(CNN) – Las Fuerzas Armadas de Filipinas han desatado una serie de ataques aéreos en un esfuerzo para recuperar el control total de una ciudad, de mayoría musulmana, que fue invadida la semana pasada por los combatientes afiliados a ISIS.
Más de un centenar de residentes de Marawi, en la isla meridional de Mindanao, han muerto y 70.000 han huido de la ciudad de 200.000 habitantes desde que combatientes del grupo militante islamista de Maute entraron en la ciudad y se enfrentaron con el Ejército y la Policía.
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“Los ataques aéreos de precisión están siendo usados para prevenir daños colaterales y empleados en objetivos específicos de resistencia para proteger a nuestras tropas y acelerar el despeje de la ciudad de elementos terroristas que continúan resistiendo”, dijo este martes el portavoz militar Brigadier General Restituto Padilla, según la agencia de noticias oficial de Filipinas.
El asedio de Marawi se desarrolló a medida que los musulmanes de todo el mundo comenzaron a celebrar el mes sagrado del ramadán. Mindanao tiene una significativa población musulmana, aunque Filipinas es un país predominantemente católico.
Los militantes de Maute incendiaron iglesias y otros edificios al entrar en la ciudad, izando la bandera del autodenominado Estado Islámico al que le juraron lealtad el año pasado.
Tiroteos esporádicos se oyeron durante el día mientras los helicópteros sobrevolaban la ciudad, aseguró un testigo a CNN.
La semana pasada, las familias empacaron sus pertenencias en automóviles y provocaron grandes congestionamientos de tránsito mientras trataban de escapar de los combatientes respaldados por ISIS, aseguraron los residentes a CNN en ese momento.
Zonas de la vecina ciudad de Iligan están bloqueadas, con un toque de queda nocturno, para evitar que los combatientes se muden, según un comunicado publicado en la página oficial de la ciudad en Facebook.
Combates en desarrollo
Informes sugirieron que los combatientes de Maute respaldaban a Isnilon Hapilon, un antiguo líder terrorista designado por ISIS como el emir del grupo para el sudeste asiático, después de haber sido acorralado por la Policía y las fuerzas militares filipinas.
La resistencia continua de los militantes sugirió que Hapilon, por cuya cabeza el FBI ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, todavía estaba en la ciudad, aseguraron las Fuerzas Armadas de Filipinas. Más de 80 militantes han muerto desde que comenzaron los combates, mientras que las bajas en las fuerzas de seguridad alcanzaban a 17 soldados y tres policías, según le aseguró el portavoz de las Fuerzas Armadas de Filipinas, Joar Herrara, a CNN.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dejó ver durante el fin de semana que estaría abierto a aprovechar a grupos rebeldes nacionalistas, que recientemente firmaron acuerdos de paz con el Gobierno, como refuerzos en la lucha contra ISIS.
Duterte declaró la ley marcial sobre la isla de Mindanao, la semana pasada, luego de que comenzara la crisis. “Si esta ley marcial dura y quieren ayudarnos a luchar por la república, los usaré como soldados, con el mismo salario, privilegios, y les construiré casas”, dijo Duterte en un mensaje al Frente Moro de Liberación Islámica y el Frente Moro de Liberación Nacional.
Escape de rehenes
Militantes habían ejecutado a más de una docena de personas, y muchos otros habían sido tomados como rehenes, dijo el Departamento de Defensa Nacional.
Durante los ataques aéreos del Gobierno, este lunes, contra posiciones del grupo de Maute, once rehenes huyeron de un edificio y nadaron a través de un río para llegar hasta donde estaban las tropas del Gobierno en el otro lado, le aseguraron los exrehenes a CNN Filipinas. Un hombre murió tratando de escapar.
Los sobrevivientes dijeron que habían visto a uno de sus compañeros decapitado frente a ellos y se les advirtió que enfrentarían el mismo destino si el Gobierno no cumplía con las demandas del grupo.
Ley marcial
Duterte ha sugerido que podría extender la ley marcial hasta el final del año o imponerlo en todo el país, una posibilidad que ha alarmado a los críticos del Gobierno y sobrevivientes de la dictadura del presidente Ferdinand Marcos.
La Constitución del país sólo permite una declaración de 60 días de la ley marcial, y cualquier extensión debe ser aprobada por el Legislativo.
Este martes, 15 de los 23 senadores firmaron una resolución expresando su apoyo a la declaración existente de Duterte.
Según la resolución, el grupo de Maute había cometido actos que constituyen “el delito de rebelión” y agregó que imponer la ley marcial en la región era “satisfactorio, constitucional y conforme a la ley”.