(CNN Español) – Para la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro está utilizando una política de represión violenta con el fin de “asfixiar a la disidencia”, de silenciar cualquier voz crítica. Este lunes, cuando se cumplen 101 días de protestas, ininterrumpidas en el país, la entidad elevó una dura denuncia contra los actos perpetrados desde autoridades, identificando además la fórmula de cómo funciona.
“El hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a quienes se tilda de ‘terroristas’, a quienes se les impide manifestarse y contra quienes se usa la violencia y la fuerza ilegítima es prueba de una estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela”, sostuvo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas. Hasta este 10 de julio se reportan 92 personas muertas y más de 1.400 heridos desde que empezaron las protestas.
La organización documentó en qué consiste la violencia estatal impulsada por Maduro y cuáles son sus cuatro métodos.
- Exceso de fuerza: Amnistía Internacional señaló que documentó la violencia con que las fuerzas de seguridad estatales están reprimiendo las protestas críticas del gobierno. “La organización ha podido corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han empleado fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes”, se lee en la denuncia. En este sentido, se agrega que son una “reacción descontrolada por parte de algunos agentes de seguridad”. En el mismo sentido, se reportó el uso de armas de fuego para reprimir las protestas, lo que derivó en personas muertas y heridas.
- Ataques contra personas que no estaban protestando: la organización no gubernamental también indicó que hay registros de “ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas, incluyendo irrupciones violentas masivas por parte de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados y bombas lacrimógenas”. Situación que terminó en daños a vehículos y viviendas y que puso en riesgo la vida de los afectados. Amnistía Internacional recordó que estos dos primeros tipos de uso de fuerza están “prohibidos por el derecho internacional”, pero además resaltó que se han presentado en varias regiones del país, lo que implica que “tienen un carácter más generalizado”.
- Las víctimas son personas identificadas por el gobierno como disidentes: la entidad también reportó que los actos de violencia estuvieron dirigidas específicamente “contra quienes son identificados por las autoridades como disidentes y contra manifestaciones críticas al gobierno”. Contrastando, continúa Amnistía Internacional, con “las manifestaciones de apoyo al gobierno se desarrollan con normalidad y han sido garantizadas por las autoridades, evidenciando que los actos de violencia tienen como objetivo silenciar a la disidencia”.
- Nuevos cuerpos estatales para más represión: según la organización, la implementación de nuevos “mecanismos e instancias del estado para llevar a cabo acciones de represión violenta contra la población” demuestran el desarrollo de una “preparación calculada para la implementación de una política de represión violenta”. Tal es el caso, explica el informe, de la creación del “Comando Antiterrorista y del aumento en la cantidad de miembros y armas de la “milicia bolivariana”.
A la organización también le preocupa el hecho de que se reportaron varios casos de grupos civiles armados “que han atacado a la población civil con la aquiescencia de las autoridades, lo cual también parece vincularse con una misma política estatal de violencia”. De nuevo, dichos actos violentos fueron contra protestas disidentes. “Existen pruebas de que los ataques por parte de estos grupos, denominados comúnmente como “colectivos armados”, se han producido en presencia de las fuerzas de seguridad y que estas no han actuado para proteger a la población”, insiste la denuncia.
Además, Amnistía Internacional resaltó que estas estrategias descritas se inscriben en “un discurso de incitación a la violencia que ha sido promovido y utilizado por el gobierno venezolano para legitimar la violencia como respuesta estándar a cualquier forma de disidencia”. Específicamente, la organización se refirió a los “llamados” de altos funcionarios –incluido el presidente Maduro– de hacer uso de la fuerza. Esto, tras identificar a las voces críticas como “terroristas, enemigos y traidores a la patria”.
“Venezuela atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en su historia reciente. La escalada de violencia patrocinada por el gobierno, y las falta de propuestas de solución viable por parte del Estado para enfrentar las graves afectaciones que sufre la mayoría de la población, incluyendo el acceso a medios de subsistencia esenciales como los alimentos, las medicinas, y todo producto de primera necesidad están generando una crisis sin precedentes en todo el continente”, concluyó Guevara-Rosas, antes de urgir al gobierno a atender la situación de los venezolanos en vez de “instaurar un régimen de represión y violencia”.
Por su parte, el presidente Maduro explicó el pasado 22 de junio, dos días después de la muerte de Fabián Urbina quien murió cuando recibió un disparo por parte de un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, que “la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico. Y lo debe seguir haciendo: sin armas de fuego, están prohibidas, sin escopeta de perdigones, están prohibidos. Con agua y el gasecito lacrimógeno que están permitidos solamente”. Por eso, consideró que “si no se puede usar armas de fuego, no se puede disparar, solo usar mecanismos de agua y gases lacrimógenos, es raro que venga alguien a tomarse una foto con un arma en la mano”.
Añadió que si hay un solo caso, “como lo ha habido, al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades. Y yo he ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración”. También sostuvo que la violencia y los muertos “es muy doloroso” y que continúa extendiendo su “condolencia a todos los caídos”.
Cuando el pasado 14 de junio pidió la intermediación del papa Francisco, Maduro sostuvo: “Basta ya de tanta violencia: necesario es darle un chance a la paz sin trampas, sin dobleces”. En la carta al Vaticano, que fue entregada al nuncio Apostólico Aldo Giordano, el mandatario aseguró que hay “acciones vandálicas” de “las fuerzas de las tinieblas” que anhela una “intervención militar estadounidense”.
Sin embargo, el 27 de junio Maduro indicó, luego de que un helicóptero de la policía atacara el Tribunal Supremo de Venezuela: “Aspiro a que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte: si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas”.
Por último, Amnistía Internacional advirtió que si estos métodos de represión no son suspendidos de manera inmediata, los responsables podrán ser llevados antes la justicia penal internacional. En especial, cuando se avecinan las elecciones de la Asamblea Constituyentes, que fueron convocadas para el próximo 30 de julio.