(CNEspañol) – A más de año y medio del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, quienes luchan por que los responsables encaren a la justicia dicen que aún hay vacíos en la investigación.
La desconfianza en el sistema judicial de Honduras, ha impulsado a que allegados y abogados de la luchadora por los derechos ambientales exijan transparencia en las pesquisas ante las sospechas de que no se logrará justicia en este caso, y de que las investigaciones por parte de las autoridades en Honduras no se han realizado adecuadamente.
En un informe que se divulgará al público este martes, del que CNN obtuvo una copia, el grupo Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas conocido como GAIPE, dará a conocer documentos y el análisis de entrevistas que realizaron en Honduras. GAIPE asegura que han podido encontrar datos que podrían dar con posibles autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
GAIPE surge tras la unión de varios expertos quienes sintieron el malestar de activistas y familiares de Cáceres con las autoridades al solicitar una investigación independiente al Estado, petición que al parecer no fue atendida por lo que el grupo asesor inició la cruzada de indagar más acerca de la muerte de Berta Cáceres.
La conclusión del informe es que este asesinato no fue un hecho aislado. Según GAIPE, tienen las evidencias para demostrar “la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA (Empresa Desarrollos Energéticos S.A) en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres”.
En el informe también se dan a conocer presuntas irregularidades en la contratación de la empresa DESA para la realización de la represa a la que se oponía Cáceres.
DESA es la empresa que tiene el contrato en Honduras, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La empresa niega su implicación en el asesinato y en cualquier delito.
Cáceres denunció en varias oportunidades que era víctima de amenazas, sin embargo, nada pudo detener que el 3 de marzo del año 2016 dos hombres entraran a su vivienda en el departamento de Intibucá, Honduras y le dispararan en seis oportunidades quitándole la vida a la activista más reconocida de Honduras.
El estado hondureño ha logrado la detención de 8 personas relacionadas con el asesinato y todas las pruebas que implican a los señalados son fundamentadas en registros telefónicos, correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros. Actualmente los ocho implicados están acusados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de tentativa. Cuatro de ellos son exmilitares y uno era un técnico ambientalista del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (DESA). El 13 de junio un juez determinó elevar a juicio oral y público para cuatro de los implicados y está pendiente la fecha de inicio del mismo. Los otro cuatro están pendientes de que su caso se eleve a juicio oral y público.
Pero para el grupo de abogados de la familia Cáceres, esto no es suficiente.
En este ambiente, más de 120 activistas ambientales han sido asesinados en Honduras desde 2010, por lo que es el país más peligroso del mundo para los activistas del medio ambiente, de acuerdo con Global Witness, una ONG dedicada a exponer la corrupción en la explotación de recursos naturales y de sistemas internacionales de comercio.
Cáceres cofundó en 1993 el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), una organización para “abordar las crecientes amenazas a las comunidades lenca por tala ilegal, y para luchar por sus derechos territoriales y mejorar sus vidas”, describe la página web del premio Goldman.
El premio Nobel de la Paz en 1980 Adolfo Pérez Esquivel dijo que el asesinato es “muy triste” y aseguró que “esto se hace con total impunidad de un gobierno que aparentemente parece democrático pero es una dictadura absoluta”.