califica de “delito penal y militar”.
De cualquier manera, el miedo está latente. En un comunicado publicado el pasado 23 de abril, más de 70 ONG exigieron “la desactivación inmediata del Plan Zamora y el fin de la actuación de ‘colectivos’ armados contra manifestantes” y calificaron la activación del mismo como “la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, junto al empleo de grupos civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, propia de la doctrina de seguridad nacional”.
Con información de Gabriela Matute Urdaneta