(CNN Español) – La Asamblea Constituyente propuesta por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro como solución para devolverle la paz al país y sacarlo de la crisis política e institucional en la que se encuentra desde hace varios meses, no solo ha levantado críticas de la oposición venezolana e incluso de un grupo de chavistas opositores llamados Chavistas Críticos. También ha despertado voces en contra de parte de varios gobiernos e instituciones en el extranjero.
La más reciente fue la del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, quien este lunes a través de su cuenta de Twitter afirmó que “para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la Constituyente”.
Según Maduro, una Constituyente tendría el poder de reconciliar al país. Sin embargo, la oposición ha rechazado la propuesta pues dice que sus miembros serían elegidos sin elecciones y no representaría la voluntad del pueblo venezolano.
El pasado 21 de junio, El Vaticano también criticó la Constituyente. En una declaración del arzobispo Bernardito Auza, observador permanente de la Santa Sede en la OEA, entregada ese día en Cancún previo a una asamblea del organismo, se aseguró que “en vez de ayudar a solucionar los problemas, presenta el riesgo de complicarlos ulteriormente y hace peligrar el futuro democrático” de Venezuela.
En esa Asamblea de la OEA no se logró consenso para emitir una declaración conjunta sobre la crisis en Venezuela.
Unas semanas antes, el 8 de junio, un grupo de obispos de Venezuela se reunió con el papa Francisco para entregarle un informe sobre la crisis del país. Y la Santa Sede había respondido una carta de un grupo de expresidentes de Latinoamérica preocupados por la crisis venezolana, resaltando la importancia de realizar elecciones “constitucionalmente previstas”, refiriéndose a las elecciones de gobernadores y alcaldes, retrasadas desde el 2016.
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A principios de mayo, fue el Departamento de Estado de Estados Unidos el que se pronunció al respecto. “La comunidad internacional hoy está preocupada sobre si esta Asamblea Constituyente será un esfuerzo genuino para conseguir un consenso nacional o, al menos, un legítimo camino hacia delante. Eso es lo que Venezuela necesita, eso es lo que las elecciones proveen”, dijo el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick.
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Naciones Unidas también se sumó a las voces críticas, la primera semana de mayo. Según la vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU Ravina Shamdasani cualquier cambio en la Constitución de ese país “debe ser transparente e incluyente”.
“Cualquier proceso constitucional, cualquier reforma que sea propuesta por el presidente (Nicolás Maduro) o por otros sólo puede tener éxito y resultados duraderos si es transparente e incluyente, si tiene en cuenta todas las opiniones políticas y sociales y si adopta los elementos esenciales de la democracia y busca proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dijo Shamdasani durante en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).
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Críticas de cancilleres
Las críticas más fuertes por parte de cancilleres de la región a la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente han venido de Argentina, Brasil y Chile.
En el primer caso, según la agencia estatal de noticias Télam, la entonces canciller argentina Susana Malcorra dijo el 2 de mayo pasado que convocar una Constituyente en este momento, “como están dadas las circunstancias, es casi como echar nafta (gasolina) al fuego”.
En el caso de Brasil, el canciller Aloysio Nunes Ferreira calificó la Constituyente propuesta por Maduro como “un golpe, un momento más de ruptura del orden democrático contrariando a la propia Constitución venezolana”.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile Heraldo Muñoz, también citado por Télam, señaló en una rueda de prensa que el problema de la Constituyente es que no se conformaría a través del sufragio universal, sino de la representación de sectores sociales, y eso implicaría la disolución de la Asamblea Nacional, que fue elegida por el pueblo a través de las urnas.
Sus palabras, así como las de Malcorra, fueron respondidas por la entonces canciller de Venezuela Delcy Rodríguez.
Pero no todo han sido voces adversas en el extranjero.
El pasado 26 de junio, durante la realización del Congreso Sandinista Nacional, el gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega aseguró que defiende el proceso de Asamblea Nacional Constituyente propuesto por Maduro, y a principios de mayo, el presidente de Bolivia Evo Morales aseguró que es el pueblo de Venezuela el que debe decidir su futuro, “respetando su Constitución, sin intromisión ni intervención externa”.
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El pasado 1 de mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que tendría el poder de reorganizar los poderes del Estado e incluso podría redactar una nueva Constitución, que reemplace a la que rige al país desde 1999, con Hugo Chávez en el poder.
Según Maduro, una Constituyente tendría el poder de reconciliar al país, profundamente polarizado, y hacer que la paz regrese a Venezuela. “Vamos a elegir libremente a través del voto universal, secreto y directo una Asamblea Nacional Constituyente, en las próximas semanas (…) Es la única convocatoria constitucional y legal que hay hoy por hoy en el país. Nosotros somos la constitucionalidad y legalidad, ellos son la violencia”, dijo Maduro cuando presentó la propuesta, en alusión a los miembros de la oposición.
Estos últimos, precisamente, han rechazado la propuesta, asegurando que el Gobierno busca “elegir a la gente que quiere sin elecciones” para integrar esa Constituyente y que sería “amañada” y no representaría la voluntad del pueblo venezolano.
Maduro anunció que la elección de los miembros de la Constituyente será el próximo 30 de julio.
Entretanto, la oposición convocó un plebiscito sobre la Asamblea Constituyente para el próximo domingo 16 de julio, aprobado por la Asamblea Nacional pero no por las autoridades electorales del país.
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Las manifestaciones, tanto de la oposición como de seguidores del Gobierno, se intensificaron a principios de abril pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que asumiría las competencias del Parlamento (Asamblea Nacional), de mayoría opositora, al que declaró en “desacato”. Sin embargo, el TSJ luego se retractó y dio marcha atrás a la decisión.
Según el Ministerio Público, los más de tres meses de protestas han dejado ya al menos 93 muertos y más de 1.400 heridos.
Además de la crisis política, Venezuela vive desde hace varios meses una profunda crisis social y económica, que incluye la escasez de productos básicos y una hiperinflación que no se detiene.