(CNN Español) – Este 19 de julio entrará en vigor en México la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida en ese país como la Ley 3 de 3, que establece sanciones para servidores públicos y compañías que realicen actos de corrupción como sobornos, tráfico de influencias y malversación de recursos. Pero aún hay controversia por su alcance: este lunes comenzó el proceso de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la constitucionalidad de unos artículos de la ley que determinan el cuánta información deben divulgar los funcionarios y empresas.
La ley, aprobada en el Congreso en julio del año pasado, se enmarca en el Sistema Nacional Anticorrupción y contempla tanto sanciones administrativas como penales, desde multas e inhabilitaciones hasta disolución de la sociedad empresarial.
La norma sanciona a empresas y funcionarios públicos involucrados en casos de sobornos, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de exservidores públicos y acciones para obtener beneficio o ventaja indebidos en contrataciones públicas.
La Ley 3 de 3 fue una iniciativa ciudadana para que los servidores públicos presenten tres documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. La meta es que se se nombren funcionarios de una forma distinta, que estén sujetos a normas contra la corrupción, en la que la sociedad sea corresponsable de los actos, se cree una cultura de la denuncia y se apliquen sanciones útiles.
Los impulsores del proyecto denunciaron que en la versión aprobada por el legislativo no quedaron en los términos planteados por los ciudadanos los artículos 29 (“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”) y 32 (“Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley”).
La Suprema Corte de Justicia analiza la ley después de que diputados del Partido de Acción Nacional Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadanos promovieran una acción de inconstitucionalidad alegando que esos artículos modificados van contra los principios de transparencia que justamente se buscaban para combatir la corrupción. El ministro de la Corte José Ramón Cossío Díaz presentó este lunes una ponencia en la que avala la constitucionalidad de los artículos impugnados, según registraron medios locales. Aún la Corte no vota sobre el caso.
Según el el Índice Global de Competitividad de los países elaborado por el Foro Económico Mundial, México es uno de los países más corruptos del mundo, ocupando el puesto 126 de los 138 países evaluados (peor puesto en el ranking, mayor el nivel de corrupción).
En México la corrupción le cuesta cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB), según la Confederación Patronal de la República Mexicana y afecta la competitividad del país.